México bajo fuego: una ola de asesinatos sacude al periodismo y amenaza la libertad de expresión

-Editorial

El periodismo no nació para complacer al poder; nació para cuestionarlo. Su razón de ser es investigar, revelar lo que otros intentan ocultar, exigir rendición de cuentas y convertirse en la voz de quienes no siempre tienen acceso a los reflectores. En una democracia, la prensa libre representa uno de los contrapesos más importantes frente a los abusos de autoridad, la corrupción y la expansión del crimen organizado.

Pero en México, ejercer ese derecho fundamental continúa siendo una profesión de alto riesgo. Para muchos periodistas, informar se ha convertido en una actividad que puede costar la vida.

Existe una frase que durante décadas ha circulado dentro del gremio periodístico: “Nunca he conocido a un periodista con mal corazón; la mayoría son personas extraordinarias, idealistas, que creen que pueden cambiar el mundo.” Y quizá esa sea una de las mayores verdades sobre esta profesión. Detrás de cada reportero que sale a investigar una historia, de cada fotógrafo que documenta una realidad incómoda y de cada comunicador que cuestiona al poder, existe una convicción profunda: que una sociedad puede mejorar cuando la verdad sale a la luz.

Precisamente por esa misión, los periodistas siguen siendo blanco de violencia.

Con el asesinato del periodista oaxaqueño Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido el 22 de julio de 2026 en San Pablo Etla, Oaxaca, México enfrenta un nuevo capítulo de una crisis que durante décadas ha colocado al país entre los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de una zona de guerra.

Organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) han señalado de manera recurrente que México mantiene niveles alarmantes de violencia contra comunicadores, marcados por asesinatos, desapariciones, amenazas e impunidad. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF ubica al país entre los peores evaluados del continente americano debido a la violencia sistemática, la falta de justicia y las presiones ejercidas por grupos criminales y actores políticos.

Un verano marcado por sangre y silencio

La violencia contra periodistas registró un preocupante incremento durante el verano de 2026, con múltiples asesinatos y desapariciones en distintas regiones del país.

Entre los casos documentados se encuentran:

• 12 de junio: Luis Ángel López Valdez fue asesinado en Poza Rica, Veracruz.
• 7 de julio: El periodista independiente y activista ambiental Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como “Alex Serna”, fue asesinado en Zihuatanejo, Guerrero.
• 16 de julio: Josué Martínez fue asesinado en San Martín Texmelucan, Puebla.
• 22 de julio: Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue privado de la vida en San Pablo Etla, Oaxaca.
• La periodista Roxana Ramírez, directora del medio digital Pulso Informativo Nanchiteco, quien había sido secuestrada el 2 de junio, fue localizada sin vida en un rancho del sur de Veracruz.

A estos casos se suma el asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido el 12 de enero en Poza Rica, Veracruz, aumentando la preocupación de organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

La trayectoria de un periodista comprometido

Francisco Alejandro Leyva Aguilar no era solamente un comunicador reconocido en Oaxaca. Su trayectoria representaba años de compromiso con el análisis político y la formación periodística.

Fue director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), autor de la columna política El Zumbido del Moscardón, maestro en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de Alcalá de Henares y egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

En 2024 recibió el Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón”, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (CONALIPE).

Desde noviembre de 2025 se desempeñaba como Secretario de Relaciones Exteriores de FAPERMEX, participando en iniciativas de cooperación periodística internacional y en proyectos para fortalecer al gremio.

Su asesinato provocó una condena inmediata entre periodistas y organizaciones nacionales.

“Una afrenta contra la democracia”

FAPERMEX y CONALIPE calificaron el homicidio como “una afrenta directa a la democracia y a la libertad de prensa”, al señalar que Leyva Aguilar ejercía un periodismo crítico y analítico sobre temas de interés público.

Ambas organizaciones exigieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) agotar todas las líneas de investigación y considerar su labor periodística como posible móvil del crimen.

Asimismo, demandaron acciones reales de protección para periodistas en los tres niveles de gobierno y reiteraron un mensaje que se ha convertido en una exigencia histórica del gremio: las balas no pueden convertirse en la forma de censurar la verdad.

El caso fue turnado también a la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (CIAP) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) para seguimiento internacional.

Una deuda pendiente con la libertad de prensa

Las cifras muestran la gravedad de la crisis.

De acuerdo con los registros de FAPERMEX y CONALIPE, tras el asesinato de Francisco Alejandro Leyva Aguilar:

• Durante la actual administración federal se contabilizan 18 homicidios de periodistas, además del hallazgo del cuerpo de un comunicador desaparecido desde 2019 y una desaparición forzada.
• Desde el año 2000, se documentan 345 asesinatos relacionados con la libertad de expresión, incluyendo periodistas, locutores, trabajadores de prensa, familiares, amigos de comunicadores y escoltas.
• Desde 1983, el monitoreo acumula 411 asesinatos vinculados al ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

La violencia también se manifiesta mediante amenazas, desplazamientos forzados, agresiones físicas, ataques digitales y campañas de intimidación que, en la mayoría de los casos, no llegan a una sentencia.

La impunidad —señalada por diversos organismos como superior al 90% en delitos contra periodistas— continúa siendo uno de los principales factores que permiten que estos crímenes se repitan.

Cuando matan a un periodista, pierde la sociedad entera

El asesinato de un periodista no representa únicamente la pérdida de una persona. Representa la desaparición de una mirada crítica, de una investigación pendiente, de una historia que quizá nunca será contada.

Cada periodista silenciado por la violencia significa una sociedad con menos información, menos transparencia y menos herramientas para exigir justicia.

La libertad de expresión no es un privilegio de quienes ejercen el periodismo; es un derecho colectivo. Una democracia no puede fortalecerse cuando quienes tienen la responsabilidad de informar son asesinados por cumplir con su trabajo.

México enfrenta una deuda histórica con sus periodistas. La respuesta no puede limitarse a discursos de condena después de cada asesinato. Se necesitan investigaciones efectivas, justicia, protección y condiciones reales para ejercer una profesión indispensable.

Porque cuando un periodista muere por informar, no solamente pierde una familia, un medio o un gremio,

¡La democracia también pierde!