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-Editorial
El fallo histórico del verano pasado revirtió décadas de precedentes, poniendo fin a la capacidad de las universidades—públicas y privadas—de considerar la raza como uno de los muchos factores en la admisión de solicitantes calificados.
Cuando se despejó el polvo tras la conmoción de la decisión, siguió un año tumultuoso en las admisiones universitarias: los datos parciales muestran más solicitudes de estudiantes no blancos más temprano que nunca. Sin embargo, esta tendencia fue algo eclipsada por el despliegue decepcionante del FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes), plagado de retrasos y fallos, que probablemente tendrá un gran impacto en la inscripción de estudiantes de color.
La nueva realidad aún está por emerger claramente, pero expertos y defensores discutirán las tendencias que están viendo, cómo se están adaptando las instituciones de educación superior, y lo que depara el futuro en un momento en que la confianza estadounidense en la educación superior alcanza un mínimo histórico.
Vikash Reddy, Vicepresidente de Investigación en la Campaña por la Oportunidad Universitaria, destacó los desafíos continuos y los impactos en el acceso a la educación superior durante un reciente discurso. “Nuestra organización defiende el acceso y el éxito en la educación superior para grupos subrepresentados, abogando por la equidad racial en un clima de políticas y leyes estatales moldeado por la Proposición 209”, afirmó Reddy.
Reddy enfatizó las interrupciones causadas por los retrasos del FAFSA, que afectan las decisiones de admisión y matrícula universitaria. “Muchas universidades tuvieron que retrasar sus plazos debido a estos retrasos, y simplemente no sabemos aún quiénes serán las clases entrantes”, explicó.
También abordó los impactos más amplios más allá de las admisiones, señalando un “efecto disuasorio” en los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). “Solo en 2023, se introdujeron 45 proyectos de ley que apuntan a programas DEI en las legislaturas estatales, notablemente en Texas y Florida”, señaló Reddy.
A pesar de estos desafíos, Reddy destacó medidas proactivas, como los procesos de admisión holística y los esfuerzos para eliminar las admisiones por legado, como formas de garantizar el acceso equitativo a la educación superior. Señaló los éxitos en UCLA y UC Berkeley, que han visto algunas de las clases más diversas en los últimos años.
Reddy concluyó subrayando la necesidad de una defensa continua de políticas y prácticas inclusivas en todos los niveles educativos, asegurando que los campus afirmen el sentido de pertenencia de los estudiantes y reflejen sus diversas experiencias.
John C. Yang, Presidente y Director Ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice, AAJC, destacó preocupaciones significativas sobre las recientes decisiones de la Corte Suprema.
Yang, representando a la organización con sede en Washington, D.C., enfatizó la misión de avanzar en los derechos civiles y humanos de los estadounidenses de origen asiático y abogar por una sociedad justa y equitativa para todos. Yang expresó su gratitud a socios clave como Tom Saenz de Maldef y Jin Hilly del Fondo Legal de Defensa de la NAACP por su colaboración en varias batallas de acción afirmativa, incluidas decisiones históricas que involucran a la Universidad de Michigan y la Universidad de Texas.
Reflexionando sobre las recientes decisiones de la Corte Suprema, Yang lamentó las decisiones del Tribunal que cree que podrían obstaculizar el progreso y la justicia en los Estados Unidos. Criticó una decisión que, según él, revierte cuatro décadas de precedentes y limita los poderes regulatorios de las agencias federales. Además, Yang expresó su preocupación por las acciones del Tribunal respecto a la Ley de Derechos de Votación de 1965, que, según él, afecta desproporcionadamente a los votantes de color.
Yang levantó la voz de alarma sobre las decisiones del Tribunal en casos importantes como Roe v. Wade, señalando la anulación de más de cincuenta años de precedentes. Estos desarrollos, según Yang, tienen implicaciones significativas para las conversaciones en curso sobre cuestiones legales y sociales cruciales.
Thomas A. Saenz, Presidente y Asesor General de MALDEF, destacó problemas críticos que afectan las políticas de admisión en los Estados Unidos. Saenz enfatizó las complejidades legales en curso en torno a la consideración de la raza y la etnicidad en las admisiones, tras las recientes decisiones de la Corte Suprema.
“Quiero agradecer a todos los panelistas que nos han dado una idea muy clara de la situación actual”, comentó Saenz al comienzo, reconociendo las diversas perspectivas compartidas durante la discusión.
Saenz señaló la distracción causada por los esfuerzos para extender los fallos recientes del tribunal más allá de su alcance previsto. “Hemos sido desviados intencionalmente por ese esfuerzo para expandir esta decisión mucho más allá de lo que los jueces decidieron”, afirmó, abordando los desafíos a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en la educación superior.
En cuanto a la recopilación de datos, Saenz subrayó su importancia legal. “Es incorrecto según la ley que las instituciones dejen de recopilar datos sobre raza y etnicidad en el proceso de admisión”, afirmó, citando el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
La discusión se extendió al alcance permisible de las becas basadas en la raza. Saenz aclaró que, si bien las becas individuales pueden considerar la raza como parte de fondos agrupados, no deben excluir a los solicitantes únicamente por su raza. Enfatizó el compromiso de MALDEF con la diversidad en los premios de becas, respetando al mismo tiempo las directrices legales.
Saenz también abordó el impacto de las recientes reformas del FAFSA en los estudiantes minoritarios y de bajos ingresos. “El efecto ha sido extremo”, señaló, instando a la intervención federal para mitigar las barreras al acceso a la ayuda estudiantil.
Reiteró la importancia de mantener los estándares legales en las admisiones universitarias. “Seguimos siendo una nación gobernada por el estado de derecho”, afirmó, instando a las universidades a alinear las prácticas de admisión con las obligaciones legales para garantizar la igualdad de oportunidades.
