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“La Declaración Nacional de Emergencia del Presidente Trump es ilegal”

WASHINGTON, D.C.- Ayer, la Casa Blanca confirmó que el presidente Trump firmará el proyecto de ley de financiamiento del gobierno y declarará una emergencia nacional para saltarse al Congreso y construir su muro fronterizo. La decisión del presidente de ignorar la abrumadora oposición pública al muro fronterizo no solo socava la autoridad del Congreso, sino que también continúa aumentando la crisis fabricada de Trump.

El Congreso debe responsabilizar a Trump votando por una resolución para desaprobar la declaración de emergencia nacional y presentar una demanda. Los líderes del Congreso deben actuar de inmediato para enfrentar la toma ilegal de poder de Trump.

Una declaración de emergencia nacional para construir el muro fronterizo es ilegal:

El Presidente no tiene autoridad para usar a los militares para construir su muro sin pasar por el Congreso y se prohíbe a los militares hacer cumplir la ley nacional sin la autorización expresa del Congreso. Según los estatutos, el presidente no puede usar a los militares para hacer cumplir la ley nacional, incluiyendo la aplicación de la ley de inmigración. Esta separación es una salvaguarda necesaria para nuestra democracia. Este uso extremo del poder ejecutivo establece un precedente peligroso que socava nuestra Constitución.

La Constitución otorga expresamente al Congreso el poder de la bolsa. De acuerdo con la Ley contra la Deficiencia, el gobierno federal no puede gastar dinero antes de la asignación del Congreso. Al intentar desviar fondos militares para el muro fronterizo sin la aprobación del Congreso, el Presidente no solo está poniendo en peligro el bienestar de las familias militares, sino que también está violando la ley ADA y la separación de poderes.

Según el erudito legal Ilya Somin, incluso si el presidente declara una emergencia nacional, puede que no tenga automáticamente la autoridad para construir el muro fronterizo con fondos militares. La autorización para el uso de fondos militares para proyectos civiles, como el muro, aún recae en el Congreso.

Esta declaración es un intento de socavar los derechos de los propietarios privados de tierras:

El gobierno federal solo posee un tercio de la tierra para construir el muro, mientras que los dos tercios restantes son tierras privadas, estatales y tribales. Esta declaración de emergencia nacional es un intento de expandir el uso del dominio eminente para apoderarse de la tierra del muro fronterizo de los propietarios privados. Sin embargo, la Corte Suprema ha dicho que el uso del dominio eminente debe ser “expresamente autorizado” y el uso de poderes de emergencia no otorga explícitamente esta autoridad al gobierno federal. Al intentar hacer uno de los acaparamientos de tierras federales más grandes en la historia de los Estados Unidos, el presidente Trump está socavando los derechos de los ciudadanos propietarios de tierras y es probable que continúe con la notoria historia de propietarios infracompensados ​​del CBP.

El presidente Trump fabricó una crisis en la frontera, pero no tiene nada que ver con su muro:  

Todavía hay niños separados de sus familias y la administración ha continuado arrastrando los pies para reunir a las familias. La larga lista de abusos sigue creciendo: la administración sigue encarcelando a los solicitantes de asilo; negando regularmente o cortocircuitando el debido proceso; desperdiciando el envío de miles de tropas a la frontera; y alejando a niños, mujeres y hombres vulnerables. Las cuestiones de crueldad, derechos civiles y coerción están lejos de resolverse.

Conclusión: no hay evidencia de una emergencia de seguridad nacional que justifique el uso de las fuerzas armadas. En general, los cruces fronterizos han disminuido desde 2016, sin embargo, hay un gran número de familias y niños no acompañados que buscan asilo en la frontera sur en los puertos de entrada. En lugar de responder a este aumento de familias en la frontera sur de una manera ordenada aumentando la capacidad para procesar las solicitudes de asilo, la administración de Trump optó por implementar políticas punitivas que agravaron la situación de manera negativa.

La administración debe trabajar con el Congreso para invertir en soluciones con sentido común, como abordar las causas fundamentales de la migración y mejorar los puertos de entrada.

El Centro de Inmigración es una organización nacional dedicada a brindar apoyo estratégico a un amplio espectro de organizaciones que buscan promulgar políticas de inmigración progresivas a nivel federal y estatal.

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