
Fiscalía de San Diego investiga posible contaminación industrial en Tijuana
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-Editorial
La fiscal de distrito del condado de San Diego, Summer Stephan, solicitó información sobre inspecciones y medidas de cumplimiento ambiental a las autoridades mexicanas para determinar si empresas industriales que operan en Tijuana y tienen participación de capital estadounidense están contribuyendo a la contaminación de los ríos Tijuana y Alamar.
La solicitud, dirigida a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), incluye informes de inspección, acciones de vigilancia y cumplimiento de la legislación ambiental, sanciones, denuncias ciudadanas y registros de posibles fuentes de contaminación industrial correspondientes al periodo de enero de 2023 a septiembre de 2026.
La información permitirá a los investigadores determinar si algunas empresas pudieron haber infringido leyes ambientales o de protección al consumidor aplicables bajo la jurisdicción de California y si existen fundamentos para emprender acciones legales de carácter civil o penal.
La investigación surge tras la publicación, el 10 de septiembre, del Informe de Monitoreo de la Calidad del Agua del Río Tijuana 2025, elaborado por San Diego Coastkeeper, que documentó la persistencia de la contaminación por aguas residuales y detectó sustancias químicas industriales y metales pesados en cuerpos de agua de la región.
De acuerdo con la organización, los resultados sugieren deficiencias en el tratamiento de aguas residuales de instalaciones manufactureras conocidas como maquiladoras, cuyos contaminantes podrían estar ingresando a los sistemas municipales de drenaje o siendo descargados directamente en cuerpos de agua superficiales.
Entre las sustancias identificadas se encuentran metales pesados, pesticidas, sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), acetona, fenoles y ácido benzoico. Sin embargo, los resultados no permiten establecer por sí solos qué instalaciones son responsables ni determinar si empresas específicas infringieron las leyes ambientales.
“Esta solicitud de información a la dependencia del gobierno de México responsable de hacer cumplir las leyes ambientales es un paso importante para identificar y reunir pruebas sobre las industrias que operan como maquiladoras con intereses financieros estadounidenses”, declaró Stephan.
La fiscal explicó que su oficina analiza si las autoridades de California pueden emprender acciones legales relacionadas con contaminación originada en México que provoque daños ambientales en el condado de San Diego.
“Creemos que cuando una empresa comete infracciones ambientales que cruzan la frontera y continúan perjudicando el agua, el aire y a los habitantes del condado de San Diego, esas infracciones tienen consecuencias aquí que no pueden ignorarse”, afirmó Stephan.
La División de Protección Ambiental y del Consumidor de la Fiscalía de Distrito solicitó resultados técnicos, expedientes de procedimientos administrativos, multas, advertencias, clausuras de instalaciones y denuncias relacionadas con posibles descargas ilegales o el manejo inadecuado de residuos peligrosos.
Los investigadores también buscan registros de coordinación entre las autoridades ambientales mexicanas y las agencias estadounidenses para evaluar posibles vínculos entre las operaciones industriales y la contaminación detectada en la cuenca.
Esta investigación amplía las revisiones que la Fiscalía ha realizado anteriormente sobre los problemas de aguas residuales transfronterizas, incluidos registros de derrames, datos de monitoreo y medidas de cumplimiento relacionadas con la infraestructura de saneamiento.
Durante décadas, la cuenca del río Tijuana ha enfrentado problemas de contaminación por aguas residuales sin tratar, desechos industriales y otros contaminantes que fluyen desde México hacia el sur del condado de San Diego, afectando a comunidades cercanas al valle del río Tijuana e Imperial Beach.
Los registros estatales sobre la calidad del agua han documentado flujos transfronterizos de decenas de miles de millones de galones de agua. Las tormentas pueden agravar la contaminación al arrastrar sustancias adicionales hacia los ríos y las zonas costeras.
Stephan reconoció los esfuerzos de la supervisora del condado de San Diego, Paloma Aguirre, y de la Junta de Supervisores para atender esta problemática ambiental de larga duración.
“Proteger a nuestras comunidades y nuestro medio ambiente requiere atención constante y colaboración entre agencias y jurisdicciones”, señaló Stephan.
Hasta el momento, la Fiscalía de Distrito no ha presentado cargos contra ninguna empresa, y la solicitud de información no constituye una determinación de responsabilidad por posibles irregularidades.
Cualquier acción legal dependerá de las pruebas obtenidas, la identificación de posibles responsables y las facultades legales correspondientes. La Fiscalía no ha precisado cuándo espera recibir los documentos solicitados ni cuándo concluirá su revisión.


