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Expertos Discuten los Nombramientos del Gabinete de Trump y las Deportaciones Masivas

-Editorial

Los primeros nombramientos del gabinete del presidente electo Donald Trump señalan que la seguridad fronteriza y las restricciones migratorias serán un enfoque central de su administración. ¿Pero qué significa esto para los inmigrantes, sus familias y sus comunidades? ¿Cómo serían las “deportaciones masivas”? ¿Y cuál sería el impacto de algunas de sus políticas en los inmigrantes legales y los ciudadanos naturalizados?

En esta discusión, los expertos en inmigración desglosaron las prioridades migratorias de Trump y exploraron las posibles consecuencias para los inmigrantes y la nación en general en este panel organizado por Ethnic Media Service.

Jeremy Robbins, Director Ejecutivo del Consejo Estadounidense de Inmigración, expresó su preocupación por la viabilidad y las consecuencias de los esfuerzos de deportación a gran escala propuestos. Robbins explicó recientemente los desafíos logísticos, financieros y legales que implicarían estos planes.

“La deportación masiva requiere encontrar a individuos en las comunidades, y el gobierno simplemente no tiene la capacidad para esto”, explicó Robbins. “No sabemos dónde están muchas personas, y el costo de implementar tal programa es asombroso: se estima en 315 mil millones de dólares para su ejecución total o 88 mil millones de dólares anuales durante una década”.

Robbins destacó las limitaciones del sistema de detención actual, que tiene una capacidad de solo 50,000 personas, lejos de ser suficiente para manejar millones de casos. “Los tribunales de inmigración ya están abrumados, con un retraso de más de un millón de casos. Se tarda aproximadamente cinco años en procesar una solicitud de asilo”, agregó.

Greg Chen, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, coincidió con Robbins, destacando las repercusiones económicas y sociales. “Las comunidades dependientes del trabajo migrante, como las del condado de Yuma, Arizona, enfrentarían la devastación”, señaló. “Muchos negocios dependen en gran medida de los trabajadores migrantes, especialmente en la agricultura, para satisfacer sus necesidades laborales”.

Tanto Robbins como Chen también advirtieron sobre el miedo y la incertidumbre que tales políticas podrían generar en las comunidades inmigrantes. “Incluso las personas con estatus legal están comenzando a preocuparse por ser perfiladas y atacadas”, dijo Chen. “Este miedo socava la confianza y genera pánico innecesario”.

Robbins concluyó pidiendo un enfoque equilibrado: “Cualquier política migratoria debe respetar los derechos civiles y considerar los impactos económicos y humanitarios. Un modelo de aplicación de la ley único no es ni viable ni ético”.

Elizabeth Taufa, abogada y estratega política en, Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), destacó el impacto psicológico que estas políticas tienen en las familias inmigrantes. “La deportación masiva no es solo sobre camiones circulando por las comunidades o redadas en casas. Disrupta el tejido emocional y psicológico de nuestros vecindarios”, dijo Taufa. “Estamos hablando de niños que dejan de ir a la escuela porque sus padres temen la deportación, escasez de trabajadores de la salud y aún menos maestros, muchos de los cuales tienen estatus temporal como DACA”.

Taufa subrayó que, aunque el gobierno federal carece de los recursos para ejecutar deportaciones masivas a la escala sugerida en las plataformas políticas, las tácticas de miedo e intimidación ya han causado una interrupción generalizada. “Es el desmoronamiento de los hilos de nuestras comunidades americanas, especialmente en las áreas rurales donde el trabajo inmigrante juega un papel crítico”, agregó.

Los panelistas también abordaron los desafíos económicos de implementar tales políticas. Julia Gillard, del Instituto de Políticas Migratorias, señaló: “En 2009, el año con más deportaciones, hubo 238,000 remociones interiores. Para lograr los números propuestos por algunos políticos, se necesitaría un aumento sin precedentes en financiamiento, recursos y personal”.

Taufa concluyó instando a los legisladores a considerar las implicaciones más amplias. “Esto no es solo un problema económico. Se trata del corazón de nuestras comunidades y el daño a largo plazo a las familias e instituciones locales”.

En una nueva administración de Trump, podrían reintroducirse medidas más severas. En los últimos años, la política migratoria de EE.UU. ha experimentado transformaciones significativas, particularmente en cuanto al trato de los solicitantes de asilo en la frontera sur. Bajo la administración de Biden, políticas clave remodelaron el proceso de asilo, incluyendo el requisito de que los migrantes aseguren citas a través de una aplicación digital antes de solicitar asilo, una práctica que recuerda restricciones anteriores como la política “Permanecer en México” de Trump.

Este marco en evolución ha generado discusiones sobre lo que podría cambiar bajo futuras administraciones. Los expertos señalan que las medidas de la administración de Biden, aunque distintas, se basaron en infraestructuras preexistentes, como barreras físicas y restricciones de asilo, establecidas durante mandatos anteriores. Esta continuidad plantea preguntas sobre si los futuros líderes desmantelarían estas políticas o las expandirían.

Estas podrían incluir categorizaciones más amplias para negar la entrada, aprovechando la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para excluir a grupos considerados amenazas. Existen preocupaciones de que tales acciones podrían llevar a perfiles raciales, étnicos o religiosos.

Mientras tanto, las implicaciones económicas de políticas migratorias más estrictas, particularmente las deportaciones masivas, siguen siendo controvertidas. Los analistas estiman que deportar a más de 13 millones de trabajadores indocumentados, que representan más del 4% de la fuerza laboral de EE.UU., podría resultar en una pérdida del PIB de hasta un 6.8%, rivalizando con el impacto de la Gran Recesión. Por el contrario, propuestas pasadas para una reforma migratoria integral han mostrado el potencial para un crecimiento económico significativo.

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