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-Editorial
El presidente Donald Trump nominó a Amy Coney Barrett para jueza de la Corte Suprema. En la ceremonia en el Rose Garden, Trump dijo que la nominó debido a sus calificaciones y experiencia. Trump dijo que ella seguirá la ley y la constitución.
El sábado pasado, Trump nominó a Barrett para ser la próxima jueza de la Corte Suprema, algo que preocupa a mucha gente, ya que ella movería la corte a la derecha conservadora y anularía la ley de Roe v. Wade, Obamacare y derechos para la comunidad LGBT.
Amy Vivian Coney Barrett es una abogada, jurista y académica estadounidense que se desempeña como jueza de circuito en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Séptimo Circuito.
Es una académica constitucional con experiencia en interpretación de leyes. Reuters describió a Barrett como “una de las favoritas entre los conservadores religiosos” y dijo que ha apoyado los derechos de armas expansivos y votó a favor de las políticas antiinmigración de la administración Trump.
Barrett fue una de los secretarias legales del juez Antonin Scalia. Ella ha hablado y escrito de su admiración por la atención que presta al texto de los estatutos. También ha elogiado su adhesión al originalismo.
Barrett fue nominada a la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito por el presidente Donald Trump el 8 de mayo de 2017 y confirmada por el Senado el 31 de octubre de 2017. Mientras se desempeñaba en el tribunal federal, fue profesora de derecho en la Facultad de Derecho de Notre Dame, donde ha impartido clases de procedimiento civil, derecho constitucional e interpretación estatutaria.
Once meses después de su confirmación ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en 2017, Barrett fue agregada a la lista del presidente Trump de posibles candidatos a la Corte Suprema. El 25 de septiembre de 2020, numerosos medios de comunicación informaron que Trump tenía la intención de nominar a Barrett el 26 de septiembre de 2020 para suplir a Ruth Bader Ginsburg en la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Barrett criticó la opinión del presidente del Tribunal Supremo John Roberts en la decisión 5-4 que defendió la constitucionalidad de la disposición central de Obamacare en NFIB vs. Sebelius. La opinión de Roberts defendió la constitucionalidad del mandato individual al caracterizarlo como un “impuesto.”
