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Por: Terry Ahtziry Cárdenas Banda, abogada, catedrática, altruista y activista social.
La Asamblea General de la ONU adoptó el 25 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual denominaron ser un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.
En dicha agenda se reconoce que el que el mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza, y hasta que no se logre esto no puede haber desarrollo sostenible. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
En la resolución los Estados señalaron:
“Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garantizar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”.
Es importante precisar que lo países han adquirido un compromiso común y universal a través de la Agenda, sin embargo, la realidad es que cada país enfrenta retos específicos para lograr el desarrollo sostenible, así mismo cada Estado tiene soberanía plena sobre sus riquezas, recursos y actividad económica, por lo que cada uno deberá fijar sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de la Agenda.
Un aspecto de suma relevancia que se debe mencionar es que por primera vez se incorpora a las empresas dentro del marco de lógica de aplicación de la Agenda 2030, los Estados reconocen el poder que tienen las empresas y por ende no solo el Estado tiene la obligación de hacer algo por la paz y la seguridad, sino que todos somos interpelados, tanto Estado como Particulares deben actuar de acorde con los Objetivos y Metas de la Agenda 2030.
Por su parte los derechos humanos son los que marcan los límites del poder del Estado, tradicionalmente se entiende los actores con poder en las Sociedades son los Estados, sin embargo, hoy en día existen otros actores con inmenso poder en la Sociedad como lo son las Empresas y la Sociedad Civil (por ejemplo, ONGs).
Las empresas pueden ser actores esenciales en el fomento del desarrollo económico de una sociedad y de los derechos humanos por tanto se entiende que a través de ellos también se puede obtener una garantía de paz y seguridad. En ese sentido la Agenda 2030 reconoce lo anterior, por lo que incluye dentro de sus Objetivos y Metas tener en cuenta que a las Empresas y Sociedad Civil también deben colaborar para el fomento y aplicación de los derechos humanos.
Las empresas no son sujetos directos de derecho internacional en estricto sentido ya que no se les exige cumplimiento directamente ni capacidad de defenderse en un foro internacional, por lo que la incorporación en la Agenda 2030 a estos actores es un avance en reconocer que si pueden llegar a ser susceptibles de derechos y obligaciones en el plano internacional, no obstante, que hasta el momento deberán someterse a medios nacionales para la ejecución del cumplimiento de obligaciones y ejercicio de derechos, toda vez que no hay mecanismo de aplicación a las empresas en el plano internacional.
La Agenda 2030 es un plan ambicioso, estamos a 7 años desde su adopción y aún no hemos visto avances significativos en los Estados para su cumplimiento, algunos Estado han manifestado que el COVID-19 vino a retroceder todos los avances y trabajos en cumplimiento de la Agenda, no obstante, aún quedan 8 años para completar los programas de desarrollo mundiales a los cuales se han comprometido los Estados. México para dar cumplimiento a la Agenda 2030, cuenta con Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
