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-Editorial
Quince abogados de la fiscalía del distrito no se presentaron a trabajar el martes 26 de febrero, algo que la Junta de Supervisores del Condado reaccionó de inmediato con preocupación.
Durante la reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Imperial, el presidente Ryan Kelley hizo una declaración pública sobre los quince abogados que se reportaron enfermos algo que causó alarma y preocupación en la junta de supervisores.
“Esta acción parece ser un ataque inusual en violación de la Acta Brown Meyers-Milias. Específicamente, la Asociación de Fiscales de Distrito parece haber cometido una práctica laboral injusta al no proporcionarle al condado un aviso de huelga anticipada”, dijo el Presidente Kelley.
Kelley agregó que la oficina de los abogados del condado y el Departamento de Servicios de Manutención de Menores están brindando cobertura de abogado a la oficina de la fiscal en la corte. Si el condado descubre que los abogados usaron su licencia por enfermedad contra la política del condado, iniciarán una acción disciplinaria.
“Hemos escuchado de ellos sus problemas de retención y condiciones de trabajo. Quieren ser referidos como seguridad pública y si realmente son seguridad pública, entonces están poniendo en peligro a todos los residentes del Condado Imperial con esta acción”, dijo Kelley.
Kelley dijo que, si los abogados no regresan a su lugar de trabajo el martes por la mañana, el condado tomará las medidas apropiadas en función de su ausencia.
En respuesta a estos comentarios, la fiscal adjunta de distrito Deborah Owen señaló que han perdido a varios abogados en 2018 debido a que ellos han aceptado trabajos bien remunerados en otros condados y por jubilación. Owen dijo que solo tienen 14 abogados, lo que aumenta la carga de trabajo para cada uno de ellos.
La Asociación de Fiscales de Distrito y Owen acudieron a la junta informando que el condado tiene un problema de reclutamiento y retención de abogados calificados debido a la baja remuneración. Owen dijo que actualmente los abogados de delitos menores han manejado 1,600 casos por año cuando el estándar para ellos debería ser de 400. Owen dijo que cuando eso sucede, se comprometen los derechos de las víctimas, los acusados y la seguridad pública se ve afectada. Owen comentó que los abogados de delitos graves del condado manejan entre 240 y 300 casos cuando el estándar de justicia penal exige que los abogados manejen hasta 150 por año.
“No es significativo ofrecer 2.2% a los abogados que ganan entre 20 y 60 mil dólares menos que sus contrapartes en California. Lo que está haciendo la junta de supervisores del condado es enfrentar a un grupo de empleados del condado contra el otro. No creo que sea un liderazgo responsable por parte de ellos, no creo que sea profesional, y acusar a los abogados de comprometer la seguridad pública es un error de los hechos, es retórica para promover la agenda de la Junta de Supervisores del condado,” declaró la fiscal.
