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-Editorial
Un tribunal federal bloqueó temporalmente una política que limitaba a los miembros del Congreso de realizar visitas sin previo aviso a instalaciones federales de detención migratoria, restaurando la capacidad de los legisladores para supervisar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras continúa el litigio.
El caso, Neguse et al. v. U.S. Immigration and Customs Enforcement et al., fue presentado por una docena de miembros de la Cámara de Representantes en contra de la administración Trump-Vance, que había implementado un período de espera de siete días y restricciones de acceso a ciertas oficinas de campo de ICE. Los demandantes argumentaron que estas medidas violaban una ley federal que garantiza la supervisión congresional de las instalaciones donde se detiene a personas no ciudadanas.
Entre los demandantes se encuentran el Líder Asistente Demócrata Joe Neguse; el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat; el Miembro de Mayor Rango del Comité de Seguridad Nacional, Bennie G. Thompson; el Miembro de Mayor Rango del Comité Judicial, Jamie Raskin; el Miembro de Mayor Rango del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara, Robert Garcia; el Miembro de Mayor Rango del Subcomité de Seguridad Fronteriza y Cumplimiento del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, J. Luis Correa; y los representantes Jason Crow, Veronica Escobar, Dan Goldman, Jimmy Gomez, Raul Ruiz y Norma Torres.
El representante Raul Ruiz (D-Coachella) dijo que el fallo reafirma las responsabilidades constitucionales de los legisladores.
“Cuando DHS me negó el acceso a Adelanto en julio, me negaron mi derecho y responsabilidad constitucional de realizar supervisión”, señaló Ruiz. “Un tribunal federal acaba de dar la razón a mis colegas y a mí para detener el intento de la administración Trump-Vance de bloquear inspecciones congresionales sin previo aviso a las instalaciones de detención migratoria. Me enorgullece defender la transparencia, la rendición de cuentas y el estado de derecho.”
En un comunicado conjunto, los legisladores calificaron el fallo como “una victoria crucial para restaurar nuestra capacidad de realizar supervisión congresional esencial en nombre del pueblo estadounidense”, enfatizando que las visitas en tiempo real ayudan a prevenir abusos y garantizan transparencia. “La supervisión es una responsabilidad central de los miembros del Congreso y un deber constitucional que no tomamos a la ligera”, se indicó.
Los demandantes están representados por Democracy Forward Foundation y American Oversight. Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, declaró que el fallo “deja claro que ningún presidente puede ocultar la verdad sobre cómo se trata a las personas bajo custodia migratoria federal” y destacó que la decisión defiende la rendición de cuentas, la transparencia y la dignidad humana.
“Este fallo es una victoria para el estado de derecho y una afirmación de que ninguna administración está por encima de la ley”, dijo Chioma Chukwu, directora ejecutiva de American Oversight. “Los miembros del Congreso tienen derecho a supervisar en tiempo real las instalaciones de detención migratoria, y el público tiene derecho a saber qué está ocurriendo. Esta orden restaura un control crítico sobre el poder ejecutivo y previene que los abusos se oculten.”
La ley federal, bajo la Sección 527 de la Ley de Asignaciones del DHS FY2024, permite a los miembros del Congreso visitar los centros de detención de ICE sin previo aviso, un mecanismo diseñado para proteger los derechos humanos y asegurar que los fondos públicos se utilicen adecuadamente. La política de la administración, implementada en 2025, requería que los legisladores avisaran con siete días de anticipación y bloqueaba el acceso a ciertas oficinas de campo, lo que motivó la demanda presentada el 30 de julio.
La decisión del tribunal levanta temporalmente esas restricciones, reafirmando el derecho del Congreso a realizar inspecciones sin previo aviso en los centros de detención migratoria. Se considera una medida para mantener la transparencia, prevenir posibles abusos y garantizar la rendición de cuentas en la gestión de instalaciones que albergan tanto a no ciudadanos como a ciudadanos estadounidenses. La demanda incluye a la secretaria del DHS, Kristi Noem, y al director interino de ICE, Todd Lyons, y continúa su curso en tribunales federales.
