La oposición pública lleva a los supervisores a posponer la votación sobre las modificaciones a la CEQA

-Editorial

La Junta de Supervisores del Condado Imperial votó por aplazar hasta su reunión del 28 de julio la consideración de las modificaciones propuestas al reglamento del condado para la implementación de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés), luego de que, durante la audiencia pública, residentes expresaran preocupaciones sobre cómo los cambios podrían afectar las apelaciones ambientales y la participación ciudadana.

La junta decidió posponer la acción para contar con más tiempo para aclarar las dudas planteadas por el público y analizar las revisiones propuestas antes de emitir una votación definitiva.

Las modificaciones, recomendadas por el Departamento de Planificación y Desarrollo, representan la undécima actualización al reglamento local de CEQA desde su adopción en 1979. Funcionarios del condado señalaron que las revisiones buscan armonizar los procedimientos locales con las directrices estatales vigentes de CEQA, decisiones judiciales y prácticas administrativas, además de aclarar los procedimientos relacionados con la revisión ambiental, las notificaciones y las apelaciones.

La Ley de Calidad Ambiental de California, promulgada en 1970, exige que las agencias públicas estudien y divulguen los impactos ambientales de los proyectos antes de aprobarlos. En desarrollos inmobiliarios, proyectos comerciales e infraestructura, la ley obliga a los desarrolladores a identificar medidas para reducir o eliminar posibles daños ambientales. Mientras que los defensores del medio ambiente consideran a CEQA una protección fundamental para las comunidades, desarrolladores y críticos sostienen que su cumplimiento provoca largos retrasos en los proyectos y eleva significativamente los costos de construcción.

La reciente controversia por un proyecto de centro de datos volvió a colocar a CEQA en el centro del debate, luego de que dicho proyecto buscara quedar exento de ese proceso.

El director de Planificación y Desarrollo, Jim Minnick, indicó en el informe del personal que las modificaciones son de carácter procedimental y tienen como propósito mantener las regulaciones del condado consistentes con la legislación estatal.

Durante la audiencia pública, varios participantes cuestionaron si los cambios propuestos podrían dificultar que los residentes impugnen decisiones ambientales o participen en el proceso de CEQA.

Michelle Hollinger, de Victoria Homes, dijo que apoyaba los esfuerzos para reducir los litigios, pero cuestionó otorgar mayor autoridad procesal al personal del condado.

“Entiendo lo que están tratando de hacer y apoyo sus esfuerzos para proteger al Condado Imperial. Entiendo que buscan eliminar ciertas exenciones automáticas, agilizar las aprobaciones y brindar mayor protección contra demandas mediante un proceso formal de apelaciones”, dijo Hollinger. “Estoy de acuerdo con eso. Lo que no apoyo es poner al personal a cargo de ese proceso. ¿Por qué otorgar el poder de aprobar o negar al director ejecutivo del condado cuando una evaluación de riesgos del sistema GIS sobre el propuesto centro de datos de inteligencia artificial de hiperescala permaneció oculta durante cinco meses?”

Peter Rodriguez criticó las modificaciones propuestas a la ordenanza de CEQA, al considerar que el momento en que se presentan genera la impresión de que el condado está cambiando las reglas mientras continúan disputas relacionadas con grandes proyectos de desarrollo. Señaló que había perdido la confianza en el Departamento de Planificación y Desarrollo, en el director Jim Minnick y en la Junta de Supervisores, argumentando que decisiones inconsistentes y una comunicación deficiente han debilitado la confianza pública y expuesto al condado a litigios. Rodríguez exhortó a la junta a trabajar de manera más coordinada y advirtió que la incertidumbre sobre la clasificación y revisión de proyectos podría desalentar futuras inversiones. También se manifestó en contra de aprobar las modificaciones hasta que el condado restablezca la transparencia y la confianza pública en su proceso de planificación.

El residente de El Centro, Jake Tison, pidió a la Junta de Supervisores aplazar la votación sobre las modificaciones propuestas, al argumentar que el condado no había respondido adecuadamente a las preocupaciones legales que presentó por escrito. Tison sostuvo que los cambios podrían restringir el derecho de apelación del público, limitar las impugnaciones ambientales, fomentar la segmentación de proyectos y reducir la participación ciudadana. También criticó al Departamento de Planificación y Desarrollo, afirmando que ha perdido la confianza del público debido a las controversias relacionadas con exenciones de CEQA y la revisión ambiental de grandes proyectos, incluidos centros de datos. Solicitó la renuncia del director Jim Minnick, una revisión ambiental independiente y que la votación se pospusiera hasta contar con un memorándum legal y respuestas sobre los posibles efectos de la ordenanza.

