La disputa por los centros de datos da un giro en los tribunales: ¿qué sigue?

-Editorial

Un juez de la Corte Superior del Condado Imperial ha fallado tentativamente que dos ordenanzas del condado que restringían el desarrollo de centros de datos no cumplían con los requisitos estatales, lo que deja al condado ante la decisión de adoptar una moratoria revisada, implementar otras regulaciones de uso de suelo o permitir que las solicitudes afectadas continúen bajo las normas vigentes.

El juez Jeffrey B. Jones emitió el fallo tentativo el 21 de agosto en un caso presentado por Imperial Valley Computer Manufacturing LLC contra el Condado Imperial y la Junta de Supervisores del Condado de Imperial.

El caso involucró las Ordenanzas Núm. 1616 y 1618, que restringían temporalmente el desarrollo de centros de datos mientras el condado consideraba cambios a sus regulaciones de uso de suelo.

Conforme a la Sección 65858(c) del Código de Gobierno de California, una ordenanza de urgencia debe incluir conclusiones que establezcan que existe una amenaza actual e inmediata para la salud, la seguridad o el bienestar público, y que la aprobación de los permisos o autorizaciones correspondientes daría lugar a dicha amenaza.

Jones determinó que la Ordenanza 1616 identificaba posibles conflictos entre el desarrollo de centros de datos y las regulaciones de uso de suelo propuestas, pero no establecía que la aprobación de permisos generaría la amenaza requerida por la ley.

El juez llegó a una conclusión similar respecto de la Ordenanza 1618, que citaba varias solicitudes pendientes para centros de datos y señalaba que el desarrollo era inminente, pero no explicaba cómo la aprobación de esas solicitudes generaría una amenaza actual e inmediata.

El fallo concede la petición de la empresa para obtener un auto de mandato judicial y ordena al condado dejar sin efecto y suspender la aplicación de las dos ordenanzas.

La Corte no determinó si los proyectos de la empresa deben ser aprobados o rechazados, ni qué regulaciones de zonificación se aplican a las solicitudes. También rechazó la petición de la empresa para que se ordenara al condado procesar sus solicitudes de una manera específica.

Jones tampoco se pronunció sobre los argumentos restantes de la empresa, incluidos los relacionados con la Ley de Agilización de Permisos (Permit Streamlining Act) y las solicitudes que anteriormente habían sido consideradas completas, debido a que la determinación sobre la Sección 65858(c) fue suficiente para resolver el caso.

El condado informó que está preparando una nueva propuesta de moratoria para los centros de datos que será presentada a consideración de la Junta de Supervisores.

Una ordenanza de urgencia revisada tendría que abordar las deficiencias identificadas por la Corte y cumplir con los requisitos estatales para demostrar la existencia de una amenaza inmediata.

El condado también podría considerar regulaciones permanentes de zonificación u otros estándares de desarrollo, que podrían seguir un proceso legal diferente. Otra opción sería permitir que las solicitudes afectadas continúen bajo las regulaciones que les sean aplicables mientras se consideran cambios de largo plazo en las políticas de uso de suelo.

El fallo de la Corte no establece qué regulaciones rigen actualmente las solicitudes pendientes.

“La Junta entiende la necesidad de abordar este asunto de manera cuidadosa y responsable”, dijo Peggy Price, presidenta de la Junta de Supervisores. “Nuestra prioridad es garantizar que cualquier medida que se presente para consideración sea bien pensada, legalmente sólida y responda a las preocupaciones que se han planteado”.

El condado informó que está revisando el fallo, los requisitos de la ley estatal y el posible efecto de los litigios pendientes sobre sus opciones y el momento para tomar nuevas medidas.

El fallo se produjo después de una audiencia celebrada el 28 de julio en el Departamento 5 de la Corte Superior del Condado Imperial. La Corte indicó que el asunto concluyó en menos de un día judicial y que no se había solicitado una declaración de decisión. La parte demandante recibió la instrucción de preparar la propuesta de sentencia.

El fallo tentativo aborda la legalidad de las dos ordenanzas de urgencia, pero no resuelve el debate más amplio sobre el desarrollo de centros de datos en el Condado Imperial ni determina el resultado de las solicitudes pendientes.