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Por: Verónica Henderson, Abogada.
El “federalismo” es un sistema basado en reglas e instituciones democráticas en las cuales el poder de gobernar es compartido entre los gobiernos nacionales y estatales. Muchas naciones se adhieren a alguna forma de federalismo. En los Estados Unidos, el federalismo es una relación en evolución entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. En uno de los Documentos Federalistas, James Madison afirmó que los estados y el gobierno nacional “son de hecho, diferentes agentes y fideicomisarios del pueblo, constituidos con diferentes poderes”. Alexander Hamilton, escribiendo en otro Documento Federalista, sugirió que ambos niveles de gobierno ejercerían la autoridad en beneficio de los ciudadanos. El gobierno federal de los Estados Unidos tiene ciertos poderes expresos (también llamados poderes enumerados), que son poderes expresados por la Constitución, incluyendo el derecho a cobrar impuestos, declarar la guerra y regular el comercio interestatal y extranjero. La política de inmigración también se otorga exclusivamente al gobierno federal. Otros poderes, los poderes reservados, están reservados al pueblo o a los estados.
Al mismo tiempo que existe un sistema de federalismo en los Estados Unidos, existe un sistema de separación de poderes que permite el control y equilibrio. Cada poder del gobierno: el ejecutivo, el judicial y el legislativo, regula al otro, bajo este sistema. La separación de poderes permite que los poderes representados por los poderes separados se consideren recíprocamente responsables ante la asunción de poderes según lo dispuesto en la ley.
Entonces, ¿En qué momento puede un estado actuar contra el gobierno federal cuando este ejerce uno de sus poderes enumerados, como el control de las fronteras de la nación? Además, ¿puede un poder del gobierno ser usado para desafiar a otro poder, cuando un poder ejerce su autoridad de una manera objetable? Recientemente, el Presidente Trump emitió una prohibición de viaje, en la que a los titulares de visas válidas de siete países mayoritariamente musulmanes, se les negó la entrada o la reentrada a Los Estados Unidos. Un juez federal bloqueó temporalmente la prohibición. Estados y otras entidades habían entablado demandas contra el gobierno federal. Concretamente, el Estado de Washington demandó bloquear la orden, con el apoyo de Minnesota y de grandes corporaciones como Microsoft, Expedia y Amazon, argumentando que la prohibición es inconstitucional y perjudicaría a sus residentes y consumidores. Organizaciones como la ACLU salieron con toda su fuerza para ayudar en estas demandas. Estos grupos también han presentado sus propias demandas en la corte federal, pidiendo a los jueces declarar la orden de inmigración de Trump inconstitucional. Después de que el juez federal bloqueara la prohibición, el gobierno intentó apelar su orden. El Departamento de Justicia pidió a un tribunal de apelación federal que anulara la orden del juez que bloqueaba temporalmente la prohibición de viaje de la administración de Trump.
La respuesta a las preguntas presentadas arriba es la siguiente: Si bien un estado no puede imponer su propia política de inmigración o frontera, bajo nuestra política de federalismo, puede desafiar al Presidente cuando el Presidente emite una orden ejecutiva que afecta a sus constituyentes. Mientras que el Presidente puede emitir órdenes ejecutivas, los estados, actuando en nombre de sus ciudadanos, pueden desafiar estas órdenes, y eso se hace a menudo en las cortes federales. Por lo tanto, el poder judicial es capaz de “controlar y equilibrar” el poder ejecutivo del gobierno.
