Related Articles
-Editorial
En las últimas décadas, México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. A pesar de contar con un marco legal que garantiza la libertad de expresión, la realidad para quienes dedican su vida a informar es alarmante. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), desde el año 2000, al menos 141 periodistas y trabajadores de medios han sido asesinados en México, de los cuales 61 muertes están directamente vinculadas a su labor periodística. La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX) reporta cifras aún más elevadas, superando los 300 asesinatos en ese mismo periodo.
El ejercicio del periodismo en México se desarrolla en un entorno hostil donde convergen el crimen organizado, la corrupción política y la indiferencia estatal. Los periodistas que se atreven a denunciar estructuras de poder, redes criminales y abusos institucionales suelen ser blanco de amenazas, agresiones y asesinatos. Estados como Baja California, Veracruz, Guerrero y Tamaulipas se han convertido en zonas de alto riesgo para la prensa. La mayoría de estos crímenes quedan impunes, reflejando una preocupante falta de justicia.
El asesinato de Héctor “El Gato” Félix Miranda en 1988 sigue siendo un símbolo de la violencia contra periodistas en México. Como cofundador del semanario Zeta en Tijuana, Félix era conocido por sus investigaciones sobre corrupción y narcotráfico. Fue asesinado a tiros cuando se dirigía a su trabajo. Aunque dos guardias de seguridad del hipódromo de Jorge Hank Rhon fueron condenados por el crimen, los autores intelectuales nunca fueron llevados ante la justicia. Su colega, Jesús Blancornelas, sobrevivió a un atentado en 1997 y continuó su labor periodística hasta su fallecimiento en 2006.
La violencia contra periodistas no ha cesado. En enero de 2022, Tijuana lamentó el asesinato de dos comunicadores en una misma semana. El fotoperiodista Margarito Martínez, conocido por cubrir escenas del crimen, fue asesinado frente a su domicilio. Días después, la reportera Lourdes Maldonado López, quien había solicitado protección al presidente en 2019, fue encontrada muerta en su vehículo. Ambos casos generaron indignación nacional, pero las reformas necesarias para proteger a la prensa no se materializaron.
El clima de peligro para los periodistas no es exclusivo de México, pero la crisis en el país es particularmente aguda. La tasa de impunidad en los asesinatos de periodistas supera el 90%, y los mecanismos de protección estatales son insuficientes y mal implementados. En muchos casos, los periodistas que solicitan protección gubernamental terminan siendo víctimas de la violencia, lo que socava la credibilidad del sistema.
Los periodistas son más que transmisores de información; son vigilantes de la democracia, defensores del interés público y, en muchos casos, servidores de una vocación moral superior. Su labor de descubrir la verdad, fiscalizar al poder y mantener informada a la ciudadanía debe ser celebrada y protegida, no castigada. Atacar a un periodista es atacar el derecho del público a estar informado. Guardar silencio ante esta violencia es permitir que la tiranía crezca sin oposición.
Como dijo el periodista Javier Valdez, asesinado en Sinaloa en 2017: “Matar a un periodista es matar la voz de la sociedad”. Valdez fue reconocido por su valiente cobertura del narcotráfico y la corrupción en uno de los estados más peligrosos de México. Su asesinato subraya los riesgos que enfrentan quienes se dedican a informar con integridad.
Hoy, muchos periodistas en México continúan su labor a pesar de las adversidades. Usan chalecos antibalas, trabajan de forma anónima y viven con miedo constante, no porque busquen el peligro, sino porque creen en la importancia de la verdad. Estos profesionales no son solo reporteros; son héroes de la democracia.
Los gobiernos de todo el mundo, no solo el de México, deben reflexionar sobre cómo valoran y protegen el periodismo. Las democracias no pueden sobrevivir sin una prensa libre y segura. Las autoridades deben llevar a cabo investigaciones transparentes sobre los crímenes contra periodistas, garantizar juicios justos y ofrecer protección efectiva a quienes están en riesgo. Organismos internacionales, como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deben responsabilizar a los países que no protegen la libertad de prensa.
Más que nunca, el mundo necesita voces valientes dispuestas a desafiar al poder, denunciar las injusticias y defender la verdad. Pero esas voces desaparecerán si los gobiernos no actúan para protegerlas.
El asesinato de periodistas no es solo una tragedia nacional; es una crisis de derechos humanos y una amenaza para la democracia global. La libertad de informar, de cuestionar y de buscar la verdad es sagrada. El periodismo no es un crimen; es una vocación, a menudo perseguida con gran riesgo personal, al servicio de la sociedad y, como muchos creen, al servicio de Dios.
Honremos a quienes han caído no con silencio, sino con acciones: exigiendo justicia, implementando medidas de protección y restaurando la dignidad de una de las profesiones más esenciales y nobles del mundo. Proteger a un periodista es proteger la democracia.
Sin embargo, la pregunta persiste como una sombra sobre cada sala de redacción, cada investigación, cada transmisión en vivo: ¿Seguirá costando vidas la búsqueda de la verdad? Mientras la impunidad prevalezca y los gobiernos no actúen, la respuesta seguirá siendo incierta.
En un mundo donde exponer la verdad puede convertirte en blanco, debemos preguntarnos —como periodistas, como ciudadanos, como sociedades— si la verdad no tiene refugio, ¿qué futuro le espera a la libertad?