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Empresarios en Baja California defienden la inversión, empleos y Estado de Derecho

-Editorial

Representantes de los distintos organismos empresariales de Baja California, se reunieron en rueda de prensa, con el fin de manifestar su inconformidad respecto a las diversas modificaciones legislativas que el Congreso del Estado ha llevado a cabo en las últimas semanas.

Lo anterior fue informado por Carlos Ibarra Aguiar, Coordinador Técnico Estatal de los Consejos Coordinadores Empresariales, dijo que organismos de todos los municipios, tales como CANIRAC, CANACO, CANACAR, entre otros, se están viendo fuertemente afectados con la imposición de una nueva Licencia Sanitaria, por lo cual el sector económico decidió convocar a conferencia de prensa y dar a conocer que los negocios encuentran de acuerdo con llevar a cabo todas las medidas sanitarias requeridas para poder operar, pero que el descontento radica con la nueva obligación que sólo busca recaudar más impuestos.

Ibarra Aguiar, expresó que los Diputados han impulsado una serie de reformas y nuevas leyes que, lejos de ayudar a la sociedad y al sostenimiento de empleos durante la contingencia, su actuar ha tenido como prioridad la generación de nuevos impuestos y de reformas políticas que envuelven al Estado en panoramas de incertidumbre y falta de transparencia.

Miguel Ángel Badiola, presidente de la CANIRAC Estatal, señaló que para que cada restaurante pueda operar es necesario que cumpla ya con 17 permisos previos que cada uno de ellos conlleva también una carga económica, dijo que este es el sector más sobre-regulado, y tan sólo por el cierre de tres meses, ya se reportan 10 mil empleos perdidos en la industria restaurantera.

Por su parte, Adolfo Solís Farías, Abogado Fiscalista de los organismos, informó que más de diez mil negocios de diversos rubros de todo el Estado firmaron la solicitud de amparo en contra de la propuesta legislativa de la Licencia Sanitaria. Dijo que estos amparos serán presentados en dos emisiones, la primera será durante los primeros días de julio y comprenderá la documentación para las personas físicas, mientras que la segunda semana de julio presentarán todo lo conducente para las personas morales.

Dijo que el sector productivo de todos los giros se ha unido en un solo sentir, la defensa de los derechos de quienes sostienen la economía de las localidades, por lo cual, propietarios de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas han decidido actuar en contra de la acción legislativa que, además de ser inconstitucional, está a todas luces generaría una involución social, pérdidas de empleo y contracción económica.

Rodrigo Llantada Ávila, Presidente del CCE Mexicali, subrayó la sorpresa y enorme tristeza que el sector empresarial presenta derivado de la falta de interés de los legisladores por tomar acciones en beneficio de quienes hoy por hoy cargan con la responsabilidad de sacar adelante a las ciudades por medio de la prevalencia de las empresas y por ende de los empleos de los bajacalifornianos.

Habló sobre los constantes ataques a la Constitución y al Estado de Derecho que los Diputados se han empeñado en propiciar, primero con su aprobación de reelección sin licencia y después con algo sumamente grave, la intención de reducir el próximo periodo de la gubernatura de Baja California de 6 a 3 años, cuestión que no se logra justificar ni entender el beneficio que esto traería para la sociedad, en especial en tiempos de pandemia.

Llantada Ávila, hizo un llamado especial a los Diputados a que representen a la sociedad, a que cumplan con sus obligaciones, a que se deje de lado la agenda personal y particular que cada legislador podría estar cuidando. Les instó a que defiendan aquellas propuestas que vengan de manera real a mejorar las condiciones del Estado, a cuidar la salud y a fortalecer la economía para el cuidado de los empleos.

Finalmente invitó a las autoridades a trabajar en unidad con la sociedad y el sector empresarial para fortalecer las medidas que abonen a la mejora de las condiciones de las familias bajacalifornianas, a instrumentar mecanismos que abonen al trabajo eficiente de las instituciones, a blindar al Sistema Estatal Anticorrupción y a trabajar en equipo privilegiando siempre el bien común.

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