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-Editorial
Las acciones que un grupo de policías en Mexicali hicieron contra Elizabeth Burgueno es uno de los muchos casos de abuso policial que afectan a muchas personas.
En casos simirales en el pasado, la ciudad de El Centro pagó un acuerdo de $4.1 millones en 2017 a la familia de Charlie Sampson, un hombre al que se le negó atención médica durante una sobredosis mientras estaba bajo custodia policial y murió como resultado.
Según el sitio Courthouse News, la noche del 3 de diciembre de 2013, la policía detuvo a Sampson a un par de cuadras de su casa por pasar una señal de alto. Los oficiales encontraron una pipa de metanfetamina en el camión de Sampson y lo llevaron de regreso a su casa para hacer una verificación de libertad condicional.
En algún momento, se lee en el artículo: “Sampson ingirió una cantidad desconocida de metanfetamina, y su familia notó que estaba “enfermo” y no se comportaba normal”.
“Sampson no podía caminar en línea recta, su discurso era arrastrado y sudaba a través de su camisa a pesar de que era una noche fría y ventosa de diciembre,” dice el artículo.
Las familiares de Sampson intentaron llamar al 911 para llevar a los paramédicos a la escena. Sin embargo, uno de los oficiales que registraron su casa llamó a los despachadores diciéndoles que ignoraran cualquier llamada de la familia porque Sampson estaba “haciendo un espectáculo” y realmente no necesitaba atención médica,” continuó el artículo.
“Sampson fue trasladado de su casa donde los agentes fallaron en la búsqueda de drogas usando un perro rastreador,” se lee y continúa, “Tuvo que ser puesto físicamente en la parte trasera del auto de la policía porque no podía sostenerse.”
“Sampson sufrió un paro cardíaco en el camino al hospital y fue declarado muerto a su llegada. Murió casi cuatro horas después de que la policía lo detuvo por primera vez por no parar en la señal de alto.”
El Departamento de Justicia dice que en casos de agresión física, como denuncias de fuerza excesiva por parte de un oficial, el derecho constitucional en cuestión depende del estado de custodia de la víctima. Si la víctima acaba de ser arrestada o detenida, o si la víctima está detenida en la cárcel pero aún no ha sido condenada, el gobierno debe, en la mayoría de los casos, demostrar que el oficial utilizó más fuerza de la razonablemente necesaria para arrestar o ganar el control de la víctima. Este es un estándar objetivo que depende de lo que haría un funcionario razonable en las mismas circunstancias. “La ‘razonabilidad’ de un uso particular de la fuerza debe juzgarse desde la perspectiva de un oficial razonable en la escena, más que con la visión 20/20 de la retrospectiva.”
Si la víctima es un prisionero condenado, el gobierno debe demostrar que el agente de la ley utilizó la fuerza física para castigar, tomar represalias contra un recluso o causarle daño al prisionero, en lugar de proteger al oficial u otros de daños o para mantener orden en la instalación.
En el caso del reclamo de Elizabeth Burgueno contra la policía municipal de Mexicali, que causó su esguince y fractura en la sexta cervical de la columna y hospitalización después de un arresto injustificado e ilegal mientras trabajaba, el Departamento de Policía Municipal de Mexicali convocó una conferencia de prensa para ofrecer una declaración sobre las investigaciones que se están llevando a cabo en relación con los presuntos abusos de autoridad que han sido denunciados por los ciudadanos, así como por los agentes de policía municipales en funciones: Oscar Alfonso Sánchez Navarro, Víctor Alonso Guevara López y el supervisor Lino Ríos Zamarron.
El comandante de la policía, Zona Mexicali, José Fernando Funes López, en presencia de la Directora del Departamento de Seguridad Pública Municipal, dijo que se les llamó la atención sobre una serie de quejas y comentarios que han estado circulando en las redes sociales, y medios locales y regionales, con respecto a una queja pública que involucra a una oficial que dijo que fue perseguida injustamente por algunas oficiales de policía quienes alegaron que estaban detrás de un automóvil robado que resultó en un informe falso que comenzó con una discusión familiar y terminó con los oficiales que llegaron al lugar de trabajo de su madre e irrumpieron en el motel que ella maneja.
Según la víctima, los agentes entraron al lugar de trabajo de su madre, un motel local, donde fue amenazada e intentaron esposarla. Además, su hermano que estaba presente, reclamó el motivo del arresto de su madre, que estaba trabajando en ese momento dentro del motel. Después de que se les preguntara el motivo de su búsqueda, se negaron a escuchar y actuaron irrespetuosamente y agresivos usando una fuerza excesivay estrellando injustificadamente a la madre tres veces contra un automóvil, golpeándola en la espalda, deteniéndola sin una causa razonable y robando 28,000 pesos de la guantera, así como un celular que tomaron del presunto auto robado, que la oficial había comprado recientemente en un concesionario local y del cual les suplicaba permitirmo mostrar la prueba a traves del registro vehicular.
Después de ser detenidas injustificadamente y pasar 24 hrs en deparos sin ninguna atención ni la oportunidad de tomar agua limpia, tuvieron que pagar 21,000 pesos para ser puestas en libertad, así como el costo de un celular de uno de los policías, el cual se aprecia en las cámaras se le cayó a el mismo en el lugar de los hechos.
Además, se informó que las cámaras del motel capturaron el momento en que los agentes llevaron a la persona, aparentemente con excesiva fuerza, en presencia de sus dos hijos y otros testigos, quienes presentaron la denuncia correspondiente en relación con los hechos ante la Fiscalía General de Baja California. Agregando que la mujer atacada sufrió un episodio de asma mientras era arrestada, y los oficiales ignoraron la condición asmatica de la persona en cuestión, y la hicieron sangrar de la muñecas después de ser esposada a la fuerza.
Cabe señalar que el estado de la víctima es grave, y después de días quejándose de dolor de espalda, se encontró en un informe médico que sufrió un esguince y fractura en la sexta cervical de la columna debido a la violencia policial que sufrió, por lo que luego fue hospitalizada de inmediato y actualmente está esperando ver más resultados en una resonancia magnética para determinar si necesitará una intervención quirúrgica.
Los agentes de policía involucrados en este asunto han declarado que la declaratoria de las demandantes es falsa y han afirmado que defenderán su posición hasta el final, por lo que han ofrecido entrevistas a diferentes medios de comunicación locales, a pesar de la evidencia y los testigos que ya han confirmado su abuso.
Después de que este asunto se volvió viral en las redes sociales, muchas personas han señalado al público sus propios casos de violencia policial en los que estos policías y otros agentes, de Mexicali, han estado involucrados.
