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-Editorial
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos orales relacionados con órdenes judiciales que bloquean temporalmente una orden ejecutiva firmada por el Presidente Donald Trump, la cual busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos nacidos en Estados Unidos de ciertos padres no ciudadanos.
La orden ejecutiva, emitida el primer día del segundo mandato de Trump, negaría la ciudadanía automática a los niños nacidos en EE.UU. cuyos padres sean inmigrantes indocumentados o titulares de visas temporales, como trabajadores con visa H-1B. La medida ha provocado múltiples desafíos legales, con organizaciones de derechos civiles argumentando que viola la Enmienda 14 de la Constitución estadounidense.
Expertos legales y en inmigración advierten que, si se implementa, la política podría crear una población apátrida de millones de personas en las próximas décadas. Un estudio del Migration Policy Institute (MPI) estima que la orden ejecutiva podría afectar a hasta 255,000 niños nacidos cada año, impactando eventualmente a 2.7 millones para el año 2045. Muchos de estos niños carecerían de estatus legal en cualquier país, generando preocupaciones sobre su acceso a atención médica, educación y otros derechos esenciales.
La Enmienda 14, ratificada en 1868, garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción”. Durante más de 125 años, los tribunales han interpretado esta disposición como aplicable a casi todos los niños nacidos en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres. La orden ejecutiva de Trump desafía esa interpretación histórica, argumentando que los hijos de inmigrantes indocumentados y titulares de visas temporales no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos en el sentido constitucional.
Martin Kim, director de Defensa de Inmigración en Asian Americans Advancing Justice | AAJC, calificó la orden ejecutiva como “basada en una teoría legal marginal” y advirtió que socava el principio de igualdad de ciudadanía. “El presidente no puede cambiar la Constitución mediante una orden ejecutiva”, dijo Kim durante un foro reciente. “Esto debilita la ciudadanía para todos”.
Aunque las deliberaciones de la Corte Suprema esta semana se centraron principalmente en el alcance de las medidas cautelares a nivel nacional —más que en el fondo constitucional de la política—, el resultado podría tener consecuencias significativas. Kim y otros defensores enfatizaron el peligro de permitir que una acción ejecutiva redefina quién califica como ciudadano estadounidense.
Organizaciones defensoras, incluida LatinoJustice PRLDEF, también han presentado demandas contra la política, alegando que tiene como objetivo a comunidades inmigrantes, especialmente latinas. “Esto es un ataque motivado racialmente contra las familias inmigrantes”, dijo César Ruiz, abogado adjunto de LatinoJustice, durante una conferencia de prensa. “La ciudadanía por nacimiento es una garantía constitucional. Eliminarla erosionaría derechos fundamentales y crearía una clase social permanente”.
Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Políticas de Inmigración de EE. UU. del MPI, presentó proyecciones que anticipan un aumento a largo plazo en la población indocumentada si se restringe la ciudadanía por nacimiento. Según MPI, esta población podría crecer hasta en 5.4 millones en los próximos 50 años, con impactos multigeneracionales a medida que hijos y nietos de no ciudadanos sean privados de estatus legal.
“Estos niños crecerían sin acceso a beneficios públicos, sin autorización legal para trabajar, y sin las protecciones que tienen otros ciudadanos”, explicó Gelatt. “Eliminar la ciudadanía por nacimiento pone en peligro la integración de los inmigrantes y la estabilidad a largo plazo de la sociedad estadounidense”.
Académicos legales también expresaron preocupación de que la orden podría abrir la puerta a esfuerzos retroactivos para despojar a individuos de su ciudadanía. Robert S. Chang, director ejecutivo del Fred T. Korematsu Center for Law and Equality, advirtió que, si se valida la política, podría llevar a negar renovaciones de pasaporte y beneficios públicos a quienes no puedan documentar el estatus migratorio legal de sus padres al momento de su nacimiento.
Chang citó el caso United States v. Wong Kim Ark (1898), en el que la Corte Suprema afirmó la ciudadanía de un niño nacido en EE. UU. de padres inmigrantes chinos, como un precedente clave. “Revocar eso contradeciría más de un siglo de entendimiento legal”, señaló.
Escritos amicus curiae presentados por varios grupos de derechos civiles argumentan que la orden ejecutiva no solo es inconstitucional, sino que también podría desestabilizar el marco legal que sustenta la ciudadanía estadounidense.
Mientras que los defensores de la política citan preocupaciones sobre el llamado “turismo de nacimiento” y la aplicación de leyes migratorias, los críticos sostienen que estos problemas son demasiado limitados para justificar un cambio fundamental en los derechos constitucionales. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que aproximadamente 9,000 nacimientos anuales involucran a madres no residentes, una pequeña fracción del total de nacimientos en EE. UU.
Mientras continúa la batalla legal, los defensores subrayan que lo que está en juego va más allá de la inmigración. “Esta no es solo una lucha legal, es una lucha sobre el significado de la ciudadanía en una sociedad democrática”, dijo Chang. “Si se mantiene este precedente, se abre la puerta a una erosión mayor de las protecciones constitucionales.”