Redada de EE.UU. contra el “turismo de parto” somete a las mujeres fronterizas a mayor escrutinio de visas

-Editorial

Durante generaciones, la frontera entre Estados Unidos y México ha dado lugar a familias cuyas vidas, negocios, escuelas y atención médica se extienden a ambos lados de la frontera. Ahora, una nueva ofensiva federal contra lo que el gobierno estadounidense denomina “turismo de parto” está generando incertidumbre entre las mujeres mexicanas que viajan a Estados Unidos con visas de visitante, particularmente en comunidades fronterizas como Tijuana y Mexicali.

La administración Trump ha puesto en marcha un esfuerzo agresivo para identificar y revocar visas relacionadas con el turismo de parto, mientras abogados de inmigración y defensores de las comunidades fronterizas advierten que tener un hijo en Estados Unidos no significa, por sí mismo, que una madre haya cometido fraude migratorio ni que perderá automáticamente su visa.

La distinción adquiere cada vez mayor importancia a medida que las autoridades federales intensifican el escrutinio de las mujeres embarazadas que viajan a Estados Unidos.

El 6 de agosto de 2026, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14419, titulada “Ending Birth Tourism” (“Poner fin al turismo de parto”). La orden instruye a los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a tomar medidas contra ciudadanos extranjeros que ingresen o intenten ingresar a Estados Unidos con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz. La orden autoriza medidas que pueden incluir negar la entrada, rechazar o revocar visas, expulsar a personas del país y prohibirles permanentemente el ingreso en los casos que correspondan.

La orden también tiene como objetivo a empresas, organizaciones e individuos presuntamente involucrados en facilitar acuerdos relacionados con el turismo de parto.

La Casa Blanca define el turismo de parto como el ingreso a Estados Unidos con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en territorio estadounidense, o ayudar a otro ciudadano extranjero a hacerlo. La administración sostiene que operadores organizados han instruido a viajeros para que tergiversen sus intenciones ante funcionarios consulares y autoridades fronterizas, y que han obtenido ganancias mediante paquetes que prometen la ciudadanía estadounidense para los hijos.

La iniciativa pasó rápidamente de la política a la aplicación de medidas de cumplimiento.

El Departamento de Estado estableció un Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Parto (Birth Tourism Prevention Task Force), que, según la dependencia, revisa las actividades de viaje de los titulares de visas, identifica casos sospechosos de turismo de parto, investiga redes que facilitan esta práctica y toma medidas para revocar visas.

Para el 20 de agosto, funcionarios del Departamento de Estado informaron que casi 900 visas habían sido revocadas desde el lanzamiento del grupo de trabajo. La cifra representa visas revocadas en todo el mundo, no específicamente de mujeres mexicanas o residentes de Tijuana y Mexicali.

Esta distinción es importante porque el gobierno federal no ha publicado un desglose oficial que indique cuántas de esas revocaciones involucraron a ciudadanos mexicanos, residentes de comunidades fronterizas o mujeres que previamente habían dado a luz en Estados Unidos.

Una visa no se cancela automáticamente porque una mujer haya dado a luz en EE.UU.

La política actual no establece una regla general mediante la cual toda mujer que haya dado a luz en Estados Unidos pierda su visa de visitante.

El Departamento de Estado ya establece que recibir tratamiento médico puede constituir un propósito legítimo para obtener una visa de visitante B-2. Sin embargo, excluye específicamente los viajes cuyo propósito principal sea dar a luz en Estados Unidos para obtener la ciudadanía para el hijo.

Desde 2020, el Departamento también mantiene una norma que establece una presunción refutable en determinadas solicitudes de visa cuando un funcionario consular tiene razones para creer que la solicitante dará a luz durante su estancia. La solicitante puede superar dicha presunción demostrando que dar a luz para obtener la ciudadanía estadounidense no constituye el propósito principal de su viaje.

Ese marco normativo es anterior a la orden ejecutiva de 2026.

La American Immigration Lawyers Association, o AILA, ha expresado anteriormente preocupación por el alcance de esta política. En 2020, Benjamin Johnson, entonces director ejecutivo de AILA, argumentó que el enfoque del gobierno podía implicar un trato diferente hacia las mujeres embarazadas y someter a viajeros legítimos a un escrutinio excesivo. AILA señaló que la norma podría tener consecuencias más allá de los casos sospechosos de turismo de parto, incluyendo a mujeres que viajan por motivos legítimos.

Más recientemente, AILA ha documentado la orden ejecutiva de 2026 y señaló que su implementación plantea interrogantes sobre su alcance y sobre la manera en que los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional aplicarán las nuevas directrices.

¿Qué ocurre con los gastos médicos y Medicaid?

