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-Editorial
El presidente Donald Trump firmó una nueva proclamación presidencial que restablece las restricciones de viaje para nacionales de 19 países, citando preocupaciones de seguridad nacional y protección pública. La acción se produce tras la emisión de la Orden Ejecutiva 14161, el 20 de enero de 2025, que instruyó a las agencias federales a evaluar los riesgos de seguridad asociados con viajeros extranjeros.
La proclamación impone suspensiones completas de entrada a 12 países y restricciones parciales a otros 7. La administración citó motivos como sistemas de control inadecuados, altas tasas de permanencia indebida con visa, terrorismo patrocinado por el Estado y falta de cooperación con las autoridades migratorias estadounidenses.
La prohibición total de entrada afecta a nacionales de los siguientes 12 países:
Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Según funcionarios estadounidenses, estos países presentan deficiencias importantes en verificación de identidad, intercambio de información y procedimientos de revisión. En muchos casos, también se identificaron altas tasas de permanencia indebida, ausencia de gobiernos centrales funcionales o presencia de actividad terrorista.
Por ejemplo, Afganistán, bajo el régimen talibán, fue señalado por no contar con una autoridad cooperativa y registrar una tasa de permanencia indebida de casi el 30% en visas estudiantiles. Irán, designado como patrocinador estatal del terrorismo, fue citado por su falta de cooperación con agencias de seguridad de EE.UU. y por negarse a repatriar a sus ciudadanos.
Las restricciones parciales se impusieron a nacionales de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela. Estas medidas se aplican específicamente a quienes solicitan visas B-1, B-2, F, M y J, correspondientes a viajes de negocios, turismo, estudios y programas de intercambio.
Entre esos países, Cuba y Venezuela fueron destacados por su escasa cooperación con las autoridades migratorias estadounidenses y problemas con sus sistemas de documentación civil y pasaportes. Laos fue señalado por una tasa de permanencia indebida superior al 34% en visas B-1/B-2, mientras que Sierra Leona presentó una tasa de más del 35% en visas estudiantiles y de intercambio.
La acción se tomó bajo la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al presidente la autoridad para suspender la entrada de ciertos extranjeros. Esta autoridad fue confirmada por la Corte Suprema en 2018 en el caso Trump v. Hawaii, que validó las restricciones implementadas durante su primer mandato.
La proclamación incluye excepciones para residentes permanentes legales, personas con visas válidas existentes y aquellos cuya entrada se considere de interés nacional. También exime ciertas categorías de visas no contempladas en la medida.
Funcionarios de la Casa Blanca enfatizaron que las restricciones no constituyen prohibiciones generales, sino medidas específicas orientadas a fomentar que los gobiernos extranjeros mejoren sus procesos de intercambio de información y control de seguridad.
Durante su primer mandato, el presidente Trump implementó restricciones de viaje similares, que enfrentaron desafíos legales y críticas públicas. La administración defendió esas acciones como esenciales para la seguridad nacional.
Al anunciar la nueva proclamación, el presidente Trump declaró: “Restauraremos la prohibición de viaje… y mantendremos fuera de nuestro país a los terroristas islámicos radicales”, reafirmando una promesa de campaña de su reelección.
La proclamación se basa en una revisión exhaustiva realizada por el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional, en coordinación con otras agencias de seguridad nacional. Funcionarios indicaron que los datos más recientes sobre permanencia indebida y las tendencias globales del terrorismo respaldaron la decisión.
La orden entra en vigor de inmediato, aunque su aplicación a largo plazo podría enfrentar escrutinio legal y diplomático. Se anticipa que grupos de derechos civiles e inmigración presenten impugnaciones a la medida.