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-Editorial
A medida que EE.UU. se prepara para la posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, expertos en educación, legisladores y defensores comunitarios advierten sobre los profundos cambios que podrían transformar el sistema educativo del país. Desde las escuelas públicas de K-12 hasta las instituciones de educación superior, las políticas radicales podrían afectar a estudiantes, docentes y familias durante años.
El eje central de la agenda educativa de Trump es la posible eliminación del Departamento de Educación de EE.UU. (DOE, por sus siglas en inglés). Aunque esta idea ha sido un tema recurrente entre los conservadores, su viabilidad sigue siendo cuestionable. Pedro Noguera, decano de la Escuela de Educación Rossier de la USC, predice una fuerte resistencia, incluso por parte de algunos republicanos y comunidades rurales que dependen de la financiación federal para la educación. “Eliminar el Departamento de Educación podría poner en peligro la supervisión”, advirtió Noguera, destacando que los fondos de Título I para escuelas de bajos ingresos y las Becas Pell para estudiantes universitarios estarían en riesgo.
Los críticos argumentan que el enfoque de Trump hacia la educación está más impulsado por las batallas ideológicas de la “guerra cultural” que por políticas basadas en la evidencia. Noguera caracterizó la agenda de Trump como centrada en iniciativas de “elección escolar”, como los vales escolares, que desvían fondos públicos hacia escuelas privadas y religiosas. Estas propuestas han fracasado en estados como Kentucky, Nebraska y Colorado, donde los votantes las han rechazado. “El público ha votado en contra de ellas de forma consistente”, señaló Noguera, advirtiendo sobre una posible reacción pública adversa.
El énfasis en la elección escolar y los vales ha suscitado preocupaciones sobre la equidad. Los opositores sostienen que estos sistemas benefician desproporcionadamente a las familias con mayores recursos, que ya pueden pagar la educación privada, mientras dejan atrás a las comunidades de bajos ingresos. Con el 90 % de los estudiantes de EE.UU. matriculados en escuelas públicas, los críticos argumentan que financiar estas alternativas desvía recursos esenciales de la educación pública, que atiende a la gran mayoría de los estudiantes.
Más allá de la posible eliminación del DOE, otras medidas de supervisión federal también están en juego. Los expertos advierten que una segunda administración de Trump podría utilizar la financiación federal y el sistema de acreditación para presionar a las instituciones de educación superior a desmantelar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés). Noguera anticipa que la Oficina de Derechos Civiles podría ser reutilizada para “preservar los derechos de los estudiantes blancos”, reflejando las prioridades de la guerra cultural de Trump.
Este cambio podría tener consecuencias duraderas para las universidades que dependen de la financiación y acreditación federal para operar. Sin acreditación, las instituciones corren el riesgo de perder el acceso a la ayuda financiera federal, un recurso vital para los estudiantes de familias de bajos ingresos.
El regreso de Trump también podría afectar la asequibilidad y el acceso a la educación superior. Thomas Toch, director de FutureEd en la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown, destacó los esfuerzos pasados de Trump por revocar las regulaciones de la era de Obama sobre las universidades con fines de lucro. Las protecciones diseñadas para proteger a los estudiantes de prácticas depredadoras podrían debilitarse nuevamente. “Podemos esperar que esas [protecciones] se diluyan nuevamente”, dijo Toch, recordando la polémica historia de Trump con la ahora desaparecida Trump University.
Toch también advirtió sobre posibles recortes a los programas de ayuda federal para estudiantes, como las Becas Pell, AmeriCorps y las iniciativas de estudio y trabajo. Estos programas ayudan a millones de estudiantes subrepresentados a acceder a la educación superior. “Habrá presión… para reducir la financiación de las Becas Pell”, señaló Toch, citando el objetivo de larga data de los republicanos de reducir el gasto federal en programas sociales.
Toch predijo además que las iniciativas de condonación de préstamos estudiantiles de Biden se terminarían bajo Trump. Si Trump cumple con sus promesas de limitar la ayuda financiera federal, millones de estudiantes podrían enfrentar mayores cargas de deuda o ver reducidas sus oportunidades de acceso a la educación superior.
El Formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés), que permite a los estudiantes solicitar ayuda financiera, también podría estar sujeto a reformas. Aunque la administración de Biden ha sido criticada por su gestión del FAFSA, Toch advirtió que la administración de Trump “asumiría el control del problema” si se hiciera cargo.
Uno de los temas más controvertidos que afectarán la educación bajo una posible administración de Trump es la inmigración. Se espera que Stephen Miller, exasesor principal de Trump conocido por su postura dura sobre la inmigración, regrese a un cargo clave. Los críticos advierten que sus políticas podrían obstaculizar la inscripción de estudiantes internacionales en las universidades de EE.UU., exacerbando el problema del descenso de matrículas universitarias.
Toch destacó la importancia de los estudiantes internacionales para el sistema de educación superior de EE.UU., señalando que las políticas de visas restrictivas afectarían el flujo de talento hacia las universidades estadounidenses. Esto, a su vez, podría afectar negativamente la salud financiera de las universidades, que dependen de la matrícula de estudiantes internacionales.
Para las escuelas K-12, persisten los temores de una mayor aplicación de la ley de inmigración. Thomas A. Saenz, presidente y consejero general del Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF, por sus siglas en inglés), abordó las preocupaciones de los padres sobre redadas de deportación en las escuelas. Saenz aseguró a las familias que la decisión de la Corte Suprema de 1982 en el caso Plyler v. Doe, que garantiza la educación pública para todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, sigue vigente.
“No tienen el derecho ni la capacidad de ingresar a las escuelas públicas para realizar redadas de inmigración”, explicó Saenz, señalando que Plyler v. Doe también protege contra la aplicación de la ley de inmigración en los terrenos escolares. Incluso si se rescinden las políticas de “lugares sensibles”, la decisión Plyler ofrece una salvaguarda legal.
A pesar de la retórica de Trump, Saenz minimizó la probabilidad de cambios significativos en Plyler, afirmando que los intentos previos de socavarla, como la Proposición 187 de California en 1994, fueron rápidamente anulados por los tribunales federales. Los principios de Plyler se han incorporado a la legislación federal, lo que dificulta aún más su impugnación.
El destino del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) también podría estar en juego. Saenz explicó que desmantelar DACA no sería tan simple como una orden ejecutiva o un anuncio del fiscal general. La administración de Biden estableció DACA a través de un proceso formal de elaboración de normas, lo que requeriría un procedimiento igualmente riguroso para revertirlo.
“Es importante recordar que ningún anuncio del fiscal general, ni de Trump, pondría fin de inmediato a DACA”, dijo Saenz.
Noguera también señaló los efectos duraderos de la pandemia de COVID-19 en la educación. La pérdida de aprendizaje, especialmente en matemáticas y ciencias, sigue siendo una gran preocupación. Criticó la tendencia de priorizar las batallas políticas sobre los problemas sustantivos que afectan el aprendizaje de los estudiantes.
“Nuestro sistema educativo, de K-12, tiene grandes necesidades”, enfatizó Noguera. “Es lamentable si toda la atención se centra en la política y no en el fondo de la educación”.
Con las elecciones presidenciales de 2024 en el horizonte, el futuro de la política educativa pende de un hilo. Expertos como Noguera, Toch y Saenz instan a las partes interesadas a estar vigilantes y preparadas para lo que podría ser una de las batallas más intensas por la educación en la historia reciente.
“Prepárense para la batalla”, advirtió Noguera. La lucha por la política educativa promete ser feroz en los próximos años.
