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-Editorial
La reciente revocación de las visas estadounidenses de no inmigrante (B1/B2) a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres Torres, ha encendido el debate público, generando reacciones en el ámbito político y social de ambos lados de la frontera. Aunque ambos implicados han abordado el tema con apertura a través de comunicados personales, la falta de información oficial por parte del gobierno estadounidense ha dado paso a especulaciones, exigencias de transparencia y un ambiente de incertidumbre.
Carlos Torres fue el primero en hacer pública la revocación de su visa, aclarando que no enfrenta investigación ni acusación alguna, ni en México ni en Estados Unidos. Subrayó que evalúa, con asesoría legal especializada, las rutas formales para reconsiderar la decisión o solicitar una nueva visa. Poco después, la gobernadora Ávila Olmeda confirmó haber recibido una notificación similar y expresó su confianza en que el asunto se resolverá favorablemente.
En sus declaraciones, la mandataria no solo reiteró su respaldo hacia su esposo, sino que subrayó su compromiso moral y político con él, enfatizando que seguirán enfocados en el trabajo por Baja California. No obstante, la revocación —aunque pueda responder a criterios administrativos o discrecionales del Departamento de Estado— no ocurre en un vacío y, dada su relevancia pública, inevitablemente impacta la percepción ciudadana.
El Partido Acción Nacional (PAN) en Mexicali no tardó en exigir explicaciones. Su presidenta, Vicky Quiñonez, solicitó que la gobernadora aclare públicamente si existe algún vínculo con agencias estadounidenses como la DEA y exigió transparencia no solo para evitar especulaciones, sino para proteger la integridad institucional del gobierno estatal. También cuestionó si otros funcionarios municipales, como la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, enfrentan situaciones similares, sugiriendo que la ciudadanía tiene derecho a saber antes de que lo revelen instancias externas, como bancos o agencias federales.
La situación se ha tensado aún más con reportes periodísticos que indican que en mayo de 2024 un hombre identificado como Carlos Torres Torres habría sido detenido en San Diego presuntamente por intentar ingresar drogas a Estados Unidos, siendo entregado a la DEA. Aunque no ha sido confirmado oficialmente que se trate de la misma persona, este tipo de información —publicada sin desmentido ni aclaración formal— intensifica la presión sobre las autoridades estatales.
Por su parte, el grupo parlamentario de Morena en Baja California ha cerrado filas en respaldo a la gobernadora. En un comunicado, los legisladores destacaron los avances de su administración en programas sociales, infraestructura y coordinación en seguridad, reiterando su confianza en su integridad y transparencia. Además, solicitaron al gobierno de EE. UU. que aclare públicamente las razones detrás de esta medida consular.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema con mesura: “Nos enteramos por el comunicado de la gobernadora, y vamos a esperar a recibir la información; no nos adelantemos.” Señaló que el gobierno federal no ha sido notificado formalmente de ninguna investigación, y subrayó la importancia de la cooperación binacional.
En una conferencia de prensa convocada el Lunes por la tarde para abordar los recientes reportes sobre la revocación de su visa estadounidense, Ávila Olmeda, declaró con firmeza que no tiene nada que temer y enfatizó que no se ha cometido ningún delito. La mandataria explicó que la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos fue meramente administrativa y aseguró al público que se encuentra en paz. “Quienes busquen encontrar un acto indebido o un delito de mi parte no hallarán nada, porque no hay nada que investigar”, afirmó. Ávila Olmeda reafirmó su compromiso con el pueblo de Baja California, señalando que su gobierno continuará brindando servicios con la misma dedicación y eficiencia. Aunque admitió sentirse sorprendida por la noticia, recalcó que esto no la distraerá de sus responsabilidades. “Doy por cerrado este tema”, concluyó, “ya que continuaré con mi labor al frente del gobierno estatal.”
La revocación de visas a funcionarios públicos mexicanos no es inédita. Durante el gobierno de Donald Trump, varios exgobernadores —como Roberto Sandoval (Nayarit), Javier Duarte (Veracruz) y Tomás Yarrington (Tamaulipas)— vieron cancelados sus permisos de ingreso a EE. UU., en algunos casos por acusaciones formales de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, estas decisiones se manejaron con opacidad debido a las restricciones legales de privacidad del Departamento de Estado.
A diferencia de aquellos antecedentes, Marina del Pilar y Carlos Torres no enfrentan —hasta ahora— acusación judicial alguna. Pero el precedente político y mediático ha elevado las exigencias de claridad. La ciudadanía merece saber si esta revocación obedece a cuestiones administrativas, a errores individuales, o si existe un trasfondo más delicado que aún no se ha hecho público.
La frontera que une a Baja California con Estados Unidos no solo es geográfica; es política, económica, cultural y simbólica. Gobernar una región como esta exige máxima transparencia y un manejo ético irreprochable. Si la situación es, como han afirmado, producto de un procedimiento consular sin acusaciones, no hay nada que temer. Pero si hay elementos pendientes por esclarecer, el camino correcto es el de la verdad.
La confianza pública se construye con hechos, no con silencios. Y hoy, más que nunca, Baja California necesita claridad.