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Gran jurado federal acusa a 21 presuntos integrantes de un cártel por delitos de tráfico ilícito

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-Editorial

Un gran jurado federal presentó cargos contra 21 personas acusadas de participar en operaciones delictivas de un cártel mexicano relacionadas con el narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, tráfico de personas y apoyo material a una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos, informaron fiscales federales el 20 de noviembre.

El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, anunció la acusación durante una conferencia de prensa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, y describió el caso como un esfuerzo coordinado de las autoridades federales para combatir a las organizaciones criminales transnacionales que operan en Estados Unidos y México.

La acusación formal, que contiene 14 cargos, identifica a los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, de 53 años, también conocido como “Pez” y “Don Gabino”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, de 42 años, alias “Fresa” y “Chino”, como presuntos líderes del cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM).

La organización, que opera en México, ha sido vinculada por las autoridades federales con el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, extorsión, lavado de dinero y actividades de minería ilegal.

El gobierno de Estados Unidos designó a La Nueva Familia Michoacana como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.

De acuerdo con la acusación, los 21 imputados presuntamente participaron en una organización criminal que operaba desde al menos el 1 de enero de 2006, mediante actividades realizadas en el Distrito Oeste de Texas, México y otros lugares.

Los fiscales federales sostienen que la organización coordinó la importación y distribución de miles de kilogramos de cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Los investigadores identificaron presuntos cargamentos de droga ocultos en vehículos y transportados a inmuebles utilizados para almacenar narcóticos, supuestamente operados por el cártel. Posteriormente, las sustancias eran distribuidas en cantidades menores mediante redes de vendedores al menudeo, según documentos judiciales.

En uno de los casos, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) decomisaron aproximadamente 2.06 kilogramos de cocaína ocultos en el múltiple de admisión del motor de un vehículo en el puerto de entrada de Eagle Pass, en septiembre de 2024.

La acusación también incluye cargos relacionados con el tráfico de personas, entre ellos el señalamiento de que 10 acusados participaron en el traslado ilegal de un menor de edad hacia Estados Unidos alrededor del 15 de marzo de 2021, lo que provocó su fallecimiento.

Los fiscales no han revelado públicamente la identidad del menor en la información difundida sobre el caso.

El tráfico de armas constituye otro componente importante de la investigación federal.

De acuerdo con los fiscales, Edgar Aguilar Cruz y Rogelio Estrada Jaramillo presuntamente conspiraron, a partir de junio de 2020, para introducir ilegalmente armas de fuego, municiones y accesorios desde Estados Unidos hacia México.

Entre las armas identificadas en la acusación se encuentran un rifle calibre .50, siete rifles calibre 7.62 mm, un rifle AR-15, una escopeta y varias pistolas.

Los investigadores también identificaron cinco cargadores con capacidad para 100 cartuchos cada uno y aproximadamente 1,500 cartuchos de distintos calibres, presuntamente destinados a ser enviados a México.

Aguilar está acusado de coordinar la compra, almacenamiento y transporte de armas de fuego entre junio de 2020 y junio de 2024. Por su parte, Estrada presuntamente intentó exportar armas a través del puerto de entrada de Laredo en septiembre de 2021.

Las autoridades federales también sostienen que armas de fuego y equipo relacionado fueron almacenados en viviendas ubicadas en Buda y Bastrop, Texas, durante 2022.

Un cargo separado por conspiración para traficar armas involucra a otros nueve acusados, señalados de coordinar el traslado de numerosas armas, incluidos 13 rifles calibre .50, 13 rifles calibre 5.56 mm, 17 rifles calibre 7.62 mm y varias pistolas.

La acusación también señala que integrantes del cártel discutieron la adquisición de equipo de uso militar, incluidos lanzagranadas propulsadas por cohete y sistemas de montaje para instalar armamento en vehículos.

Las autoridades informaron que durante un operativo realizado el 18 de mayo de 2024 recuperaron 33 rifles semiautomáticos y pistolas, además de municiones y accesorios para armas de fuego.

La oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Austin también decomisó más de un millón de dólares en recursos presuntamente provenientes del narcotráfico durante la investigación, según funcionarios federales.

John A. Pasciucco, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Antonio, señaló que la cooperación entre agencias federales permitió a los investigadores identificar conexiones entre actividades delictivas desarrolladas en distintas jurisdicciones.

“Esta investigación refleja la fortaleza del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y la importancia de las alianzas estratégicas”, declaró Pasciucco.

En la investigación participaron Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el FBI, la DEA y otras agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley.

De los 21 acusados, cinco han sido detenidos y permanecen bajo custodia federal. Se trata de Jesús Daniel Álvarez, Alejandro Díaz García, Rogelio Ponce Esquivel, Apolonio Benítez y Omar Sixto Benítez.

Los otros 16 acusados permanecen prófugos y se cree que se encuentran en México, de acuerdo con las autoridades federales.

La acusación incluye cargos por conspiración para participar en actividades de delincuencia organizada, conspiración para importar y distribuir drogas, tráfico de armas, tráfico de personas con resultado de muerte, lavado internacional de dinero y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos.

De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de entre 10 años y cadena perpetua en una prisión federal, dependiendo de los cargos, además de posibles multas de hasta 10 millones de dólares.

Los fiscales federales adjuntos Warsame Galaydh, Daphne Newaz y William Golden están a cargo del proceso judicial.

La investigación se realizó mediante el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, establecido bajo la Orden Ejecutiva 14159 para coordinar los esfuerzos federales contra los cárteles, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de tráfico de personas.

Los cargos presentados constituyen acusaciones que aún deben demostrarse ante un tribunal. Todos los acusados se presumen inocentes mientras no se demuestre su culpabilidad conforme a la ley.

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