Donald Trump amenaza con desplegar a ICE en aeropuertos mientras se intensifica el estancamiento por falta de fondeo a DHS

-Editorial

El presidente Donald Trump afirmó que está preparado para desplegar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en aeropuertos de todo el país a partir del lunes, si los demócratas en el Congreso no acuerdan financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), intensificando un enfrentamiento que lleva semanas en torno a la política migratoria y el gasto federal.

En un extenso comunicado, Trump criticó duramente a los demócratas y señaló que ya instruyó al personal de ICE a prepararse para un posible despliegue. “Si los demócratas no permiten una seguridad justa y adecuada en nuestros aeropuertos, y en todo nuestro país, ICE hará el trabajo mucho mejor que nunca antes”, dijo, agregando que ha ordenado a la agencia “prepararse”.

Las declaraciones se producen en medio de un cierre parcial en curso del Departamento de Seguridad Nacional, resultado de una disputa más amplia en el Congreso sobre reformas propuestas a las prácticas de aplicación de las leyes migratorias federales. El estancamiento ya ha derivado en dos cierres en 2026, evidenciando profundas divisiones partidistas sobre la seguridad fronteriza, las libertades civiles y el papel de los agentes federales.

El primer cierre duró cuatro días, del 31 de enero al 3 de febrero, y afectó aproximadamente a la mitad de las agencias federales, luego de que los legisladores no lograran aprobar una extensión de financiamiento a corto plazo. Un segundo cierre comenzó el 14 de febrero, cuando se rompieron las negociaciones sobre una resolución continua, dejando al DHS sin asignaciones completas.

En el centro de la disputa se encuentra una serie de reformas propuestas por demócratas del Congreso tras la muerte de Alex Pretti a manos de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Las propuestas buscan imponer nuevos estándares y limitaciones a las operaciones de aplicación de la ley migratoria federal.

Entre las medidas, los demócratas han planteado exigir órdenes judiciales, en lugar de órdenes administrativas, antes de que los agentes puedan ingresar a propiedades privadas, así como obligarlos a verificar que las personas no sean ciudadanos estadounidenses antes de detenerlas. Otras disposiciones prohibirían el uso de cubrebocas, exigirían uniformes estandarizados con identificación visible y el uso obligatorio de cámaras corporales.

Propuestas adicionales restringirían la actividad de cumplimiento cerca de lugares sensibles como escuelas, instalaciones médicas, guarderías, templos, centros de votación y tribunales. También impedirían que los agentes realicen detenciones o revisiones basadas en factores como la ubicación de una persona, su ocupación, idioma, acento, raza u origen étnico.

Asimismo, los demócratas han propuesto que las agencias federales obtengan el consentimiento de gobiernos estatales o locales antes de llevar a cabo operativos a gran escala, que los agentes sean retirados de servicio mientras estén bajo investigación y que las autoridades locales puedan investigar y procesar presuntos delitos cometidos por oficiales federales. Otras disposiciones contemplan ampliar la capacitación, actualizar las políticas de uso de la fuerza y garantizar acceso inmediato a asesoría legal para las personas detenidas.

Los republicanos han rechazado estas propuestas, calificándolas de excesivas y argumentando que generarían burocracia innecesaria y aumentarían los riesgos para los agentes federales. Legisladores del Partido Republicano han promovido, en cambio, medidas para fortalecer la protección de los oficiales y exigir mayor cooperación entre jurisdicciones locales y autoridades federales de inmigración. A pesar de las diferencias, algunos legisladores han señalado que aún existe margen para negociar.

La falta de financiamiento ha comenzado a afectar las operaciones del DHS, aunque el impacto varía entre agencias. ICE, CBP y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos obtienen una parte significativa de sus recursos mediante tarifas y fondos obligatorios, lo que les ha permitido continuar muchas de sus operaciones pese al cierre.

Sin embargo, otros componentes han enfrentado presiones más inmediatas. Se espera que empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) dejen de recibir sus cheques completos a mediados de marzo, lo que ha generado preocupaciones sobre escasez de personal y posibles interrupciones en aeropuertos de todo el país.

Funcionarios del DHS han reportado un aumento en el ausentismo entre el personal de la TSA, con tasas que han alcanzado hasta 55% en algunos aeropuertos. El departamento también informó que cientos de agentes de la TSA han renunciado desde el inicio del cierre, lo que incrementa la preocupación sobre la capacidad de la agencia para mantener operaciones normales.

Al inicio del cierre, el DHS suspendió temporalmente los programas TSA PreCheck y Global Entry, aunque la suspensión de PreCheck fue revertida horas después. Desde entonces, la agencia ha reducido otros servicios, incluidos los acompañamientos de cortesía en aeropuertos y ciertas respuestas no relacionadas con desastres por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

Aún no está claro bajo qué autoridad legal los agentes de ICE podrían ser desplegados para realizar funciones de seguridad aeroportuaria, que normalmente están a cargo de la TSA. El DHS no ha detallado públicamente planes operativos para una medida de este tipo, y expertos en seguridad aérea han planteado dudas sobre la capacitación, jurisdicción y coordinación.

El estancamiento político se intensificó a mediados de febrero, cuando los demócratas en el Senado bloquearon una extensión de financiamiento a corto plazo que habría permitido al DHS continuar operando mientras seguían las negociaciones. Posteriormente, tanto la Cámara de Representantes como el Senado entraron en receso programado, lo que prácticamente garantizó la interrupción del financiamiento. Aunque se notificó a los legisladores que debían estar listos para regresar en caso de alcanzarse un acuerdo, hasta ahora no se ha concretado ningún pacto.