Desarrollador de Centro de Datos Demanda al Distrito de Irrigación Imperial por Negar Servicio de Agua

-Editorial

El desarrollador de un centro de datos propuesto de 330 megavatios en el Condado de Imperial presentó una demanda contra el Distrito de Irrigación Imperial (IID, por sus siglas en inglés), alegando que la agencia negó ilegalmente una solicitud de servicio de agua e impuso políticas que restringen injustamente el desarrollo industrial dentro del distrito.

La demanda, presentada el 5 de junio ante el Tribunal Superior del Condado de Imperial, fue interpuesta por Imperial Valley Computer Manufacturing LLC, una empresa de California encabezada por el desarrollador y abogado Sebastian Rucci. La petición solicita un mandamiento judicial y alivio declaratorio contra IID, pidiendo al tribunal que revocar la negativa emitida por el distrito el 1 de mayo para proporcionar servicio de agua al proyecto e invalidar varias políticas que regulan a los usuarios industriales de agua.

El centro de datos propuesto estaría ubicado cerca de las carreteras Aten y Clark, en una zona no incorporada del Condado de Imperial, sobre un terreno de 75 acres que la empresa afirma que está zonificado para uso industrial. De acuerdo con documentos judiciales, la instalación requeriría aproximadamente 880 acres-pie de agua al año para sus operaciones de enfriamiento.

En su presentación, la empresa sostiene que IID tiene la obligación legal de proporcionar servicio de agua a los propietarios de terrenos dentro de su área de servicio en términos equitativos y no discriminatorios, y argumenta que el distrito se basó incorrectamente en uno de sus reglamentos para rechazar la solicitud.

La demanda representa el más reciente episodio de una disputa más amplia en torno al centro de datos propuesto, el cual ha generado un importante debate público sobre los recursos hídricos, la demanda eléctrica, los impactos ambientales y las oportunidades de desarrollo económico en el Condado de Imperial.

Según la petición, Imperial Valley Computer Manufacturing buscó inicialmente asegurar aguas residuales recicladas de las ciudades de Imperial y El Centro para enfriar el centro de datos.

La empresa afirma que negoció acuerdos mediante los cuales pagaría mejoras a las plantas de tratamiento de aguas residuales, compraría agua reciclada de ambas ciudades y dirigiría el excedente de agua tratada hacia el Mar Salton. Sin embargo, la demanda señala que esas conversaciones terminaron a finales de 2025 después de que ambas ciudades se retiraran de los acuerdos propuestos.

La petición indica que posteriormente la Ciudad de Imperial presentó una impugnación legal contra el proceso de revisión ambiental y aprobación del proyecto por parte del Condado de Imperial, mientras que la Ciudad de El Centro también suspendió las conversaciones relacionadas con el suministro de agua reciclada.

Después de que esos esfuerzos fracasaran, la empresa recurrió a IID como proveedor de agua y presentó una solicitud de servicio industrial de agua el 22 de abril de 2026.

La demanda señala que la empresa propuso compensar la mayor parte de la demanda de agua del proyecto dejando en barbecho una parcela agrícola contigua de 160 acres bajo su control. Según la petición, ese terreno agrícola recibió históricamente aproximadamente 804 acres-pie de agua al año, cantidad que la empresa sostiene que podría compensar en gran medida el consumo proyectado del centro de datos.

La empresa argumenta que dejar las tierras agrícolas en barbecho resultaría en poco o ningún incremento neto en la demanda total de agua proveniente de la asignación del Río Colorado administrada por IID.

IID rechazó la solicitud el 1 de mayo.

De acuerdo con la demanda, el distrito citó el Reglamento 21, una disposición que limita ciertas nuevas instalaciones de servicio de agua en áreas donde existe acceso razonable a sistemas municipales o privados de agua potable.

La carta de rechazo del distrito, según se describe en la petición, indicó que el sitio del proyecto se encuentra dentro de la esfera de influencia de la Ciudad de Imperial y cerca de áreas generalmente atendidas por el sistema municipal de agua tratada. IID informó al desarrollador que la ciudad podría solicitar agua adicional mediante la Política Adaptativa de Suministro de Agua del distrito si fuera necesario contar con servicio municipal para el proyecto.

La empresa sostiene que IID aplicó incorrectamente el Reglamento 21 porque el proyecto solicita agua cruda sin tratar para enfriamiento industrial y no agua potable municipal.

La demanda también argumenta que el proyecto se encuentra en una zona no incorporada del Condado de Imperial, donde IID es el principal proveedor de agua, y sostiene que la Ciudad de Imperial no tiene obligación de prestar servicio al sitio.

Según la presentación judicial, la ciudad ya había rechazado propuestas anteriores para suministrar agua reciclada y continúa oponiéndose al proyecto.

La demanda contiene ocho causas de acción que impugnan la negativa de IID y varias políticas distritales relacionadas con la distribución de agua y el desarrollo industrial.