El abogado externo Tyson Sohagi explicó a la Junta de Supervisores que las modificaciones propuestas son principalmente actualizaciones de procedimiento y no cambian la autoridad del condado ni los estándares de revisión ambiental. Señaló que las modificaciones no tienen efecto retroactivo, no alteran la forma en que se determinan las exenciones de CEQA y no otorgan al director ejecutivo del condado autoridad para aprobar documentos ambientales. Precisó que la función del director ejecutivo se limita a determinar qué órgano de decisión revisará primero un documento de CEQA cuando un proyecto requiera múltiples aprobaciones. Sohagi añadió que la legislación de California exige que sea el propio condado, y no una entidad externa, quien certifique la suficiencia de los documentos ambientales, y afirmó que los procedimientos propuestos cuentan con respaldo de la ley estatal y de decisiones judiciales. También recomendó actualizar la fecha de aprobación de la ordenanza al 7 de julio de 2026.

La supervisora Martha Cardenas-Singh señaló que no es experta en CEQA, pero quiso compartir lo aprendido durante la revisión de las modificaciones. Indicó que los residentes siguen preocupados por grandes proyectos industriales, incluidos los centros de datos, y enfatizó que los cambios deben entenderse como una actualización para armonizar los procedimientos del condado con la legislación estatal, y no como un intento de modificar o proteger decisiones previas de la junta.

Cardenas-Singh subrayó que las modificaciones no se aplican de manera retroactiva y que buscan establecer procedimientos más claros hacia el futuro. Destacó cambios en el proceso de apelaciones de CEQA, incluyendo disposiciones que suspenden las aprobaciones de proyectos mientras las apelaciones son revisadas, al mismo tiempo que exigen a los apelantes identificar objeciones específicas y presentar documentación de respaldo antes de las audiencias.

Advirtió que los nuevos requisitos podrían representar un reto para residentes que no están familiarizados con el proceso de CEQA y exhortó al Departamento de Planificación a proporcionar orientación clara y accesible para que quienes no cuenten con representación legal puedan participar de manera efectiva. También enfatizó la importancia de evitar que los proyectos sean divididos en acciones más pequeñas para eludir una revisión ambiental completa, señalando que el personal debe evaluar cada proyecto en su conjunto y garantizar el cumplimiento de las directrices de CEQA. Asimismo, preguntó al asesor jurídico del condado cómo ayudará el departamento a que los residentes comprendan los nuevos requisitos de apelación y eviten perder inadvertidamente sus derechos.

Minnick respondió que el condado sigue tanto la legislación estatal como las ordenanzas locales para determinar si un proyecto califica para una exención estatutaria o categórica de CEQA.

“Seguimos la ley estatal y la ordenanza del condado, y con base en esos dos criterios determinamos si un proyecto está exento de CEQA,” dijo Minnick. “Si no está exento, procedemos con la preparación de una lista de verificación ambiental, también conocida como estudio inicial, que se presenta ante la Comisión Ambiental del condado y continúa el proceso, incluyendo cualquier apelación, hasta llegar finalmente al órgano encargado de tomar la decisión.»

La presidenta de la Junta, Peggy Price, afirmó que la discusión generada por un proyecto de centro de datos motivó al condado a revisar sus procedimientos locales de CEQA.

“El proyecto del centro de datos nos permitió revisar nuestras políticas y por eso estamos aquí hoy. El propósito de estas revisiones es alinear mejor las regulaciones del condado con las directrices estatales, corregir inconsistencias y aclarar los procedimientos. Con base en lo que he revisado, la intención no es reducir la participación pública, sino mejorar el proceso.”

En lugar de tomar una decisión definitiva, los supervisores votaron por continuar el asunto hasta el 28 de julio para permitir una mayor aclaración de los temas planteados durante la audiencia pública. Funcionarios del condado señalaron que este tiempo adicional permitirá a la junta revisar con mayor detalle las modificaciones propuestas y atender las inquietudes expresadas por los miembros del público antes de considerar su adopción.