
IID impulsa proyecto de conservación en el Canal Todo Americano y respalda legislación clave sobre agua y litio
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-Editorial
La Junta Directiva del Distrito de Riego Imperial (IID, por sus siglas en inglés) revisó los avances de una importante iniciativa de conservación del agua en el Canal Todo Americano (All-American Canal), al tiempo que adoptó posturas oficiales sobre diversas propuestas legislativas estatales y federales relacionadas con la calidad del agua, la producción de litio y la restauración ambiental.
Como parte de su Programa de Conservación del Sistema, el Departamento de Agua del IID continúa evaluando la viabilidad de construir hasta nueve pozos de recuperación de filtraciones (seepage recovery wells) junto a un tramo sin revestimiento del Canal Todo Americano. El objetivo del proyecto es captar el agua que se filtra cerca de la superficie, a profundidades de entre cero y 180 pies, para fortalecer el suministro de agua destinado a los sectores agrícola, industrial y doméstico en el Valle Imperial.
De acuerdo con personal del IID, el proyecto podría recuperar un rendimiento neto estimado de aproximadamente 22,000 acres-pie de agua conservada al año, proporcionando una fuente adicional de abastecimiento a largo plazo conforme continúa creciendo la demanda de agua en la región.
El área propuesta para la instalación de los pozos se ubica dentro de una zona de aproximadamente 1,900 acres de vegetación de humedales, por lo que la evaluación de los posibles impactos ambientales constituye uno de los componentes más importantes del proyecto. Funcionarios del distrito señalaron que los efectos potenciales sobre este hábitat sensible continúan siendo analizados.
Debido a que el proyecto se desarrollaría en terrenos administrados por la Oficina de Reclamación de Estados Unidos (U.S. Bureau of Reclamation), deberá cumplir con los procesos de revisión establecidos por la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA). La Oficina de Reclamación fungirá como agencia líder para la revisión ambiental federal, mientras que el IID será responsable del proceso conforme a la CEQA. La Evaluación Ambiental y la documentación correspondiente serán elaboradas una vez concluidos los estudios técnicos y los análisis ambientales.
El personal del distrito informó que los trabajos de modelación y verificación de las filtraciones presentan un avance cercano al 90 por ciento. Los resultados preliminares indican que uno de los escenarios evaluados podría afectar hasta 900 acres de humedales; sin embargo, será necesario realizar estudios adicionales antes de emitir conclusiones definitivas.
Con el propósito de perfeccionar la evaluación ambiental, el IID estima que será necesario invertir 39,000 dólares adicionales para desarrollar un modelo que represente el escenario más favorable y permita definir con mayor precisión el rango de impactos potenciales sobre la vegetación de los humedales y el hábitat asociado. Funcionarios señalaron que esta información permitirá tomar decisiones mejor fundamentadas antes de iniciar una evaluación hidrológica más detallada.
La siguiente fase del proyecto requerirá trabajos de campo complementarios, pruebas adicionales en los pozos y monitoreo de aguas subterráneas, con un costo estimado superior a los 300,000 dólares. Los resultados permitirán cuantificar los impactos ambientales y determinar las medidas de mitigación que serían necesarias antes de avanzar con el proyecto.
Junta adopta posiciones sobre iniciativas legislativas
En una acción por separado, la Junta Directiva aprobó formalmente su postura respecto a diversas iniciativas estatales y federales, en concordancia con sus prioridades legislativas para el periodo 2021-2022.
Entre las propuestas analizadas se encuentra la Asamblea Bill 377 (AB 377), presentada por el asambleísta Robert Rivas, la cual exige que todas las aguas superficiales de California sean aptas para la pesca, la natación y el consumo humano a más tardar el 1 de enero de 2050. La iniciativa también impediría que los organismos reguladores autoricen determinadas descargas que contribuyan al incumplimiento de los estándares de calidad del agua, además de establecer nuevos mecanismos de aplicación y sanciones. El IID votó en contra de la propuesta.
La Junta también manifestó su respaldo a la Assembly Bill 1397 (AB 1397), presentada por el asambleísta Eduardo García y conocida como la Ley de la Economía del Litio. La propuesta busca fortalecer la cadena de suministro de litio producida en California al exigir que los contratistas estatales que adquieran vehículos eléctricos revelen el origen del litio utilizado en las baterías. A partir de 2035, al menos el 35 por ciento del litio empleado en las baterías de vehículos adquiridos mediante contratos estatales deberá provenir de California.
Asimismo, los directores expresaron su apoyo a la H.R. 491, presentada por los representantes federales Juan Vargas y Raúl Ruiz, la cual establecería un programa federal para la restauración del Río Nuevo (New River). La legislación instruye a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) a coordinar recursos y esfuerzos de restauración dirigidos a mejorar la calidad del agua y las condiciones ambientales del río.
Las acciones adoptadas reflejan el compromiso continuo del IID por fortalecer la seguridad hídrica a largo plazo del Valle Imperial, al tiempo que participa activamente en el análisis de políticas estatales y federales relacionadas con los recursos hídricos, la protección ambiental y el desarrollo económico de la región.