Entre los reclamos, la empresa sostiene que el Reglamento 21 fue interpretado incorrectamente y no debería aplicarse a solicitudes de agua para enfriamiento industrial.

La petición también alega que IID no reconoció derechos existentes de servicio de agua asociados con parcelas controladas por el desarrollador. Según la demanda, partes del sitio del proyecto actualmente reciben servicio de agua de IID o han mantenido su elegibilidad mediante el pago de cargos por disponibilidad de agua.

La empresa también argumenta que IID negó indebidamente el acceso al sistema de transferencias conocido como Equitable Distribution Plan Clearinghouse, un mecanismo utilizado por los usuarios para transferir asignaciones de agua dentro del distrito.

Otro componente importante de la demanda se refiere a la Política Adaptativa de Suministro de Agua (AWSP), adoptada en diciembre de 2025. La política estableció procedimientos y tarifas para nuevos usuarios industriales y no agrícolas que buscan obtener servicio de agua de IID.

La empresa sostiene que la política impone cargas a los usuarios industriales que no se aplican a los usuarios agrícolas, incluyendo procesos adicionales de revisión, acuerdos de suministro de agua, aprobaciones por parte de la junta directiva y tarifas especiales.

La petición argumenta que los clientes agrícolas generalmente pueden obtener servicio mediante procedimientos administrativos, mientras que los proyectos industriales enfrentan requisitos más extensos que pueden tardar meses o incluso años en completarse.

La demanda también impugna las restricciones de IID relacionadas con las transferencias de agua entre diferentes categorías de usuarios.

La empresa sostiene que la legislación de California permite a los propietarios asignar sus derechos de agua para ser utilizados en otros lugares dentro del distrito, independientemente de si el destinatario es agrícola, municipal o industrial.

Según la demanda, las políticas de IID restringen indebidamente las transferencias directas entre distintas clases de usuarios de agua.

La petición también argumenta que IID permite a los productores agrícolas mover agua entre campos mediante designaciones de unidades agrícolas, pero no proporciona un mecanismo similar para usuarios industriales que buscan transferir agua asociada con terrenos bajo una misma propiedad.

La empresa afirma que negar esa flexibilidad a proyectos industriales viola la legislación estatal y una decisión emitida en 2020 por la Corte de Apelaciones de California en el caso Abatti contra el Distrito de Irrigación Imperial, que abordó el trato equitativo entre usuarios de agua.

La demanda también alega que IID rechazó indebidamente la propuesta del desarrollador de dejar tierras agrícolas en barbecho y transferir el agua conservada resultante al centro de datos.

Según la petición, diversas disposiciones del Código de Agua de California que regulan la conservación y transferencia de agua autorizan este tipo de arreglos y deberían permitir el uso propuesto.

Otra parte importante de la demanda se enfoca en las tarifas establecidas bajo la Política Adaptativa de Suministro de Agua.

La empresa sostiene que IID adoptó la estructura tarifaria sin realizar un estudio de costo del servicio y argumenta que los cargos violan la Proposición 218, la enmienda constitucional de California que regula tarifas y cuotas relacionadas con propiedades.

Según la petición, los usuarios agrícolas pagan tarifas significativamente más bajas por el agua sin tratar del Río Colorado que las impuestas a nuevos solicitantes industriales bajo la AWSP.

La demanda sostiene que el distrito no puede justificar esa diferencia porque el agua se entrega a través del mismo sistema de infraestructura.

La empresa solicita una orden judicial que invalide las cuotas de reserva y de desarrollo de suministro de agua establecidas por la política y que prohíba a IID imponer esos cargos al proyecto.

La petición también cita declaraciones públicas realizadas por algunos directores de IID respecto al centro de datos propuesto.

La demanda hace referencia a comentarios públicos, artículos de opinión, publicaciones en redes sociales y declaraciones en reuniones públicas realizadas por directores que expresaron preocupaciones sobre el desarrollo de centros de datos, el uso del agua, la confiabilidad del sistema eléctrico y los posibles impactos en las comunidades locales.

Según la demanda, esas declaraciones demuestran oposición al proyecto antes de que el distrito actuara sobre la solicitud de agua de la empresa.

La petición sostiene que las posturas públicas adoptadas por ciertos directores influyeron en la manera en que el distrito manejó el proyecto y contribuyeron a la negativa del servicio.

La empresa solicita que el tribunal emita un mandamiento judicial ordenando a IID reconsiderar o revocar su decisión y reconocer lo que describe como derechos existentes de servicio de agua asociados con las parcelas del proyecto.

La demanda también solicita declaraciones judiciales que establezcan que varios reglamentos de IID, restricciones a transferencias y políticas de agua industrial son inválidos o entran en conflicto con la legislación de California.

Además, la empresa solicita órdenes que obliguen a IID a reconocer su capacidad para participar en programas de transferencia de agua, utilizar agua conservada mediante el barbecho agrícola y recibir un trato comparable al otorgado a los usuarios agrícolas. La presentación judicial también solicita el pago de honorarios de abogados y costos judiciales.