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-Editorial
El Fiscal General de California, Rob Bonta, presentó una demanda impugnando una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento en los Estados Unidos. Junto con otros 17 fiscales generales estatales y la ciudad de San Francisco, la demanda argumenta que la orden ejecutiva viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El gobernador Gavin Newsom emitió la siguiente declaración después de que el presidente Trump firmara una orden ejecutiva para derogar prospectivamente la ciudadanía por nacimiento:
“Esto es inconstitucional.”
Bajo la Decimocuarta Enmienda, todos los niños nacidos en suelo estadounidense tienen derecho a la ciudadanía, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este principio fue respaldado por la Corte Suprema de los EE. UU. en el caso de 1898 Estados Unidos contra Wong Kim Ark, que afirmó que los niños nacidos en los Estados Unidos, incluidos aquellos nacidos de padres inmigrantes, son ciudadanos.
La orden ejecutiva, emitida pocas horas después de que el presidente Trump asumiera el cargo, instruye a las agencias federales a negar los derechos de ciudadanía a los niños nacidos en los Estados Unidos de padres que no son residentes legales. También ordena a la Administración del Seguro Social y al Departamento de Estado dejar de emitir números de Seguro Social y pasaportes a los niños afectados, tratándolos efectivamente como no ciudadanos.
En la demanda, la coalición de fiscales generales argumenta que la orden socava las garantías constitucionales, interrumpe precedentes legales establecidos y causa daños a los estados y sus residentes. El Fiscal General Bonta describió la orden como “flagrantemente inconstitucional”, afirmando: “California no se quedará de brazos cruzados mientras el presidente intenta borrar 125 años de precedentes de la Corte Suprema y pone en peligro los derechos de los niños nacidos en Estados Unidos.”
La demanda sostiene que, de implementarse, la orden ejecutiva despojaría a decenas de miles de niños nacidos cada año en los Estados Unidos de sus derechos de ciudadanía. Esto resultaría en la pérdida de beneficios federales, incluido el acceso a números de Seguro Social, empleo legal, derechos de voto y elegibilidad para programas públicos. Los fiscales generales también advierten que la orden podría interrumpir programas vitales administrados por los estados, como Medicaid y el Programa de Seguro Médico Infantil, que dependen del estatus de ciudadanía de los beneficiarios.
Solo California estima que 24,500 niños nacidos anualmente en el estado podrían verse afectados por la orden. La demanda busca una orden judicial preliminar a nivel nacional para bloquear la implementación de la orden ejecutiva, programada para entrar en vigor el 19 de febrero, argumentando que causaría un daño irreparable a los estados, a los residentes y a los derechos constitucionales de las personas afectadas.
El desafío legal está liderado por California, Nueva Jersey y Massachusetts, con el apoyo de los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont y Wisconsin. La ciudad de San Francisco también participa en el caso.
