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-Editorial
Una disposición incluida en el paquete de gasto aprobado recientemente por la Cámara de Representantes bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump ha encendido alarmas entre economistas, defensores de inmigrantes y organizaciones internacionales de desarrollo. La medida propone un impuesto federal del 3.5% sobre las remesas enviadas por no ciudadanos, lo cual podría transformar drásticamente el flujo de dinero global, con consecuencias graves para comunidades vulnerables tanto en el extranjero como en Estados Unidos.
En 2024, los residentes en EE.UU. enviaron más de 220 mil millones de dólares en remesas a otros países, más de la mitad hacia América Latina. México fue el principal receptor de remesas estadounidenses, mientras que India lideró a nivel mundial. Expertos advierten que el impuesto propuesto no solo afectaría a economías extranjeras que dependen de estas transferencias—algunas de las cuales representan más del 30% de su PIB—sino que también podría generar inestabilidad en los sistemas financieros de EE.UU. y agravar la migración irregular.
Ariel Ruiz Soto, analista sénior del Instituto de Políticas Migratorias, advirtió que la propuesta amenaza una de las principales fuentes económicas para países de ingresos bajos y medios. “En 2024, se enviaron unos 905 mil millones de dólares en remesas globales,” señaló Ruiz Soto. “De esa cantidad, 685 mil millones fueron a países que dependen de estos fondos para sobrevivir.” En países como Guatemala y Honduras, las remesas suelen destinarse a cubrir necesidades básicas como alimentos, electricidad y atención médica.
Aunque las remesas hacia América Latina aumentaron en años anteriores, nuevos datos indican señales de desaceleración. “Los inmigrantes mexicanos están enviando menos que antes—alrededor de $400 por mes—mientras que los guatemaltecos envían un poco más,” dijo Ruiz Soto. Advirtió que el impuesto no solo podría reducir el volumen total de remesas, sino también empujar a los migrantes a recurrir a métodos informales y más riesgosos de envío.
Uno de los aspectos más polémicos de la propuesta es su mecanismo de aplicación. El impuesto se aplicaría solo a no ciudadanos, lo que obligaría a empresas como Western Union y Remitly a verificar el estatus migratorio de los remitentes, una tarea sin precedentes y sumamente complicada, según expertos. “Podría crear un sistema de dos niveles que discrimine a los inmigrantes y, al mismo tiempo, imponga altos costos operativos a las empresas,” señaló Ruiz Soto.
Helen Dempster, investigadora del Centro para el Desarrollo Global, compartió preocupaciones similares. Describió el impuesto como un golpe para los países de ingresos bajos y medios, ya afectados por recortes en la ayuda exterior. “Las remesas han superado durante años a la ayuda oficial al desarrollo. Para muchas naciones, son el último colchón que les queda,” explicó.
Apuntó que en 2023, las remesas representaron el 41% del PIB de Tonga y el 31% del Líbano. En Centroamérica, Honduras y El Salvador recibieron más de una cuarta parte de su PIB en remesas. En México, aunque el porcentaje del PIB es menor (4.5%), el volumen total—más de $67 mil millones anuales—lo convierte en el segundo receptor mundial de remesas.
Si se implementa, el impuesto podría reducir el flujo total de remesas hasta en un 5.6%, lo que significaría una pérdida de más de $2.6 mil millones anuales solo para México, dijo Dempster. Agregó que El Salvador, aliado cercano de EE.UU., podría ver reducidos sus ingresos nacionales en más de un 1% debido al impuesto, lo cual subraya los riesgos geopolíticos.
El Dr. Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, criticó la medida como un riesgo para la seguridad nacional. La ley obligaría a las instituciones financieras a recolectar pruebas de ciudadanía—como actas de nacimiento o pasaportes—de todos los remitentes, un requisito que Orozco calificó como “irreal y peligroso.”
“Esto genera riesgos de privacidad y caos operativo,” advirtió, señalando que las empresas privadas tendrían que integrarse con los sistemas del Tesoro de EE.UU. para verificar tanto la ciudadanía como el cumplimiento fiscal. “Abre la puerta al robo de identidad, filtraciones de datos y fraude.”
El Dr. Orozco también enfatizó el peligro económico de empujar las remesas hacia la informalidad. “Incluso un aumento del 1% en el costo de las remesas incrementa la informalidad en un 6%. Con un 3.5%, se revertirían años de esfuerzos para formalizar y asegurar estos sistemas,” señaló.
Ana Valdez, presidenta y directora ejecutiva del Latino Donor Collaborative, ofreció una crítica más personal. “Este impuesto es un castigo al Sueño Americano,” dijo recientemente. “Los inmigrantes contribuyen como compradores, constructores y trabajadores. Gravar su capacidad de ayudar a sus seres queridos no solo es injusto—es una visión miope.”
La enmienda aún está bajo revisión en el Congreso y su futuro es incierto. Sin embargo, la creciente oposición de expertos económicos, organizaciones de desarrollo y líderes inmigrantes indica que su camino hacia la aprobación será políticamente complicado.