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Por: Lic. Jaime Israel Davila Gomez, Abogado
El primer día de julio del presente año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, cambios importantes a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal en México, ordenamiento que entre otras cosas regula y protege los derechos de quienes crean obras. Estas modificaciones, que tienen como objetivo proteger los derechos de autor en entornos digitales, entraron en vigor al día siguiente de su publicación y provocaron controversia y una diversidad de opiniones encontradas respecto a los efectos que pudieran tener en nuestra sociedad.
Las dos críticas centrales, apoyadas fuertemente por parte de diversas organizaciones y asociaciones que pretende salvaguardar derechos digitales, eran las siguientes: que estos cambios representaban un mecanismo de censura para cualquier contenido en redes sociales y, en segundo lugar, que al contemplar la comisión de delitos por situaciones tan sencillas como reparar los dispositivos que contienen obras protegidas por derecho de autor, generaba un problema tanto para quien es dueño de estos dispositivos como para todas aquellas pequeñas, medianas y grandes empresas que se dedican a la reparación de celulares, computadoras y demás aparatos similares.
Sin embargo, en mi opinión, estas críticas son exageradas, la primera porque la reforma está tratando de regular mecanismos para hacer valer derechos de autor en medios digitales, y no cualquiera, como se ha querido señalar, puede hacer un reclamo para que un contenido sea bloqueado, pues quien haga reclamo sin tener el derecho se hará acreedor a una sanción económica. Por otro lado, las reparaciones no están prohibidas, más bien, lo que se trató de hacer es señalar que los dispositivos que contienen obras protegidas cuentan con candados digitales para protegerlas y que los mismos no pueden ser desbloqueados, alterados o manipulados.
Al final del día, lo que buscan las nuevas disposiciones es regular de una mejor manera (para favorecer el respeto a los derechos de autor en plataformas digitales) cuestiones ya establecidas en nuestras leyes.
