En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la diputada Nora Yessica Merino Escamilla, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa que busca reformar los artículos 6° y 29, así como adicionar el artículo 9 Bis a la Ley de Migración, con el objetivo de garantizar la protección integral de menores migrantes no acompañados en territorio mexicano. La propuesta, turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios, plantea la creación de servicios y protocolos específicos para asegurar el bienestar, desarrollo físico y emocional de este grupo vulnerable.
La reforma al artículo 6° establece que los menores migrantes no acompañados tendrán derecho a recibir asistencia integral en salud, apoyo psicológico y acceso a la educación durante su estancia en México. Estos servicios deberán ser proporcionados en albergues que cumplan con los estándares de protección definidos por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En el artículo 29, la legisladora propone que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), junto con los sistemas estatales y el de la Ciudad de México, implemente protocolos individualizados de apoyo psicológico y evaluaciones de riesgos para cada menor migrante no acompañado.
Asimismo, el nuevo artículo 9 Bis estipula que los menores tendrán derecho a ser alojados en albergues seguros, con personal especializado en el manejo de menores en situación de vulnerabilidad. Estos espacios deberán cumplir con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y proporcionar atención personalizada.
Merino Escamilla argumentó que México, como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, tiene una responsabilidad crucial en la protección de los menores no acompañados, quienes son especialmente vulnerables a la violencia, el abuso y la explotación. Si bien la Ley de Migración reconoce la necesidad de proteger a este grupo, la legisladora destacó que las disposiciones actuales son insuficientes. “Existen graves fallos en la atención de estos grupos, que, en lugar de recibir protección, son expuestos a mayores peligros. Es urgente mejorar los protocolos de atención”, afirmó.
La iniciativa busca garantizar un marco legal robusto que ofrezca a los menores migrantes acceso a servicios de salud, educación, apoyo psicológico y una infraestructura especializada que asegure un ambiente seguro y digno mientras se resuelve su situación migratoria. Además, se busca capacitar al personal encargado de su cuidado para identificar y responder adecuadamente a sus necesidades particulares.
Merino Escamilla subrayó que la implementación de estas medidas no solo mejorará la calidad de vida de los menores migrantes, sino que también permitirá a México cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. La propuesta pretende transformar el sistema de protección actual, asegurando que los menores no acompañados reciban atención integral y adecuada en su paso por territorio nacional.