Baja California ordena revisión de contratos tras designaciones de la OFAC
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-Editorial
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ordenó una revisión de los contratos estatales relacionados con empresas recientemente designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y dispuso que los expedientes correspondientes sean remitidos a la dependencia estatal encargada de combatir la corrupción.
El Gobierno del Estado anunció la revisión el jueves e informó que la gobernadora instruyó a la Oficialía Mayor a determinar si las empresas incluidas en la lista de la OFAC mantuvieron relaciones contractuales con el Gobierno de Baja California.
Cualquier expediente relacionado será remitido a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para su revisión y, en su caso, para que proceda conforme a la legislación estatal, de acuerdo con la administración.
La gobernadora señaló que los contratos relacionados con las empresas fueron adjudicados con base en su situación jurídica y en la información disponible en el padrón estatal de proveedores en ese momento.
“Cuando se realizaron las contrataciones, se hicieron conforme a la información y la situación jurídica disponibles en ese momento”, señaló Ávila Olmeda en un comunicado. Agregó que no existían inhabilitaciones, sanciones u otros impedimentos legales que evitaran esas operaciones.
Ávila Olmeda dijo que las designaciones de la OFAC representan nueva información que llevó al estado a revisar relaciones contractuales anteriores y determinar si generaron riesgos operativos, financieros o de otro tipo.
La gobernadora también anunció una nueva medida preventiva que impedirá que personas físicas o morales señaladas por autoridades mexicanas o extranjeras por presuntas actividades delictivas participen en procesos de contratación del Gobierno del Estado hasta que su situación jurídica sea aclarada formalmente.
La administración informó que algunos de los contratos bajo revisión estuvieron relacionados con equipo, suministros e infraestructura técnica utilizada por corporaciones de seguridad pública.
La custodia y administración de los sistemas de seguridad y bases de datos gubernamentales permanecieron bajo el control de personal estatal autorizado. La administración afirmó que no encontró indicios de que la información de los ciudadanos haya sido comprometida, aunque en su comunicado no proporcionó detalles adicionales que sustentaran esa conclusión.
El gobierno también señaló que la Fiscalía General del Estado de Baja California opera con autonomía constitucional, presupuestal y administrativa y es responsable de sus propios procedimientos de compras y manejo de documentación.
Ávila Olmeda señaló que la revisión buscará determinar si se cometió alguna irregularidad y que, de ser necesario, los hallazgos serán remitidos a las autoridades correspondientes.
“Lo responsable es revisar, documentar y actuar”, dijo. “Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley”.
La revisión ocurre después de las recientes designaciones de personas y empresas realizadas por el gobierno de Estados Unidos bajo las facultades de sanción de la OFAC. Una designación de la OFAC generalmente restringe operaciones relacionadas con bienes o intereses en bienes sujetos a la jurisdicción estadounidense; por sí sola, no constituye una condena penal.
