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-Editorial
El presidente de la Universidad de Harvard, Alan Garber, rechazó este lunes las exigencias de la administración Trump que amenazan con retirar $9 mil millones en fondos para investigación, argumentando que los cambios propuestos por el gobierno exceden su autoridad legal e infringen la independencia y los derechos constitucionales de la universidad.
“La Universidad no renunciará a su independencia ni cederá sus derechos constitucionales”, declaró Garber en un mensaje dirigido a la comunidad de Harvard. “Ningún gobierno —sin importar qué partido esté en el poder— debe dictar lo que las universidades privadas pueden enseñar, a quién pueden admitir o contratar, ni qué áreas de estudio e investigación pueden seguir”.
La respuesta de Garber se dio tras una carta de la administración Trump que establecía condiciones para continuar con el financiamiento federal. Estas condiciones incluyen auditorías de programas académicos, cambios en la gobernanza y prácticas de contratación, y reformas en las políticas de admisión. Los $9 mil millones en juego incluyen $256 millones en apoyo directo a investigaciones de Harvard y $8.7 mil millones en compromisos futuros con la universidad y hospitales afiliados como el Mass General, el Instituto del Cáncer Dana-Farber y el Hospital Infantil de Boston.
La administración Trump ha anunciado desde entonces la congelación de $2.2 mil millones en subvenciones y $60 millones en contratos dirigidos a Harvard. Las demandas del gobierno se centran en acusaciones de que Harvard no ha cumplido con las leyes de derechos civiles ni ha fomentado un ambiente de rigor intelectual, citando preocupaciones sobre captación ideológica y antisemitismo.
El gobierno ha presentado una serie de exigencias para reformar las políticas y operaciones universitarias. Entre las propuestas están cambios en la gobernanza que trasladarían el poder de decisión a profesores con titularidad y administradores senior, limitando la influencia de estudiantes y profesores sin titularidad. También se exige que las contrataciones y admisiones se basen estrictamente en méritos, eliminando toda consideración de raza, color, religión, sexo u origen nacional, bajo supervisión de auditorías federales. Se propone además reformar las admisiones internacionales con filtros basados en valores y reportes obligatorios de violaciones de conducta a las autoridades federales.
Otras medidas buscan asegurar diversidad de opiniones en los departamentos académicos, con posibles reestructuraciones y contrataciones dirigidas de personal docente. Programas específicos, como la Escuela de Teología y el Centro de Estudios del Medio Oriente, serían auditados por preocupaciones relacionadas con el antisemitismo, y los profesores que violen estándares antidiscriminación podrían ser sancionados. Asimismo, se exige el desmantelamiento inmediato de programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).
Los cambios propuestos en las políticas disciplinarias estudiantiles implicarían una aplicación más estricta, especialmente en casos relacionados con presuntas actividades antisemitas. Finalmente, las exigencias incluyen mayor transparencia mediante reportes más amplios de financiamiento extranjero y un cumplimiento reforzado con regulaciones federales.
La administración Trump ha criticado el manejo que Harvard ha dado a las protestas estudiantiles relacionadas con la guerra en Gaza, acusando a la universidad de no proteger adecuadamente a los estudiantes judíos frente a la discriminación antisemita. Garber reiteró el compromiso de Harvard para combatir el antisemitismo y describió las medidas implementadas en el campus en los últimos 15 meses.
George Q. Daley, decano de la Escuela de Medicina de Harvard, subrayó la importancia de la asociación entre el gobierno federal y la investigación biomédica, y su contribución a avances que salvan vidas.
El Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo emitió un comunicado reforzando que la inversión federal requiere que las universidades respeten las leyes de derechos civiles, y que la interrupción del aprendizaje y el acoso a estudiantes judíos son inaceptables.
Esta acción se produce tras la decisión del Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Departamento de Educación y la Administración de Servicios Generales de EE.UU. de cancelar aproximadamente $400 millones en subvenciones y contratos federales a la Universidad de Columbia debido al acoso persistente a estudiantes judíos. Actualmente, Columbia cuenta con más de $5 mil millones en compromisos de subvención federales.