Tribunal desecha demanda por difamación de desarrollador de centro de datos del Valle Imperial contra KPBS

-Editorial 

Un juez del Tribunal Superior del Condado de San Diego concedió una moción anti-SLAPP presentada por la Fundación de Investigación de la Universidad Estatal de San Diego (San Diego State University Research Foundation) y el reportero de KPBS, Kori Suzuki, desechando la demanda presentada por Imperial Valley Computer Manufacturing LLC y su fundador, Sebastian Rucci, por la cobertura periodística de un proyecto propuesto de centro de datos en el Condado Imperial.

La jueza Cynthia Freeland determinó que los demandantes no lograron demostrar una probabilidad de prevalecer en sus reclamaciones por difamación, invasión a la privacidad por falsa representación e interferencia intencional con una ventaja económica futura, derivadas de tres artículos publicados por KPBS entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

La demanda alegaba que los artículos contenían declaraciones falsas y difamatorias sobre el proyecto propuesto de centro de datos, incluyendo su consumo de agua, el proceso de revisión ambiental y los antecedentes penales de Rucci en Ohio.

El tribunal señaló que los demandantes reconocieron que la cobertura periodística abordaba un asunto de interés público, cumpliendo así con el primer requisito de la ley anti-SLAPP de California. La controversia se centró en determinar si los demandantes podían demostrar que tenían probabilidades de obtener una sentencia favorable sobre el fondo de sus reclamaciones.

Freeland concluyó que no podían hacerlo.

La resolución determinó que KPBS informó correctamente que el proyecto tendría una demanda estimada de 750 mil galones de agua por día y que los demandantes no demostraron que la información fuera falsa por el hecho de que pretendían utilizar agua reciclada. La jueza escribió que, aunque los artículos inicialmente no mencionaban los planes para utilizar agua reciclada, el reportero indicó que no había podido verificar la existencia de un acuerdo para esa fuente de suministro antes de la publicación, y que un artículo posterior sí incluyó las declaraciones de la empresa de que el proyecto dependería de agua reciclada.

En cuanto a la revisión ambiental, el tribunal concluyó que la cobertura describió correctamente el esfuerzo de la empresa por obtener una aprobación ministerial, lo que eximiría al proyecto de una revisión conforme a la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA), así como la impugnación legal presentada por la Ciudad de Imperial. La jueza resolvió que los demandantes no demostraron que los artículos contuvieran declaraciones falsas o difamatorias sobre el proceso de aprobación.

El tribunal también rechazó las reclamaciones relacionadas con la cobertura de los antecedentes penales de Rucci, al determinar que los artículos informaron correctamente que algunos cargos por delitos graves fueron desestimados debido a que el proceso tardó demasiado en llegar a juicio. La jueza escribió que los medios de comunicación no están obligados a incluir todos los detalles relacionados con los procesos penales y señaló que los artículos también incorporaron la explicación de Rucci de que consideraba haber sido objeto de un trato injusto.

Para efectos de la moción, los demandantes reconocieron que Rucci era una figura pública de propósito limitado. En consecuencia, el tribunal señaló que estaban obligados a presentar pruebas claras y convincentes de que la cobertura fue publicada con malicia real. Freeland concluyó que los demandantes no presentaron evidencia de que Suzuki supiera que alguna de las declaraciones era falsa o hubiera actuado con un desprecio temerario por la verdad.

El tribunal también determinó que la cobertura estaba protegida por el privilegio de reporte justo de California, el cual protege los reportes veraces y justos sobre procedimientos oficiales.

Debido a que la reclamación por difamación no prosperó, el tribunal resolvió que las demás causas de acción de los demandantes, al depender de las mismas alegaciones, tampoco podían continuar.