Trump emite amplio decreto que expande sanciones contra Cuba
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-Editorial
El presidente Donald Trump firmó un decreto ejecutivo que amplía de manera significativa las sanciones de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba, autorizando nuevas restricciones financieras, migratorias y económicas dirigidas a un amplio rango de personas, instituciones y sectores vinculados con el liderazgo de la isla.
El decreto, emitido bajo autoridades como la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Ley de Emergencias Nacionales, se suma a una emergencia nacional declarada en enero de 2026 y representa uno de los esfuerzos más amplios en los últimos años para endurecer la política estadounidense hacia Cuba.
Bajo esta directiva, el gobierno de Estados Unidos podrá imponer sanciones a personas y entidades extranjeras determinadas por operar en sectores clave de la economía cubana, incluyendo energía, defensa, servicios financieros, metales y minería, así como otros sectores que puedan ser identificados por el Departamento del Tesoro en coordinación con el Departamento de Estado. El decreto también apunta a funcionarios del gobierno cubano, entidades afiliadas y otras personas que hayan brindado apoyo material a partes sancionadas.
Toda propiedad e intereses en propiedad de individuos u organizaciones designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense podrán ser bloqueados. En general, se prohíbe a personas estadounidenses participar en transacciones relacionadas con esos activos, incluyendo la provisión o recepción de fondos, bienes o servicios. El decreto también prohíbe los intentos de evadir o eludir estas restricciones, así como las conspiraciones para hacerlo.
El marco de sanciones se amplía más allá de actores gubernamentales directos para incluir a personas acusadas de corrupción o de violaciones graves a los derechos humanos, así como a quienes actúen en nombre del gobierno cubano o le brinden apoyo. En algunos casos, las sanciones también podrán aplicarse a familiares directos de las personas designadas.
El decreto incluye disposiciones dirigidas a instituciones financieras extranjeras, autorizando al Departamento del Tesoro a imponer sanciones a bancos y otras entidades que faciliten transacciones significativas para personas sancionadas. Entre las posibles medidas se encuentran restricciones al acceso a cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos o el bloqueo de activos dentro del país.
Además de las restricciones financieras, la directiva impone medidas migratorias. Suspende la entrada a Estados Unidos de ciudadanos extranjeros que cumplan con los criterios establecidos en el decreto, aunque podrán otorgarse exenciones si las autoridades determinan que su ingreso es de interés nacional.
Funcionarios de la administración señalaron que la medida busca responder a lo que describen como amenazas continuas del gobierno cubano a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. El decreto menciona preocupaciones sobre el supuesto apoyo de Cuba a actores adversarios, incluyendo la facilitación de operaciones de inteligencia dirigidas contra Estados Unidos y sus vínculos con gobiernos señalados por Washington como patrocinadores del terrorismo.
La administración también señaló alegaciones de que Cuba ofrece un entorno permisivo para actividades de inteligencia y seguridad extranjera cerca del territorio estadounidense, así como presuntos apoyos a grupos transnacionales. Además, se mencionaron preocupaciones de larga data sobre la represión política, incluyendo restricciones a la libertad de expresión y el trato a disidentes.
El decreto también hace referencia a tendencias migratorias, al señalar el arribo significativo de ciudadanos cubanos a Estados Unidos en años recientes, atribuyendo en parte estos flujos a las condiciones en la isla.
La orden ejecutiva instruye a los secretarios de Estado y del Tesoro a implementar las medidas, incluyendo la identificación y designación de personas y entidades sujetas a sanciones, la emisión de regulaciones y la coordinación de esfuerzos de cumplimiento entre agencias federales. También exige informes periódicos y finales al Congreso sobre el uso de estas autoridades.
La medida continúa una serie de acciones de la administración Trump orientadas a incrementar la presión sobre el gobierno cubano. Durante su primer mandato, Trump revirtió varias políticas de la era Obama que habían flexibilizado las restricciones de viaje y comercio con Cuba, y reinstauró la designación del país como patrocinador estatal del terrorismo. Más recientemente, en 2025, la administración emitió un Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional que delineó prioridades de política hacia Cuba, incluyendo el apoyo a los derechos humanos y al desarrollo del sector privado.
La Casa Blanca afirmó que el nuevo decreto busca reforzar esos esfuerzos y ampliar las herramientas disponibles para abordar lo que describe como preocupaciones de seguridad persistentes.
