El Fiscal General de California Se Une a Coalición para Impugnar Política del IRS Sobre Créditos Fiscales para Energía Eólica y Solar

-Editorial 

El Fiscal General de California, Rob Bonta, se unió a una coalición de 17 fiscales generales estatales para presentar un escrito amicus curiae ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, en oposición a un aviso del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que limita la elegibilidad de ciertos créditos fiscales para proyectos eólicos y solares.

El Aviso 2025-42, emitido por el IRS en agosto de 2025, reduce los criterios sobre cuándo se considera que los proyectos eólicos y solares han iniciado su construcción, un umbral clave para calificar a los incentivos fiscales federales. Anteriormente, una disposición de “puerto seguro” permitía a los desarrolladores calificar para los créditos al invertir al menos el 5% del costo total del proyecto antes del 4 de julio de 2026. Bajo el nuevo aviso, ese umbral ya no es suficiente.

La coalición de fiscales generales, que incluye a funcionarios de Oregón, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nuevo México, Nueva Jersey, Rhode Island, Washington y el Distrito de Columbia, sostiene que el aviso podría frenar o detener proyectos de energía renovable, reducir el suministro de energía limpia y aumentar los costos para los consumidores de electricidad.

En el escrito, la coalición afirma que la política del IRS es arbitraria y caprichosa, y carece de justificación razonable para desalentar el desarrollo eólico y solar. Los fiscales generales señalan que el aviso también podría afectar inversiones económicas previas, dificultar la planificación de energía confiable y asequible, y empeorar los impactos ambientales y de salud pública asociados con el uso de combustibles fósiles.

“La demanda de energía está aumentando, y deberíamos estar expandiendo los proyectos de energía limpia, no frenándolos”, dijo Bonta en un comunicado. “Esta política podría disminuir el suministro de energía limpia y los empleos asociados, mientras aumenta los costos para los consumidores. Es una mala política fiscal y es ilegal. Instamos al tribunal a anular esta acción, que podría perjudicar a las comunidades y a los usuarios de electricidad en todo el país.”

El Crédito Fiscal por Producción de Electricidad Limpia y el Crédito Fiscal por Inversión en Electricidad Limpia, establecidos bajo la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, fueron diseñados para apoyar todo tipo de instalaciones de electricidad con cero emisiones. Se proyectaba que estos créditos ahorrarían a los consumidores entre 16 y 34 mil millones de dólares en costos eléctricos anuales para 2035, reducirían los contaminantes del aire en un 20% y disminuirían entre 300 y 400 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con un escenario sin créditos fiscales.

En julio de 2025, la Ley One Big Beautiful Bill eliminó gradualmente los créditos para instalaciones eólicas y solares que se pusieran en servicio después del 31 de diciembre de 2027, con excepción de los proyectos que comenzaran su construcción antes del 4 de julio de 2026. El aviso del IRS ajustó efectivamente la definición de “inicio de construcción”, generando incertidumbre para los desarrolladores y potencialmente provocando retrasos, costos mayores o cancelaciones de proyectos.

En diciembre de 2025, una coalición de organizaciones no gubernamentales, participantes de la industria y entidades públicas presentó una demanda contra el IRS, alegando que el aviso viola la Ley de Procedimiento Administrativo.

Bonta ha impugnado previamente políticas federales que, según él, limitan el desarrollo de energía renovable. La semana pasada, presentó una demanda contra la administración Trump por recortes en fondos para programas de energía limpia e infraestructura, incluida la iniciativa de hidrógeno limpio ARCHES por 1,200 millones de dólares. También presentó un escrito amicus curiae en oposición a otros esfuerzos federales para restringir proyectos eólicos y solares, y el año pasado celebró un fallo judicial que invalidó el intento de la administración de detener ciertos desarrollos eólicos.

El actual desafío legal pone de relieve el debate en curso sobre la política federal, los incentivos a la energía renovable y las estrategias para satisfacer la creciente demanda de electricidad en medio de la expansión de centros de datos, servicios en la nube y aplicaciones de inteligencia artificial a nivel nacional.