Un Juez Federal Ordena a USCIS Reanudar el Procesamiento de Solicitudes de Asilo y Beneficios Migratorios

-Editorial 

Un juez federal anuló el 5 de junio una serie de políticas migratorias de la administración Trump que habían suspendido el procesamiento de ciertas solicitudes de asilo y retrasado decisiones sobre beneficios migratorios para solicitantes de decenas de países, ordenando al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) reanudar de inmediato el procesamiento normal de los casos.

En una resolución de 135 páginas, el juez principal John J. McConnell Jr., del Tribunal Federal de Distrito de Rhode Island, determinó que las políticas violaban la ley federal y fueron implementadas de manera arbitraria. El juez concluyó que las medidas afectaban injustamente a los solicitantes en función de sus países de origen y ordenó al gobierno dejar de aplicar las restricciones generales.

Las políticas fueron introducidas aproximadamente hace seis meses tras un ataque mortal en el que estuvieron involucrados integrantes de la Guardia Nacional. Bajo estas medidas, USCIS impuso una suspensión indefinida a las solicitudes de asilo presentadas directamente ante la agencia y detuvo las decisiones finales sobre permisos de trabajo, solicitudes de residencia permanente legal y procesos de naturalización de solicitantes provenientes de 39 países de África, Asia, América Latina y Medio Oriente.

La administración argumentó que las restricciones eran necesarias para atender preocupaciones de seguridad nacional y reforzar la aplicación de las leyes migratorias.

La resolución judicial exige que USCIS regrese al sistema tradicional de evaluación caso por caso de las solicitudes afectadas. Los funcionarios migratorios ya no podrán aplicar suspensiones generales ni someter a los solicitantes a un escrutinio más estricto únicamente por su país de nacimiento.

La decisión no garantiza la aprobación de ninguna solicitud pendiente, pero restablece el acceso al proceso normal de revisión para las personas cuyos casos habían sido retrasados.

El fallo representa otro revés legal para la agenda migratoria de la administración Trump. Desde que el presidente Donald Trump inició su segundo mandato el 20 de enero de 2025, su gobierno ha implementado una serie de medidas de control migratorio, incluidas restricciones al acceso al asilo, ampliación de políticas de detención, límites a la admisión de refugiados y esfuerzos para eliminar diversos programas de permiso humanitario temporal.

Durante su primer día de regreso en la Casa Blanca, Trump firmó múltiples órdenes ejecutivas relacionadas con inmigración y seguridad fronteriza. Entre las acciones adoptadas estuvieron la declaración de una emergencia nacional en la frontera entre Estados Unidos y México, la ampliación de la autoridad para detener a migrantes en espera de procedimientos de deportación, restricciones a solicitudes de asilo y la suspensión de la mayoría de las admisiones de refugiados.

Una de las medidas más significativas de la administración fue la Proclamación 10888, titulada “Garantizando la Protección de los Estados Contra una Invasión”, la cual calificó la migración irregular en la frontera sur como una invasión y buscó suspender el ingreso y las protecciones de asilo para ciertos migrantes. Posteriormente, tribunales federales bloquearon la proclamación y, en abril de 2026, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia confirmó una decisión judicial previa al determinar que la legislación migratoria vigente no autoriza al presidente a crear un sistema migratorio alternativo fuera de las leyes aprobadas por el Congreso.

Otras acciones de la administración incluyeron el restablecimiento de los Protocolos de Protección a Migrantes, conocidos como la política de “Permanecer en México”; la eliminación de la aplicación móvil CBP One, utilizada por migrantes para programar citas; y la cancelación de diversos programas de permiso temporal que permitían a ciertos extranjeros permanecer en Estados Unidos por razones humanitarias.

La administración también suspendió nuevas admisiones de refugiados bajo el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos y promovió una reducción de los niveles anuales de admisión. Varias de estas políticas han enfrentado impugnaciones legales en tribunales federales.

Datos federales muestran que los encuentros entre migrantes y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en la frontera sur disminuyeron durante el primer año de la administración. Al mismo tiempo, las operaciones de detención y deportación migratoria se ampliaron de manera significativa.

Se espera que el Departamento de Justicia apele la decisión emitida en Rhode Island. Hasta que un tribunal superior intervenga, USCIS deberá reanudar el procesamiento de las solicitudes afectadas de asilo, autorización de empleo, residencia permanente y ciudadanía conforme a las leyes migratorias vigentes.