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-La Casa Blanca ignoró a los expertos del Departamento de Estado que advirtieron que la finalización del TPS pone en peligro los intereses de seguridad de los EE. UU.
Washington, DC- La administración Trump avanzó para poner fin a un programa humanitario que protegía a más de 300,000 salvadoreños, hondureños, haitianos y nicaragüenses, a pesar de las advertencias de expertos del Departamento de Estado de que eso podría afectar significativamente la seguridad y la migración regional, como se revela hoy en informes de prensa. Una carta, fechada con el 31 de octubre de 2017 y enviada por el entonces Secretario de Estado Rex Tillerson a la entonces Secretaria de Seguridad Nacional Elaine Duke, advirtió que poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para los cuatro países tendría serias repercusiones en la política humanitaria y exterior. Adjunto a la carta se encontraban las evaluaciones de los expertos del Departamento de Estado sobre las condiciones del país, que concluían con que ninguno de los cuatro países estaba preparado para volver a absorber a los beneficiarios de TPS que se verían obligados a regresar a su país de origen después de perder las protecciones de EE. UU.
A pesar de las evaluaciones de expertos del Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional decidió suspender el estatus legal de unos 2,500 nicaragüenses y más de 50,000 haitianos en noviembre de 2017, seguido de la terminación del TPS para más de 257,000 salvadoreños y hondureños en enero y mayo de este año (En cada caso, la finalización incluyó un período de gracia de 18 meses para permitir que las personas afectadas se preparen para abandonar Estados Unidos). Según la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), una organización líder en investigación y defensa que promueve los derechos humanos en Las Américas, el evidente desprecio de la administración Trump por el asesoramiento de los expertos del Departamento de Estado subraya la imprudencia detrás de la decisión de dar por terminado el TPS para Haití y los países centroamericanos.
“El personal del Departamento de Estado concluyó que poner fin al TPS sería un desastre para los intereses de EE. UU. y los países involucrados”, dijo Geoff Thale, Vicepresidente de Programas de WOLA. “Pero la administración de Trump siguió adelante y lo hizo de todos modos, aparentemente más preocupada por su agenda antiinmigrante que por los intereses reales de los EE. UU. o por los seres humanos involucrados”.
Esta no es la primera vez que surgen informes sobre la administración de Trump ignorando repetidamente las advertencias sobre las consecuencias de la finalización del TPS. Una investigación del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores, encabezada por el senador Bob Menendez (D-NJ) y su personal, descubrió previamente que la administración Trump ignoró las reiteradas advertencias de diplomáticos y expertos estadounidenses de que enviar a 300,000 personas a sus frágiles países de origen daña los intereses de seguridad nacional de EE. UU. y amenaza la seguridad de estas personas y sus hijos que son ciudadanos estadounidenses. Según CNN, las evaluaciones que los funcionarios del Departamento de Estado adjuntaron a la carta de Tillerson dijeron que los niños de los EE. UU. Enviados con sus padres a Honduras y El Salvador serían vulnerables al reclutamiento de pandillas.
“La administración de Trump sabía que poner fin al TPS para estos países pondría en riesgo la vida de los niños estadounidenses”, dijo Thale. “Pero como la Casa Blanca lo ha dejado muy claro con sus políticas migratorias irreflexivas y crueles, no les importa cómo sus decisiones podrían trastornar la vida de familias y niños vulnerables”.
La carta también señala que la terminación del TPS también podría generar una reacción violenta por parte de los gobiernos centroamericanos, lo que los lleva a tomar medidas de represalia como “retirar su cooperación antinarcóticos y antipandillas con los Estados Unidos… o abstenerse de controlar la migración ilegal”. Desde la terminación del TPS, las condiciones del país se han agravado dramáticamente en Nicaragua, donde cientos de personas han muerto desde el inicio de las protestas el 18 de abril y Haití, que ha registrado disturbios significativos que han provocado la renuncia del primer ministro del país.
