El Congreso de Baja California aprueba reforma contra la violencia económica y patrimonial hacia las mujeres
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-Editorial
El Congreso del Estado de Baja California aprobó una reforma para fortalecer el reconocimiento legal y las sanciones contra la violencia económica y patrimonial hacia las mujeres mediante la modificación del artículo 6 de la ley estatal que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.
La iniciativa, presentada por el diputado Ramón Vázquez Valadez, define el abuso económico y patrimonial como formas de agresión sancionables que pueden ocurrir tanto en el ámbito familiar como en el laboral. Legisladores señalaron que la enmienda busca visibilizar prácticas que limitan la autonomía financiera de las mujeres y que, en muchos casos, no habían sido abordadas por definiciones legales previas.
De acuerdo con documentos legislativos, la violencia económica incluye acciones que restringen o impiden a las mujeres acceder a recursos financieros, empleo remunerado o ingresos independientes. La reforma también identifica como conductas sancionables prohibir a la pareja trabajar, condicionar oportunidades laborales u obligar a realizar trabajo no remunerado en negocios familiares.
Partidarios de la medida señalaron que estas prácticas debilitan la capacidad de las mujeres para construir historiales laborales, acceder a prestaciones sociales y alcanzar independencia financiera. También indicaron que la coerción económica puede tener consecuencias a largo plazo en la participación de las mujeres en la vida pública y económica.
Durante la sesión legislativa celebrada en Mexicali, legisladores describieron la violencia contra las mujeres como un problema generalizado de derechos humanos con impactos físicos, psicológicos y económicos. Señalaron que la reforma alinea la legislación estatal con estándares más amplios que reconocen el control y la privación financiera como formas de violencia de género.
La enmienda forma parte del marco jurídico destinado a proteger los derechos de las mujeres en Baja California. Legisladores estatales afirmaron que la medida busca fortalecer los mecanismos de aplicación de la ley y promover políticas que impulsen la igualdad y prevengan la explotación financiera.
