Juez ordena reembolsos a empresas que pagaron aranceles anulados por la Corte Suprema

-Editorial

Un juez federal dictaminó que las empresas que pagaron aranceles posteriormente anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos tienen derecho a recibir reembolsos, una decisión que podría significar el retorno de decenas de miles de millones de dólares a los importadores y representa un revés para la administración de Donald Trump.

El juez Richard K. Eaton, de la Corte de Comercio Internacional de EE. UU., indicó que los importadores que pagaron aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) deben beneficiarse del fallo de la Corte Suprema, que determinó que el presidente carecía de autoridad bajo esa ley para imponer aranceles generales.

En su resolución de marzo, Eaton afirmó que “todos los importadores registrados” que pagaron aranceles bajo la ley de poderes de emergencia tienen derecho a reembolsos por parte de las autoridades aduaneras estadounidenses. Analistas estiman que los pagos podrían alcanzar hasta 175 mil millones de dólares, dependiendo de cómo se procesen las reclamaciones y cuáles aranceles sean considerados reembolsables.

La disputa se originó a partir de una serie de aranceles anunciados por Trump a inicios de 2025 sobre importaciones de varios países, incluidos Canadá, México y China. La administración argumentó que los aranceles estaban justificados bajo la IEEPA, una ley de 1977 que permite al presidente regular ciertas transacciones económicas durante emergencias nacionales.

Empresas, cámaras comerciales y varios estados impugnaron los aranceles, sosteniendo que la ley no autoriza al Ejecutivo a imponer impuestos sobre importaciones y que la autoridad para fijar aranceles corresponde al Congreso.

Dos demandas importantes —Learning Resources Inc. v. Trump y Trump v. V.O.S. Selections Inc.— avanzaron en los tribunales federales en 2025. En mayo, la Corte de Comercio Internacional dictaminó que los aranceles excedían la autoridad presidencial y bloqueó su aplicación de manera permanente. Posteriormente, la Corte de Apelaciones confirmó la decisión del Circuito Federal. La administración Trump apeló ante la Corte Suprema, que aceptó los casos consolidados y programó las audiencias orales para noviembre de 2025.

Durante los argumentos, varios jueces cuestionaron si la IEEPA proporcionaba una base legal para los aranceles. Analistas legales señalaron que miembros de las corrientes conservadora y liberal del tribunal mostraron escepticismo ante la interpretación de la administración.

El 20 de febrero, la Corte Suprema emitió su fallo, determinando que la IEEPA no otorga al presidente autoridad para imponer aranceles. La opinión mayoritaria, escrita por el presidente del tribunal John Roberts y respaldada por seis jueces, concluyó que el lenguaje de la ley que permite al presidente “regular” la importación no se extiende a la imposición de impuestos o gravámenes. Roberts señaló que la ley “no contiene ninguna referencia a aranceles o gravámenes” y advirtió que interpretarla para conceder tal autoridad permitiría al presidente imponer aranceles de alcance ilimitado sin autorización clara del Congreso.

El fallo confirmó la decisión del tribunal inferior en el caso V.O.S. Selections y desestimó el caso Learning Resources por cuestiones de jurisdicción, determinando que los litigios sobre aranceles corresponden exclusivamente a la Corte de Comercio Internacional.

Aunque la Corte Suprema invalidó los aranceles, no precisó cómo se deben manejar los pagos ya recaudados. La resolución de Eaton aclara que los importadores tienen derecho a solicitar reembolsos.

Las implicaciones financieras podrían ser considerables. Para septiembre de 2025, el gobierno de EE. UU. había recaudado aproximadamente 90 mil millones de dólares en aranceles asociados a la política, según registros judiciales y reportes gubernamentales. Miles de empresas ya habían presentado demandas para recuperar pagos antes y después del fallo de la Corte Suprema. Bloomberg News informó que, para fines de febrero de 2026, se habían presentado más de 2,000 reclamaciones para recuperar aranceles pagados.

Expertos legales señalan que el proceso de reembolso podría tomar años, mientras los tribunales determinan cómo se procesarán las reclamaciones y si ciertos aranceles requieren acciones legales adicionales para su recuperación.

El fallo también plantea preguntas más amplias sobre la autoridad presidencial en política comercial. Aunque el Congreso ha otorgado ciertos poderes a los presidentes para imponer aranceles bajo estatutos específicos, los tribunales han enfatizado que la autoridad para gravar recae finalmente en la rama legislativa.

Tras el fallo, la administración Trump indicó que podría implementar aranceles por otras vías legales explícitamente autorizadas por el Congreso, incluyendo disposiciones de la Ley de Expansión Comercial de 1962 y la Ley de Comercio de 1974. Estas leyes permiten aranceles en circunstancias limitadas, como preocupaciones de seguridad nacional o prácticas comerciales desleales, pero requieren investigaciones por agencias federales y establecen límites temporales.

Las reacciones políticas al fallo han sido mixtas. Algunos legisladores de ambos partidos apoyaron la decisión como un reafirmamiento de la autoridad del Congreso sobre impuestos y política comercial, mientras que otros la criticaron por limitar la capacidad del presidente para responder rápidamente a amenazas económicas y de seguridad nacional.

Se espera litigio adicional a medida que las empresas continúen buscando reembolsos y los tribunales determinen cómo deben administrarse. Economistas y expertos en comercio consideran que el resultado podría tener efectos duraderos sobre el equilibrio de poder entre el Congreso y la presidencia en la política comercial de Estados Unidos.