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-Editorial
En un giro dramático de los acontecimientos ocurrido el 26 de enero, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump emitió una serie de severas advertencias a Colombia tras su negativa a aceptar dos vuelos de repatriación estadounidenses que transportaban a personas descritas por Trump como “criminales ilegales.” La disputa diplomática se desarrolló durante el fin de semana cuando Trump anunció una serie de medidas de represalia destinadas a presionar al presidente colombiano Gustavo Petro para que cumpliera con lo que Trump calificó como obligaciones legales relacionadas con el retorno de ciudadanos colombianos.
La saga comenzó cuando el gobierno colombiano revocó inesperadamente los permisos de aterrizaje para los vuelos de repatriación de Estados Unidos. Trump, conocido por su postura firme sobre la inmigración, no perdió tiempo en responder. A través de un comunicado en su plataforma de redes sociales, Truth Social, Trump acusó al gobierno de Petro de poner en peligro la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos. Detalló una serie de medidas económicas y diplomáticas diseñadas para forzar el cumplimiento, incluyendo aranceles, prohibiciones de viaje y revocaciones de visas.
Las acciones propuestas por Trump incluyeron un arancel inmediato del 25 % sobre todos los bienes colombianos importados a Estados Unidos, con la amenaza de escalar el arancel al 50% en el plazo de una semana si el conflicto no se resolvía. También anunció planes de imponer sanciones de visa contra funcionarios del gobierno colombiano, aliados y miembros del partido político de Petro, así como contra sus familias y afiliados. Además, prometió inspecciones aduaneras más estrictas para los ciudadanos y cargamentos colombianos, junto con el posible uso de sanciones financieras bajo la Ley de Poderes Económicos en Casos de Emergencia Internacional (IEEPA).
“Estas medidas son solo el comienzo,” afirmó Trump. Criticó la decisión de Petro como un fracaso de liderazgo y describió al presidente colombiano como “ya muy impopular entre su propio pueblo.” La retórica de Trump señaló un enfoque inflexible, con su administración decidida a obligar a Colombia a cumplir.
El secretario de Estado Marco Rubio respaldó la postura de Trump, calificando la negativa a aceptar los vuelos de repatriación como “inaceptable” y subrayando el compromiso de Estados Unidos con la seguridad fronteriza. “Es responsabilidad de cada nación aceptar de vuelta a sus ciudadanos que están ilegalmente presentes en los Estados Unidos,” dijo Rubio. Acusó a Petro de incumplir acuerdos previos y caracterizó la respuesta de la administración Trump como una demostración de la determinación de Estados Unidos.
Ante la creciente presión, el presidente colombiano Gustavo Petro inicialmente defendió la decisión de su gobierno, citando preocupaciones sobre el trato a los nacionales deportados. Sin embargo, la amenaza inminente de sanciones económicas y diplomáticas resultó demasiado significativa para ser ignorada. En cuestión de horas, Petro anunció la decisión de su gobierno de cumplir plenamente con las demandas de Trump.
Un comunicado de la secretaria de prensa de la Casa Blanca confirmó que Colombia había aceptado recibir a todas las personas deportadas, incluidas aquellas transportadas en aviones militares de Estados Unidos, “sin limitaciones ni retrasos.” La administración Trump mantuvo en reserva los aranceles y sanciones preparados, condicionados al cumplimiento continuo de Colombia. Sin embargo, las restricciones de visa y las inspecciones aduaneras reforzadas permanecerían en vigor hasta que se completaran los primeros vuelos de repatriación.
En un esfuerzo por mitigar las críticas internas, Petro tomó medidas para enmarcar su respuesta como parte de una estrategia más amplia para abordar los desafíos migratorios. Anunció que el avión presidencial estaría disponible para garantizar el retorno seguro y digno de los colombianos deportados. Además, el gobierno colombiano convocó un Puesto de Mando Unificado sobre Migración para revisar los protocolos y garantizar el trato humano a los nacionales que regresan.
El conflicto ha desatado una conversación regional sobre migración y cooperación internacional. Colombia confirmó su participación en la próxima Cumbre Extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), programada para el 30 de enero. La cumbre, presidida por Honduras, se centrará en la gestión de la migración, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las alianzas regionales.
Antes de la cumbre, Colombia inició conversaciones con países vecinos para desarrollar una respuesta unificada a los problemas migratorios. Petro enfatizó la importancia de la solidaridad regional y reiteró su compromiso de proteger los derechos de los migrantes. “Ningún ciudadano colombiano será tratado como apátrida o exiliado,” declaró, comprometiéndose a trabajar con Estados Unidos para garantizar acuerdos de deportación humanitarios.
