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-Editorial
En la mañana del 17 de noviembre de 2024, Rusia lanzó uno de los mayores ataques aéreos a Ucrania desde agosto de 2024, atacando ciudades de todo el país en un intento por paralizar la infraestructura energética de Ucrania antes de los meses de invierno. Se dispararon más de 120 misiles y 90 drones durante la noche y en las primeras horas de la mañana, lo que resultó en víctimas significativas y daños generalizados. Los ataques, que cobraron la vida de al menos siete personas en Mykolaiv, Nikopol, Odesa y Lviv, dejaron a gran parte de Ucrania a oscuras, ya que se atacaron las redes eléctricas críticas, incluidas las de las ciudades de Kryvyi Rih, Vinnytsia y Kyiv.
Los bombardeos fueron diseñados específicamente para debilitar el suministro de energía de Ucrania, aumentando la presión mientras el país se prepara para un invierno severo. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, condenó los ataques, afirmando que los continuos asaltos eran un intento de quebrantar el espíritu del pueblo ucraniano al interrumpir sus vidas diarias y servicios esenciales. Además de las pérdidas humanas, que incluyeron a dos niños en la ciudad oriental de Sumy, donde un misil ruso impactó un edificio residencial de nueve pisos, los ataques dejaron 89 personas heridas.
Las fuerzas ucranianas respondieron rápidamente, con la Fuerza Aérea Ucraniana afirmando haber derribado 102 misiles y 42 drones en defensa de su territorio. La Fuerza Aérea Polaca también se puso en alerta máxima, enviando sus aviones de combate en respuesta al asalto aéreo.
En respuesta a la creciente presión militar y financiera, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una nueva ley destinada a aumentar el reclutamiento militar para la guerra en curso en Ucrania. Esta legislación ofrece perdón de deudas a los reclutas que firmen contratos de un año para servir en el ejército ruso. Bajo la nueva ley, los soldados pueden cancelar deudas de hasta 10 millones de rublos (96,000 dólares), incluidas las deudas con órdenes de cobro judicial que se iniciaron antes del 1 de diciembre de 2024. Esta política se extiende no solo a los soldados, sino también a sus cónyuges, ofreciendo un incentivo financiero a quienes estén dispuestos a unirse a la lucha.
La ley refleja la creciente necesidad del gobierno ruso de personal militar para sostener su invasión de Ucrania, que lleva ya casi tres años. La guerra ha agotado los recursos de Rusia y los esfuerzos de reclutamiento se han intensificado, con el gobierno ofreciendo beneficios financieros mucho mayores que el salario promedio. La aprobación de la ley llega tras el llamado de Putin en septiembre de 2024 para reclutar 180,000 tropas adicionales, una medida que subraya las dificultades continuas de Rusia para reponer sus fuerzas sin recurrir a una movilización más amplia, que previamente causó una ola de emigración entre los hombres que intentaban evitar la conscripción.
La naturaleza prolongada de la guerra y el aumento de las bajas también han llevado a un incremento de la retórica nuclear por parte de los altos funcionarios rusos. El presidente Putin, el ex presidente Dmitry Medvedev y el ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov han realizado amenazas recurrentes sobre el uso de armas nucleares tácticas, con algunos comentaristas advirtiendo sobre una posible escalada hacia una guerra nuclear a gran escala. Aunque estas amenazas aún no han llevado al uso de armas nucleares, la situación sigue siendo precaria.
En septiembre de 2024, Rusia probó su último misil balístico intercontinental (ICBM), el RS-28 Sarmat, en lo que muchos analistas consideraron una muestra de fuerza dirigida a disuadir a Occidente. Sin embargo, la prueba fracasó, destruyendo su silo de lanzamiento y las instalaciones circundantes. A pesar de este fracaso, Putin continuó emitiendo severas advertencias a Occidente, particularmente a Estados Unidos, Reino Unido y Francia, sobre las consecuencias de apoyar a Ucrania con armamento avanzado, como misiles de largo alcance, que podrían golpear territorio ruso.
El 19 de noviembre, Putin firmó un decreto que redujo aún más el umbral para el uso de armas nucleares de Rusia en respuesta a ataques convencionales por parte de estados no nucleares, apoyados por potencias nucleares. Esta medida señala la disposición de Rusia a escalar el conflicto a un nivel más peligroso e impredecible, en caso de que su soberanía se vea amenazada por fuerzas externas. Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia, hizo eco de estos sentimientos, con el presidente Alexander Lukashenko advirtiendo que Bielorrusia usaría armas nucleares si fuera atacada por potencias occidentales.
