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-Editorial
A medida que se intensifica la vigilancia fronteriza en Estados Unidos, expertos en inmigración y defensores de los derechos civiles expresan su preocupación por las crecientes amenazas que enfrentan tanto personas con estatus migratorio legal como indocumentadas que viajan hacia y desde el país. Voceros de destacadas organizaciones legales y de defensa advierten que la combinación de políticas migratorias agresivas y tecnología de vigilancia en expansión está poniendo en riesgo a los no ciudadanos —e incluso a ciudadanos estadounidenses— como nunca antes.
Zahra Billoo, directora ejecutiva del Consejo de Relaciones Estadounidense-Islámicas (CAIR) en el Área de la Bahía de San Francisco, relató un caso reciente de un estudiante con visa que buscó su consejo antes de viajar al extranjero para su boda. Billoo advirtió que salir del país podría poner en peligro su reingreso debido a la inminente implementación de las restricciones de viaje, comúnmente conocidas como el “veto musulmán”.
“Este joven tuvo que elegir entre asistir a su boda y continuar sus estudios en EE.UU.”, explicó Billoo. “Esa es una decisión que nadie debería tener que tomar”.
El testimonio de Billoo refleja lo que ella describe como una tendencia general de incertidumbre para los no ciudadanos en las fronteras estadounidenses. Subrayó que, aunque los ciudadanos estadounidenses tienen el derecho absoluto de reingresar al país, los titulares de visas y tarjetas de residencia pueden enfrentar un escrutinio adicional y posibles rechazos.
Recomendó a los ciudadanos desactivar funciones biométricas en sus dispositivos y evitar compartir contraseñas o información personal. Para los no ciudadanos, su consejo fue directo: “Minimicen los viajes no esenciales”.
Billoo destacó que incluso asociaciones mínimas —como que el nombre de una persona aparezca en el teléfono de otro viajero— han provocado investigaciones. “No solo está en riesgo la persona, sino también toda su comunidad”, advirtió.
Las preocupaciones sobre el exceso de autoridad gubernamental fueron reiteradas por el abogado de inmigración Richard Herman, quien comparó el clima actual con violaciones históricas de derechos civiles, como el internamiento de japoneses estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.
“Lo que ahora es diferente es el alcance y poder de la tecnología”, dijo Herman. “Sistemas de inteligencia artificial, reconocimiento facial y recopilación masiva de datos permiten que el gobierno actúe más rápidamente y con menos transparencia que nunca”.
Herman citó la revocación de registros SEVIS durante la administración Trump como ejemplo de cómo las decisiones basadas en datos pueden tener consecuencias legales generalizadas. “No hubo un proceso claro para evaluar cada caso”, dijo. “Fue una barrida digital”.
También señaló el fuerte aumento en la revisión de dispositivos electrónicos en la frontera, que pasó de menos de 5,000 en 2015 a más de 41,000 en 2023. “Incluso los ciudadanos estadounidenses son vulnerables”, agregó Herman. “Hemos visto abogados detenidos y archivos de clientes revisados, violando protecciones legales básicas”.
Desde el punto de vista económico, las consecuencias también son notables. Se estima que la disminución del 9% en el turismo internacional tras el aumento de restricciones ha costado a la economía estadounidense unos $64 mil millones, según Herman.
Xiao Wang, director ejecutivo de Boundless Immigration, expresó preocupaciones adicionales sobre los residentes permanentes legales. Describió incidentes en los que titulares de la tarjeta verde fueron presionados para firmar el Formulario I-407 —lo que equivale a renunciar voluntariamente a su residencia— al regresar a EE. UU. después de viajes prolongados.
“Hasta ahora son incidentes aislados, pero reflejan un patrón preocupante”, afirmó Wang. “Algunas personas están siendo presionadas, e incluso engañadas, para que entreguen su estatus migratorio”.
Wang enfatizó que solo un juez de inmigración puede revocar legalmente una tarjeta verde y recomendó a los viajeros no firmar documentos bajo presión. “Digan claramente: ‘No deseo abandonar mi residencia permanente’”, instruyó.
Entre los más vulnerables se encuentran los inmigrantes de edad avanzada, especialmente aquellos con barreras lingüísticas, así como personas con renovaciones pendientes o tarjetas verdes condicionales.
En un desarrollo relacionado, la abogada de inmigración con sede en California, Madhurima Paturi, reportó un fuerte aumento en las terminaciones de registros SEVIS que dejaron a miles de estudiantes internacionales en un limbo legal. Su firma recibió más de 300 llamadas en dos semanas de estudiantes cuyas visas fueron revocadas sin previo aviso.
“Muchos de estos estudiantes no tenían antecedentes penales ni problemas legales”, explicó Paturi. “Simplemente fueron atrapados en lo que parece haber sido una terminación masiva impulsada por inteligencia artificial”.
Las revocaciones repentinas provocaron demandas y órdenes de restricción temporales a nivel nacional. Aunque algunos registros SEVIS están siendo restablecidos, las consecuencias para los estudiantes que ya abandonaron EE. UU. podrían ser irreversibles.
“El daño ya está hecho”, advirtió Paturi. “Muchos estaban a semanas de graduarse. Otros estaban en medio de programas de capacitación laboral. Sus planes —y su estatus legal— ahora están en la incertidumbre”.
Los defensores coincidieron en urgir a los viajeros a prepararse con cuidado, conocer sus derechos y entender los riesgos. “Esto no se trata de miedo”, concluyó Wang. “Se trata de preparación. Sepan qué esperar y manténganse firmes”.