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-Editorial
En una medida decisiva para enfrentar décadas de contaminación en el Río Nuevo, la Junta de Supervisores del Condado Imperial ratificó una carta de apoyo al Ley de Restauración y Protección de la Calidad del Agua Fronteriza de 2024 que busca abordar los graves problemas de calidad del agua que afectan las cuencas del Río Tijuana y del Río Nuevo.
La Junta de Supervisores del Condado Imperial ha expresado su total apoyo al Ley de Restauración y Protección de la Calidad del Agua Fronteriza de 2024, una iniciativa federal destinada a combatir décadas de severa contaminación en el Río Nuevo. En una carta dirigida al Congresista Vargas, el Presidente de la Junta, Luis Plancarte, expresó el agradecimiento de la Junta por esta legislación, calificándola como un paso crucial para enfrentar una crisis ambiental y de salud pública de larga data.
“Esta importante legislación crearía un programa que se necesita desesperadamente para mejorar la coordinación y la planificación estratégica entre agencias federales, estatales y locales”, escribió Plancarte. “Aborda los problemas sistémicos de infraestructura y contaminación del agua que han afectado al Río Nuevo durante demasiado tiempo”.
El Río Nuevo, que fluye desde Mexicali a través de Calexico hasta el Mar de Salton, ha sido durante mucho tiempo una fuente de contaminantes peligrosos, incluidos patógenos como Salmonella, E. coli y Hepatitis. Estos contaminantes representan un riesgo diario para la salud de los residentes y trabajadores del área, especialmente en el oeste de Calexico.
La contaminación del río ha devastado los ecosistemas locales, amenazando la vida silvestre y contribuyendo al deterioro continuo del Mar de Salton. Además, ha obstaculizado el desarrollo económico al reducir los valores de las propiedades, desalentar la inversión empresarial y frenar proyectos residenciales y comerciales viables.
“Además de las amenazas a la salud pública y al medio ambiente, la contaminación del Río Nuevo ha obstaculizado significativamente las oportunidades de desarrollo económico en el Condado Imperial, particularmente en el área al oeste de Calexico”, señaló Plancarte. “Esta contaminación ha contribuido, sin duda, a la pérdida de negocios, la disminución de los valores inmobiliarios y la paralización de desarrollos residenciales y comerciales viables. Abordar estos problemas sistémicos requiere un esfuerzo multifacético a largo plazo que se base en iniciativas existentes e implique la colaboración de muchas agencias e instituciones”.
El Ley de Restauración y Protección de la Calidad del Agua Fronteriza, introducido por el Congresista Juan Vargas y copatrocinado por los Senadores Alex Padilla y Laphonza Butler, entre otros, designa a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) como la principal responsable de coordinar los esfuerzos para limpiar el Río Nuevo y la cuenca del Río Tijuana. El proyecto de ley propone un enfoque integral para la gestión de la calidad del agua mediante la creación de un nuevo Programa Geográfico de la EPA para desarrollar e implementar un plan de gestión de la calidad del agua en la cuenca del Río Nuevo, la codificación del Programa de Infraestructura de Agua Fronteriza entre Estados Unidos y México (BWIP, por sus siglas en inglés) para garantizar financiamiento federal para proyectos críticos de infraestructura, y la colaboración con partes interesadas clave, como la Agencia de Protección Ambiental de California (CalEPA), el Comité del Río Nuevo de Calexico y organizaciones locales.
La legislación se basa en los esfuerzos del Consejo de Relaciones Fronterizas entre California y México y está alineada con las recomendaciones del informe de 2020 de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO) sobre problemas de calidad del agua. También exige que la EPA consulte con socios estatales, locales y sin fines de lucro para implementar soluciones efectivas, incluido el diseño, construcción y mantenimiento de proyectos prioritarios de infraestructura de agua.
“Abordar estos problemas sistémicos requerirá un esfuerzo multifacético y a largo plazo que implique colaboración a todos los niveles”, enfatizó Plancarte. “Este proyecto de ley proporciona el marco para hacerlo posible”.
En su carta, Plancarte elogió las disposiciones del proyecto de ley que aseguran las asignaciones federales para proyectos críticos y respaldan los esfuerzos locales para restaurar el Río Nuevo. También destacó la importancia de codificar el BWIP, lo que facilitaría la distribución de fondos a los socios involucrados en los esfuerzos de limpieza.