Uno de los asuntos más importantes para las familias fronterizas es la capacidad de demostrar que la atención médica en Estados Unidos puede ser pagada.

El Departamento de Estado señala que a los solicitantes que buscan tratamiento médico se les puede pedir documentación de un proveedor médico estadounidense y evidencia que demuestre cómo serán cubiertos los gastos de transporte, atención médica y manutención.

Sin embargo, sería incorrecto afirmar que el uso de Medicaid cancela automáticamente una visa de turista.

El Departamento de Estado señala que el abuso de beneficios públicos estadounidenses por parte de visitantes extranjeros puede resultar en la revocación de una visa, la inelegibilidad para obtener visas en el futuro y, en casos que involucren fraude, posibles consecuencias penales. Las directrices del departamento sobre carga pública se enfocan en determinadas formas de asistencia gubernamental, en lugar de establecer una regla general según la cual todo beneficio médico recibido por un visitante anule automáticamente su visa.

Por esta razón, los viajeros no deben depender de rumores que circulan en redes sociales o entre comunidades fronterizas para determinar si un programa médico en particular está permitido.

Por qué el tema es particularmente sensible en Tijuana y Mexicali

La política ha generado preocupación en Baja California porque la vida de las familias fronterizas no siempre encaja perfectamente en las categorías utilizadas por la política migratoria federal.

Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos de Tijuana, declaró a EFE que las nuevas medidas podrían generar un mayor escrutinio de las mujeres embarazadas en los consulados estadounidenses y en los puertos de entrada. También destacó que dar a luz en Estados Unidos históricamente ha formado parte de la realidad social de muchas familias fronterizas.

Al mismo tiempo, una abogada de inmigración de Tijuana entrevistada esta semana señaló que no había documentado una ola específica de cancelaciones de visas vinculadas exclusivamente con madres que hayan tenido hijos en Estados Unidos. La abogada enfatizó que las visas se cancelan por numerosas razones y que las mujeres embarazadas no tienen prohibido cruzar la frontera de manera categórica.

Esta distinción es fundamental.

Una mujer que anteriormente dio a luz en Estados Unidos no necesariamente se encuentra en la misma situación legal que una persona que obtuvo deliberadamente una visa ocultando su intención de dar a luz en el país.

Conforme a la ley migratoria estadounidense, la tergiversación deliberada de un hecho material al obtener una visa o solicitar admisión al país puede generar graves consecuencias migratorias, incluida la inelegibilidad permanente para obtener una visa en determinadas circunstancias.

La ciudadanía por nacimiento sigue siendo una cuestión independiente

La nueva ofensiva también ocurre después de una importante decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos.

El 30 de junio de 2026, la Corte Suprema resolvió en el caso Trump v. Barbara que los niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción estadounidense y son ciudadanos al nacer conforme a la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.

Esa decisión preservó la ciudadanía por nacimiento para las categorías de niños contempladas en el fallo, incluso mientras la administración continúa impulsando políticas contra lo que describe como turismo de parto organizado.

El resultado es un panorama jurídico complejo: la ciudadanía de un niño y la situación migratoria o el cumplimiento de las condiciones de la visa por parte de sus padres son cuestiones legales independientes.

Qué deben hacer los viajeros

Para las mujeres mexicanas que legítimamente necesitan viajar a Estados Unidos durante el embarazo, los abogados de inmigración recomiendan prepararse cuidadosamente en lugar de depender de suposiciones.

Los viajeros deben estar preparados para demostrar:

• El propósito genuino del viaje;
• Dónde se hospedarán y cuánto tiempo tienen previsto permanecer;
• Su capacidad económica para cubrir los gastos médicos y de manutención;
• Información del proveedor médico y los costos previstos cuando viajen para recibir tratamiento;
• Evidencia de empleo, residencia y vínculos fuera de Estados Unidos;
• Documentación que demuestre que la información proporcionada anteriormente a las autoridades migratorias estadounidenses fue veraz.

Cualquier persona cuya visa haya sido revocada o que considere que se le ha hecho una determinación de fraude o tergiversación debe obtener asesoría individualizada de un abogado de inmigración estadounidense con licencia antes de presentar una nueva solicitud o intentar cruzar la frontera.

El gobierno federal ha dejado claro que la campaña de aplicación de estas medidas está dirigida a lo que considera un uso indebido de las visas de visitante y a los esquemas organizados de turismo de parto. Pero a lo largo de la frontera, donde las familias viven habitualmente entre dos países, el desafío será distinguir el fraude migratorio intencional de las complejas realidades de la vida binacional.

Para miles de familias de Baja California, esa distinción podría determinar si un cruce fronterizo rutinario continúa siendo rutinario o se convierte en un encuentro mucho más trascendental con las autoridades migratorias de Estados Unidos.