Presentan denuncia contra “Patrulla Espiritual” tras intervención con mujer trans en Tijuana

-Editorial

Una denuncia penal por presunta privación ilegal de la libertad fue presentada contra el grupo conocido como “Patrulla Espiritual” tras una intervención relacionada con una mujer trans en Tijuana, Baja California, de acuerdo con declaraciones realizadas durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

El caso ha generado amplia atención pública en los últimos días luego de que circularan en redes sociales videos donde aparecen integrantes de la organización interviniendo con una mujer trans en un centro de rehabilitación en Tijuana. Las grabaciones provocaron críticas de organizaciones LGBTQ+, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad, quienes cuestionaron la legalidad y el trato mostrado en los videos.

Durante la conferencia de prensa, la fiscal general de Baja California, Ana María Andrade Ramírez, confirmó que la Fiscalía abrió una investigación tras recibir una denuncia por presunta privación ilegal de la libertad y cualquier otro delito que pudiera derivarse de las indagatorias.

“Hay una denuncia radicada por privación ilegal de la libertad y lo que resulte de la investigación”, declaró Andrade durante la conferencia. Añadió que los investigadores están solicitando información a diversas autoridades involucradas actualmente en el caso, incluyendo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California y autoridades de salud.

Andrade señaló que la denuncia fue presentada por el representante de un colectivo, aunque evitó identificar públicamente a la organización. También indicó que familiares de la mujer trans participarán como parte del proceso de investigación.

La fiscal agregó que las autoridades revisan si existen denuncias previas contra “Patrulla Espiritual” u otras organizaciones relacionadas con centros de rehabilitación que operan en Baja California.

La controversia gira en torno a señalamientos contra “Patrulla Espiritual”, agrupación encabezada por Jesús Ignacio Osuna Torres, conocido como “El Chiquilín”. En un posicionamiento público, el Comité Orgullo Mexicali acusó a la organización de cometer presuntas violaciones a los derechos humanos y realizar prácticas similares a las terapias de conversión, conocidas en México como ECOSIG.

La organización afirmó que integrantes del grupo sometieron a la mujer trans a humillaciones e intentaron suprimir su identidad de género mediante cambios forzados en su apariencia y exposición pública en redes sociales. Comité Orgullo Mexicali calificó las acciones como violencia psicológica y solicitó sanciones penales contra los responsables.

El colectivo también señaló que “Patrulla Espiritual” realiza retiros forzados de personas con problemas de adicciones o crisis de salud mental sin autoridad legal ni supervisión regulatoria. Asimismo, exigió investigaciones sobre posibles apoyos institucionales o financiamiento público hacia la agrupación.

Durante la misma conferencia, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, informó que la comisión abrió un expediente de investigación tanto de oficio como en respuesta a solicitudes presentadas por colectivos y organizaciones civiles.

Ochoa explicó que la comisión emitió medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Salud de Baja California con el objetivo de proteger la integridad física y los derechos humanos de la mujer trans involucrada en el caso.

Detalló que personal de la comisión acudió al centro de rehabilitación y entrevistó directamente a la mujer. Según Ochoa, ella manifestó encontrarse físicamente bien y estar siendo tratada con respeto.

“Lo importante ahorita es que la persona está bien”, expresó Ochoa durante la conferencia.

Añadió que el personal de la comisión continúa recabando información sobre las condiciones dentro del centro, incluyendo el lugar donde permanece alojada la mujer y si se están respetando los protocolos relacionados con sus derechos humanos.

Ochoa también confirmó que otra persona presentó una queja ante la comisión aproximadamente dos semanas antes, denunciando presuntos actos de violencia mientras permanecía en el mismo centro de rehabilitación. Indicó que, aunque la comisión puede investigar posibles violaciones a derechos humanos, las investigaciones penales corresponden a la Fiscalía.

El titular de la comisión enfatizó que las personas con problemas de consumo de sustancias conservan plenamente sus derechos constitucionales y humanos.

“El hecho de que una persona esté afectada por el consumo de sustancias no suspende sus derechos”, afirmó Ochoa. “Al contrario, se tienen que activar para proteger su derecho al libre tránsito y a la integridad física.”

También se recordó que las regulaciones federales que rigen los centros de rehabilitación en México obligan a estas instalaciones a cumplir con normas oficiales de salud y lineamientos de atención.

La controversia en torno al caso también generó preocupación entre integrantes de la prensa. En un posicionamiento separado, la Red de Periodistas de Mexicali condenó las amenazas dirigidas contra periodistas y comunicadores que informaron sobre el caso relacionado con la mujer trans.

La organización señaló que, independientemente de diferencias políticas o ideológicas, ningún periodista debe enfrentar amenazas de muerte o intimidaciones por informar sobre asuntos de interés público. El colectivo pidió a las autoridades investigar cualquier amenaza contra miembros de la prensa y reforzar acciones para combatir la violencia y el acoso digital.

Durante la conferencia de la gobernadora, se confirmó que el mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos de Baja California activó medidas de seguridad en respuesta a amenazas reportadas por al menos un periodista relacionado con la cobertura del caso.

De acuerdo con las declaraciones realizadas en la conferencia, las medidas incluyen una evaluación de riesgo, apoyo de seguridad temporal por hasta 30 días, instalación de un botón de pánico y monitoreo de seguimiento por parte de las autoridades. También se informó que la policía cibernética de Baja California colaborará en la investigación de amenazas realizadas mediante redes sociales o plataformas digitales.