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-Editorial
Unidos en su lucha contra la creciente crisis ambiental, de salud pública y económica en el Valle del Río Tijuana, los líderes del Sur de la Bahía están instando urgentemente al Estado de California a declarar un Estado de Emergencia y a que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. intervengan.
En una conferencia de prensa celebrada el 4 de junio, figuras prominentes como la alcaldesa de Imperial Beach, Paloma Aguirre, la vicepresidenta del Puerto de San Diego, Danielle Moore, el concejal de Coronado, John Duncan, la Dra. Paula Stigler Granados de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Estatal de San Diego, y Lauren Cazares de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, apelaron por una acción estatal y federal inmediata. La crisis está afectando gravemente a las comunidades del Sur de la Bahía, como Imperial Beach, Nestor, San Ysidro, el Valle del Río Tijuana, Egger Highlands, el sur de Chula Vista y Otay Mesa West.
La alcaldesa Aguirre enfatizó la urgencia, declarando: “El Estado puede usar sus poderes para atacar esta triple amenaza. California tiene influencia, medios y experiencia. Estamos pidiendo a nuestro gobernador que declare un estado de emergencia para acelerar la desviación y el tratamiento del Río Tijuana, la principal fuente de contaminación de nuestras comunidades del sur de San Diego. Sin un estado de emergencia, estamos a cinco o diez años de ver alivio. La financiación para la planta de tratamiento fue un paso en la dirección correcta, pero no resuelve nuestra fuente principal de contaminación.”
La vicepresidenta Danielle Moore destacó las graves consecuencias de la inacción. “Las apuestas son altas en el Sur de la Bahía y no podemos permitirnos que esta crisis se prolongue sin un final a la vista. Los flujos de aguas residuales contaminadas y tóxicas que atraviesan el Valle del Río Tijuana son nocivos. Están contaminando el agua, el suelo y el aire. Está enfermando a los san dieguinos, amenazando empleos, perjudicando negocios y dañando la recreación. Las vidas y los medios de vida están en juego.”
Lauren Cazares, de la Cámara Regional de Comercio de San Diego, pidió una respuesta bipartidista. “La gravedad de esta crisis exige una acción inmediata y bipartidista para salvaguardar la salud, el bienestar y la estabilidad económica de nuestras comunidades. Imploramos al gobernador Newsom que intervenga decisivamente solicitando ayuda epidémica a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para evaluar y monitorear los impactos en la salud de nuestras comunidades.”
Desde el inicio de la crisis, más de 100 mil millones de galones de aguas residuales sin tratar, productos químicos tóxicos, basura, sedimentos y otros contaminantes han fluido hacia el Valle del Río Tijuana y al Océano Pacífico frente a la costa de Imperial Beach. Esto ha causado graves problemas de salud pública, incluyendo aguas contaminadas y toxinas en el aire, cierres continuos de playas en Imperial Beach y Coronado—más de 900 días y contando—y significativos impactos negativos en la economía del Sur de la Bahía.
Las plantas de tratamiento actuales, bajo la jurisdicción de los gobiernos federales de EE.UU. y México, luchan con infraestructura fallida y envejecida. Mientras México trabaja en reemplazar la rota Planta de Tratamiento Punta Bandera en Tijuana, EE.UU. ha proporcionado financiación para reparaciones a corto plazo de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur de la Bahía. Sin embargo, las soluciones a largo plazo, incluyendo mejoras y expansión de la planta, y proyectos de desviación del río en el lado estadounidense, requieren financiación adicional, urgencia y procesos de planificación federal acelerados para cumplir con las obligaciones del gobierno federal bajo el acuerdo binacional Minuta 328.
Una declaración de emergencia por parte de California movilizaría a varias agencias estatales, incluyendo la Comisión Costera de California, el Departamento de Salud Pública de California, la Agencia de Protección Ambiental de California, la Junta Estatal de Agua de California, la Junta de Recursos del Aire de California, la Oficina del Oficial Estatal de Salud Pública, el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas y el Consejo de Relaciones Fronterizas California-México, para alistar a sus contrapartes federales y asegurar una respuesta coordinada y comprensiva al desastre en curso.