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Por: Terry Ahtziry Cárdenas Banda, abogada y catedrática.
Los niños y adolescentes desaparecidos en México tienen una difícil oportunidad de ser encontrados si la impunidad y la corrupción continúan existiendo en el sistema mexicano.
Desde la desaparición de los cuarenta y tres jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, en septiembre de 2014, México estuvo internacionalmente expuesto y obligado a tomar acciones importantes en esta área. Sin embargo, los cuarenta y tres estudiantes son solo una pequeña parte de la gran cantidad de niños y jóvenes que desaparecen en México todos los días. Según la Red por los Derechos de los Niños en México (REDIM), el número de personas desaparecidas en México ha aumentado a aproximadamente más de 27,000 desapariciones, de las cuales 6,700 son desapariciones de niños.
Acciones en concreto deben ser tomadas; el país y las autoridades no pueden cegar sus ojos y apartar la vista del problema. La corrupción, la impunidad y la ineficacia de los sistemas existentes y las reglas de procedimiento para buscar niños y adolescentes desaparecidos hacen que el escenario en gran escala sea muy complejo y provoca el aumento de casos, el número de casos aumenta día a día.
México carece de políticas públicas eficientes para ayudar a las desapariciones de niños y adolescentes. Y como en la mayoría de las demás áreas, México no ha aplicado a nivel local los programas adecuados para abordar el problema.
En apariencia México tiene legislación y canales adecuados para abordar el problema, sin embargo, el problema surge en la implementación, no existe una aplicación eficiente de los programas o leyes provistos para atacar el problema. La aplicación de los programas se vuelve complicada y compleja a nivel local.
Los actores internacionales han propuesto agregar un capítulo específico sobre niños desaparecidos en la ley general sobre personas desaparecidas de México y han propuesto crear un solo protocolo de búsqueda. Hoy en día, para iniciar una búsqueda de desaparición debemos esperar de 24 a 74 horas, lo que disminuye la posibilidad de encontrar un niño vivo. Los niños son un sector vulnerable con derecho a una mayor protección, por lo tanto, puede ser necesario imponer normas diferentes para las búsquedas de los niños. La experiencia internacional nos arrojado que, si se inicia una búsqueda después de las tres primeras horas de desaparición, hay un 90 por ciento de posibilidades de encontrar al niño vivo, esto según la Red por los Derechos de los Niños en México (REDIM).
Sin embargo, otro problema que preocupa es que; una nueva enmienda puede traer esperanzas y procedimientos eficientes para abordar el problema; pero ¿esto realmente resolverá el problema?
Parece que el panorama más amplio aquí es que la mayoría de los casos de desapariciones continúan aumentando debido a la ineficacia del gobierno para actuar a tiempo y de acuerdo con la ley. El rendimiento del sistema podría no ser el problema más grande en el sistema judicial mexicano, es posible que la imagen más grande aquí sea la corrupción inmersa en el sistema. La corrupción y la impunidad que encuentras en el sistema es lo que impide obtener un resultado eficaz en cualquier asunto.
Las autoridades ejecutivas y los legisladores tienen el deber de incluir en sus agendas gubernamentales la discusión sobre las desapariciones de niños y desapariciones en general. Sin embargo, no habrá una solución mágica para el problema de las personas desaparecidas, si no hay una solución al panorama general aquí: la corrupción y la impunidad. El gobierno debe abordar este problema para resolver la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos que se producen en el país. Es hora de que las autoridades ejecutivas y los legisladores se sienten ha discutir y busquen acciones en contra de la corrupción y la impunidad. Este momento de alternancia de gobierno es el momento adecuado para abordar el problema y acordar soluciones que podrían tener resultados reales.
