Related Articles
-Editorial
La Junta de Supervisores del Condado de Imperial se reunió el 20 de noviembre para aprobar la eliminación de tarifas judiciales para los delincuentes juveniles.
Además de esta acción, los supervisores del condado aprobaron aumentar la tarifa del defensor público para adultos a $50 dólares.
La audiencia pública estuvo relacionada con el Departamento de Libertad Condicional del Condado Imperial para derogar las tarifas de los defensores públicos de la representación juvenil; aumento de la representación de honorarios de adultos, derogar el costo de la prueba de drogas para jóvenes, y derogar tarifas relacionadas con la cárcel juvenil.
El gobernador de California, Jerry Brown, firmó el Proyecto de Ley del Senado 190, un proyecto de ley de reforma de la justicia de menores destinado a mejorar la rehabilitación de los jóvenes y aumentar la seguridad pública. Esta ley fue aprobada en 2017 y desde enero de este año el Condado no ha cobrado tarifas a los menores.
El Jefe de Libertad Condicional del Condado Imperial, Dan Prince, dijo que no habrá un impacto fiscal para el condado con la eliminación de estas tarifas.
“El Departamento puede compensar esta cantidad relativamente pequeña a través de la aplicación de varios programas estatales que financian los esfuerzos de prevención e intervención juvenil”, dijo Price.
El proyecto de ley que fue introducido por los senadores estatales Holly Michell y Ricardo Lara deroga la autoridad del condado para cobrar cuotas administrativos a los padres y tutores por la detención de sus hijos, la representación legal, la supervisión de libertad condicional, el control electrónico y las pruebas de detección de drogas en el sistema juvenil.
Según los datos del Fiscal General de California, los jóvenes de color están sobrerrepresentados en el sistema de menores. Son castigados con mayor frecuencia y severamente en una variedad de puntos de discreción. Es más probable que sean arrestados, detenidos y puestos en libertad condicional, y cumplen períodos de detención y libertad condicional más prolongados. El pago de estas tarifas asciende a varios miles de dólares para la familia del menor quien tiene que pagar.
La nueva ley extendió la definición de “menores” de 18 a 21 años de edad. La SB 190 no cambia la capacidad de colectar o cobrar restitución en nombre de las víctimas de delitos ni prohíbe el cobro de cuotas de menores previamente evaluadas.
