Newsom responde al fallo de la Corte Suprema sobre la orden electoral de Trump
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-Editorial
El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite temporalmente a la administración de Donald Trump avanzar con algunas partes de una orden ejecutiva relacionada con la administración de las elecciones federales, mientras continúan los desafíos legales.
La Corte Suprema, en una decisión per curiam emitida el 24 de agosto, suspendió una orden judicial de una corte inferior que había impedido al gobierno federal implementar ciertas disposiciones de la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump en marzo en los estados que la impugnaron. La Corte señaló que los estados no habían demostrado una legitimación suficiente para impugnar la orden en esta etapa y concluyó que el gobierno federal probablemente sufriría un daño irreparable si la medida cautelar permanecía vigente durante el proceso de apelación.
La Corte enfatizó que su fallo no determinó si cualquier acción federal futura destinada a implementar la orden ejecutiva sería legal.
“La decisión de la Corte sobre esta solicitud no significa que ninguna medida que adopte el gobierno para implementar la orden sea necesariamente legal”, señaló la mayoría.
La orden ejecutiva instruye al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar listas estatales de ciudadanos, ordena al fiscal general dar prioridad a determinadas investigaciones y procesos federales relacionados con las elecciones, y dirige al Servicio Postal de Estados Unidos a iniciar un proceso de elaboración de normas relacionadas con las boletas enviadas por correo y las boletas de voto ausente.
Newsom dijo que California continuará impugnando las acciones de la administración.
“La Corte Suprema acaba de permitir que la administración Trump avance —por ahora— con su plan para privar del derecho al voto a electores en todo el país”, dijo Newsom en un comunicado. “California volverá a demandar para impedir que estas reglas orwellianas sean implementadas”.
Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson discreparon de la decisión de la Corte. Sotomayor sostuvo que los estados habían presentado afectaciones suficientemente concretas e inminentes para poder llevar adelante su impugnación, mientras que Jackson dijo que el fallo podría generar incertidumbre entre los funcionarios electorales que se preparan para las elecciones intermedias de noviembre.
La decisión de la Corte Suprema se produjo mientras avanza en la Legislatura de California una serie de propuestas respaldadas por Newsom y legisladores estatales para fortalecer las protecciones relacionadas con la administración electoral.
Las propuestas forman parte de lo que la administración denomina un paquete legislativo de “Protección Electoral”. Entre ellas se encuentra la AB 282, presentada por la asambleísta Gail Pellerin, demócrata de Santa Cruz, que establecería dos nuevos delitos graves relacionados con la incautación de boletas, registros electorales o tecnología electoral certificada antes de que se certifiquen los resultados de una elección. La medida también establecería sanciones para funcionarios que ordenen a personas bajo su supervisión realizar dichas acciones.
La SB 259, presentada por la senadora Aisha Wahab, demócrata de Hayward, crearía un delito grave, castigado con hasta cuatro años de prisión, para una persona en una posición de autoridad que ordene a alguien bajo su supervisión interferir con la entrega de una boleta de voto por correo a un elector o con su devolución a un funcionario electoral local. El proyecto también establecería un delito menor por interferir con la entrega de una boleta de voto por correo a un elector.
La administración Newsom señaló que las propuestas tienen como objetivo fortalecer las protecciones legales de California para las boletas y la administración electoral en respuesta a acciones y amenazas recientes relacionadas con los sistemas electorales.
El gobernador y la Legislatura también incluyeron fondos adicionales para la administración electoral en el presupuesto estatal definitivo.
Las asignaciones incluyen $29 millones para personal adicional, tecnología y mejoras y adquisiciones de equipo con el fin de ayudar a los condados a aumentar su capacidad y acelerar el conteo de boletas; $5 millones para programas de divulgación y educación electoral a nivel de los condados; $5 millones para programas estatales de divulgación electoral a través de la Oficina de la Secretaria de Estado de California; y $750,000 para esfuerzos estatales destinados a combatir la desinformación y la información errónea relacionada con las elecciones y preparar al estado ante posibles interferencias federales.
La administración señaló que estas medidas se suman a más de 30 proyectos de ley relacionados con las elecciones que Newsom ha firmado durante su gestión como gobernador.
El caso ante la Corte Suprema continuará en los tribunales federales. La suspensión emitida el lunes permanecerá vigente mientras la apelación del gobierno avanza ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos para el Primer Circuito y, de ser aplicable, mientras la Corte Suprema considera una petición para una revisión adicional.
El fallo no establece nuevos requisitos federales para los propios electores. Cualquier norma federal definitiva o acción derivada de la orden ejecutiva continuará sujeta a nuevos desafíos legales y revisión judicial.
