Related Articles
-Editorial
La administración Biden-Harris ha emprendido una iniciativa sin precedentes para combatir la corrupción global, reconociéndola como una amenaza significativa para la seguridad nacional de los Estados Unidos y la estabilidad internacional. El uso indebido del poder por parte de funcionarios de diversos gobiernos no solo facilita a los regímenes autoritarios y redes cleptocráticas, sino que también socava la gobernanza democrática, el bienestar ciudadano y la competencia justa en el mercado global. Los efectos de la corrupción se extienden más allá de los países individuales, afectando economías, sociedades y relaciones internacionales. Desde el inicio de la administración, abordar este problema generalizado se convirtió en una prioridad clave.
Temprano en la administración, la emisión del Memorando de Estudio de Seguridad Nacional estableció formalmente los esfuerzos anticorrupción como un “interés central de seguridad nacional de los EE.UU.” Esta declaración fue seguida por la publicación de la primera Estrategia de los Estados Unidos para Combatir la Corrupción en diciembre de 2021. La estrategia presentó un marco integral para abordar la corrupción tanto dentro de las fronteras de EE.UU. como a nivel mundial, enfatizando la prevención, el enjuiciamiento y la colaboración internacional. El plan marcó un punto de inflexión, subrayando la necesidad de un enfoque unificado y proactivo para combatir este problema ancestral.
Desde entonces, el gobierno de EE.UU. ha emprendido una campaña multifacética dirigida a los flujos financieros ilícitos, procesando a actores corruptos y estableciendo alianzas con otros países para fortalecer las medidas anticorrupción. En particular, la administración se ha enfocado en proteger el sistema financiero estadounidense de la explotación, especialmente en sectores de alto riesgo como el mercado inmobiliario, donde el lavado de dinero ha pasado frecuentemente desapercibido. Los esfuerzos de la administración han incluido la implementación de la Ley de Transparencia Corporativa, que obliga a las empresas a revelar la información de propiedad beneficiaria, con el objetivo de evitar que las compañías fantasmas anónimas se utilicen para ocultar actividades financieras ilegales.
El compromiso de la administración Biden con la lucha contra la corrupción se ha traducido en una asistencia extranjera significativa dedicada a iniciativas anticorrupción. En el año fiscal 2023, se asignaron 339 millones de dólares para apoyar estos esfuerzos, casi el doble del promedio de los cuatro años anteriores. Estos fondos han sido esenciales para fortalecer las instituciones anticorrupción, permitir el periodismo de investigación para exponer la corrupción y nivelar el campo de juego para las empresas, fomentando la transparencia y la rendición de cuentas.
Las agencias de aplicación de la ley de EE.UU. también han desempeñado un papel crucial en el avance de los esfuerzos globales anticorrupción. A través de programas de desarrollo de capacidades, han apoyado condenas penales, incautación de activos y la repatriación de bienes robados a sus legítimos propietarios. Por ejemplo, el Departamento de Justicia (DOJ) ha colaborado con socios judiciales extranjeros para recuperar más de 1,700 millones de dólares en activos desde 2021, mientras que el Departamento de Estado ha intensificado los esfuerzos para fortalecer el compromiso diplomático y estratégico en temas relacionados con la corrupción.
El combate al soborno ha sido un punto focal de la agenda de la administración. El DOJ, aprovechando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), ha impuesto más de 3,500 millones de dólares en multas a corporaciones encontradas culpables de participar en sobornos extranjeros desde 2021. Esta aplicación robusta subraya la determinación de la administración de responsabilizar tanto a individuos como a empresas. Los Estados Unidos no solo han perseguido acciones legales, sino que también han abogado por regulaciones más estrictas contra el soborno a nivel mundial a través de plataformas como la Convención Antisoborno de la OCDE. Las acciones de la administración envían un mensaje claro: el soborno extranjero y la mala conducta corporativa no serán tolerados, y las empresas deben operar con integridad y transparencia.
Proteger el sistema financiero de EE.UU. de actores corruptos ha sido una piedra angular de la estrategia de la administración. El Departamento del Tesoro ha implementado nuevas regulaciones para frenar el lavado de dinero, enfocándose en áreas de alto riesgo como los sectores inmobiliario y de servicios financieros. Los cambios recientes en las reglas tienen como objetivo cerrar las lagunas que previamente permitían que fondos ilícitos fluyeran por la economía sin control. Además, una modernización propuesta de los programas de lucha contra el lavado de dinero en las instituciones financieras busca fortalecer las defensas del sistema financiero. La administración también ha impuesto sanciones a más de 500 individuos y entidades involucradas en la corrupción, lo que ha resultado en la congelación de activos y restricciones de viaje significativas.
Los esfuerzos para combatir la corrupción se extienden más allá de los perpetradores directos para incluir a quienes facilitan dichas actividades. En 2023, el presidente Biden emitió una proclamación que restringe las visas para las personas que facilitan o permiten la corrupción, complementando las sanciones y medidas de aplicación de la ley existentes dirigidas a los facilitadores del sector privado. Un caso de alto perfil involucró la condena de Gunvor, una firma de comercio de productos básicos, que fue multada con 661 millones de dólares por sobornar a funcionarios en Ecuador. Esta aplicación ejemplifica el compromiso de la administración de desmantelar las redes que apoyan prácticas corruptas.
La agenda anticorrupción de la administración no se limita a los sectores financieros tradicionales. En 2024, EE.UU. se unió a la Red Blue Dot, una iniciativa global de certificación para proyectos de infraestructura que cumplen con altos estándares de calidad y transparencia. La administración también lanzó el programa PROTECT para abordar los riesgos de corrupción en las cadenas de suministro de minerales críticos. En asociación con países de la región del Indo-Pacífico, Estados Unidos firmó el Acuerdo de Economía Justa del Marco Económico del Indo-Pacífico para la Prosperidad (IPEF), que busca prevenir la corrupción y promover prácticas comerciales éticas. Estas iniciativas reflejan un enfoque más amplio para fomentar un entornoresistente a la corrupción en diversas industrias y regiones.
Reconociendo que la corrupción dentro del sector de seguridad puede socavar la efectividad militar y poner en peligro la seguridad de los miembros del servicio de EE.UU., el Departamento de Defensa (DOD) ha incorporado medidas anticorrupción en los programas de capacitación para los ejércitos socios. El Departamento de Estado también ha integrado evaluaciones de riesgo de corrupción en la planificación de la asistencia del sector de seguridad. Estos pasos son cruciales para mantener la integridad de las actividades relacionadas con la defensa y garantizar que la ayuda militar no sea mal utilizada o desviada a través de prácticas corruptas.
La estrategia anticorrupción de la administración también aborda a las organizaciones criminales transnacionales, que a menudo dependen de la corrupción para facilitar el tráfico de drogas, el contrabando de personas y otras actividades ilegales. La Estrategia de la Casa Blanca para Combatir el Crimen Organizado Transnacional de 2023 despliega herramientas anticorrupción para desmantelar estas redes criminales. Además, la administración ha apoyado los esfuerzos anticorrupción de Ucrania como parte de su estrategia más amplia para contrarrestar la agresión de Rusia. La asistencia de EE.UU. ha ayudado a Ucrania a lograr un progreso significativo en las reformas legales y el enjuiciamiento de funcionarios corruptos, reforzando la resistencia del país contra la influencia extranjera y la corrupción interna.
