La Legislatura de Baja California Exhorta a Garantizar el Pago Oportuno de Obligaciones Ciudadanas Sin Condicionamientos Administrativos

-Editorial

El Congreso del Estado de Baja California exhortó a las autoridades estatales y municipales a garantizar que los residentes puedan realizar el pago oportuno de sus obligaciones ciudadanas principales, como la renovación de la tarjeta de circulación y el impuesto predial, sin condicionamientos administrativos que puedan generar multas o recargos adicionales.

Durante una sesión plenaria, el diputado Diego Echevarría Ibarra señaló que algunos sistemas de recaudación bloquean el pago de trámites vigentes cuando existen adeudos accesorios, como multas por otros vehículos o sanciones administrativas. Indicó que esta práctica afecta la economía familiar y reduce la recaudación inmediata que las autoridades podrían obtener, generando complicaciones innecesarias para las familias.

Los legisladores exhortaron al titular de la Secretaría de Hacienda del Estado, José Andrés Pulido Saavedra, a instruir a las oficinas recaudadoras a permitir el pago de las tarjetas de circulación, incluso cuando existan adeudos vinculados a otros vehículos. De manera separada, el Congreso llamó a la presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante Martínez, a garantizar que el pago del impuesto predial no se condicione a la liquidación previa de multas administrativas asociadas a la propiedad.

La resolución también propone que tanto autoridades estatales como municipales habiliten ventanillas claras y accesibles para la aclaración o impugnación de adeudos históricos. Se realizarían depuraciones administrativas para eliminar multas y créditos caducados, ayudando a los residentes a evitar cargos indebidos y preservando los descuentos por pagos oportunos.

Los legisladores señalaron que la medida, presentada en la XXV Legislatura, contó con el respaldo unánime de todas las diputaciones y fue ampliada para incluir a todos los ayuntamientos del estado. Echevarría afirmó que el objetivo es permitir que los ciudadanos paguen sus obligaciones principales a tiempo, mientras se atienden las multas de manera separada, evitando que las sanciones afecten la economía familiar y garantizando un trato justo en la administración de las obligaciones ciudadanas.