Ciudadano mexicano se declara culpable en esquema multimillonario de lavado de dinero basado en el comercio
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-Editorial
Un ciudadano mexicano se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero basada en el comercio, de varios millones de dólares y que operó durante dos años, la cual movía ganancias del narcotráfico desde Estados Unidos hacia México, informaron autoridades federales.
De acuerdo con documentos judiciales, Gabriel Arturo Castillo, de 52 años y originario de Monterrey, Nuevo León, admitió haber participado en una operación internacional sofisticada diseñada para transferir ganancias provenientes de la venta ilegal de drogas en Estados Unidos a cárteles con base en México, sin transportar físicamente grandes cantidades de efectivo a través de la frontera.
Fiscales señalaron que el esquema se basaba en un sistema de lavado de dinero mediante el comercio, comúnmente conocido como intercambio de pesos en el mercado negro. Este método permitía a los conspiradores ocultar el origen de los fondos ilícitos mediante transacciones comerciales que involucraban la compra de bienes en Estados Unidos y su reventa en México.
Autoridades indicaron que la red recibió grandes cantidades de dólares estadounidenses derivados de actividades de narcotráfico en múltiples ciudades del país. El efectivo era depositado en cuentas bancarias controladas por miembros de la organización o trasladado a Laredo, Texas, un punto clave de la operación.
Desde Laredo, el dinero en dólares era vendido a operadores comerciales en México, quienes utilizaban esos fondos para adquirir productos de negocios estadounidenses, incluidos mayoristas de perfumes y otros proveedores de bienes de consumo. Una vez realizadas las compras, la mercancía era transportada a México, donde se vendía a un precio previamente establecido.
Investigadores señalaron que la etapa final del esquema consistía en que los operadores comerciales en México transferían pagos en pesos a las organizaciones de narcotráfico. Este proceso permitía a los cárteles recibir sus ganancias en moneda local, al tiempo que ocultaban el origen ilícito del dinero y evitaban el escrutinio asociado con el contrabando de efectivo a través de la frontera.
Funcionarios federales indicaron que la operación funcionaba como un conducto financiero que respaldaba a organizaciones dedicadas al tráfico de narcóticos, al proporcionar un método confiable para repatriar ganancias. Agregaron que este tipo de esquemas puede afectar el comercio legítimo al introducir fondos ilícitos en mercados legales.
Castillo se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Tiene programada su sentencia para el 7 de julio en un tribunal federal y enfrenta una pena máxima de hasta 20 años de prisión. La condena será determinada por un juez de distrito de Estados Unidos tras considerar las directrices federales de sentencia y otros factores legales.
El caso es investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), que rastrearon el movimiento de fondos y las transacciones comerciales vinculadas a la conspiración.
Fiscales de la División Criminal del Departamento de Justicia, incluidos abogados de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de Bienes, llevan el caso junto con fiscales federales del Distrito Sur de Texas.
Castillo fue arrestado en México y extraditado a Estados Unidos en agosto de 2025 con la asistencia de autoridades de ambos países. La investigación continúa, y funcionarios indicaron que otras personas involucradas en el esquema podrían enfrentar cargos.
