Related Articles
-Editorial
Entre la elección presidencial, la nominación a la corte suprema y las luchas partidistas, la posibilidad de tener un nuevo paquete de estímulo para las personas afectadas por el COVID-19 parece una tarea imposible.
Millones de estadounidenses esperarán que el paquete incluya una disposición para una segunda ronda de los cheques de estímulo de $1,200 que se emitieron por primera vez hace seis meses.
Las posibilidades de que eso pase antes de las elecciones son casi nulas.
En su proyecto de ley de alivio del coronavirus, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, pide un requisito imprescindible en cualquier proyecto de ley que se apruebe: protección de responsabilidad para los empleadores cuyos empleados se enferman en el trabajo.
El líder de la mayoría en el Senador McConnell ha predicho “una avalancha” de litigios y “la mayor bonanza de abogados litigantes en la historia”. Los republicanos están presionando por un amplio escudo de responsabilidad denominado Safe to Work Act, una medida a la que los grupos de consumidores se oponen firmemente.
La ley crearía un escudo de responsabilidad para los empleadores y otros “para desalentar juicios insustanciales relacionados con COVID-19 mientras se preserva la capacidad de las personas y empresas que han sufrido una lesión real de obtener un alivio completo.”
La ley brindaría una amplia protección a empresas, proveedores de atención médica, escuelas y universidades, así como a instituciones religiosas, filantrópicas y otras instituciones sin fines de lucro contra la responsabilidad que surja de reclamos por lesiones personales debido a la exposición real o potencial al COVID-19.
El problema es un punto de fricción en las negociaciones estancadas entre la administración Trump y los legisladores demócratas sobre una legislación demasiado amplia para extender miles de millones de dólares en beneficios federales por desempleo y alivio para los gobiernos estatales y locales.
La propuesta reemplazaría las salvaguardas federales para los trabajadores como la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970, la Ley de Normas Laborales Justas de 1938, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 y la Ley de No Discriminación por Información Genética de 2008, entre otras.
